Mutua Universal, la tercera más importante de España y la segunda de Cataluña, está en el punto de mira de la justicia por cometer presuntas irregularidades que podrían traducirse en un fraude a la Seguridad Social. Algunas fuentes hablan de hasta 15 millones de euros defraudados, aunque esta cifra no ha sido confirmada por la Fiscalía Anticorrupción, que investiga el caso.
Cabe recordar que las mutuas son asociaciones empresariales sin ánimo de lucro, que colaboran con la Seguridad Social en la gestión de las contingencias derivadas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Se financian a través de las cuotas que las empresas pagan por cada empleado -en función del riesgo de la actividad laboral- y que recauda para ellas la Seguridad Social. Los excedentes que obtienen habitualmente son devueltos a la Tesorería.
Mutua Universal defiende su inocencia
Este escándalo se produce justo cuando Mutua Universal Mugenat de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales celebra el centenario de su creación. Los dirigentes de la misma defienden su inocencia. Afirman que todas las acciones desarrolladas por la entidad «lo han sido en beneficio de las empresas y trabajadores asociados y que las diligencias que puedan efectuarse sólo contribuirán a la satisfactoria aclaración de los hechos».
La actividad de la compañía «no se va a ver afectada por las diligencias en curso», ha precisado la Fiscalía. En esta misma línea, la Secretaría de Estado de Seguridad Social ha garantizado a las empresas asociadas a la mutua -unas 147.500- y a sus trabajadores la continuación de la prestación de los servicios que reciben de la entidad.
Fuentes de Mutua Universal han asegurado a CONSUMER EROSKI que los 148 centros de trabajo propios repartidos por todas las comunidades autónomas y los 1.100 concertados funcionan con «total normalidad». Insisten en que la investigación abierta «no está afectando de ninguna manera al funcionamiento habitual» de la mutualidad.
Graves irregularidades
La Secretaría de Estado de la Seguridad Social anunció este miércoles que había puesto en marcha una investigación sobre Mutua Universal después de que la Intervención General de la Seguridad Social detectara «graves irregularidades» de gestión durante una auditoría. Estas irregularidades fueron puestas en conocimiento de la propia Secretaría de Estado, la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Cuentas.
Este último inició en marzo pasado su propia fiscalización de los números de la entidad mutualista, centrada en sus informes de contratación, ante la sospecha de que pudieran haberse ocultado algunas cifras e incluso haber aportado documentación falsa para justificar algunas operaciones.
Registro en la sede de Barcelona
Ayer, agentes de la Policía Nacional y funcionarios judiciales registraron durante todo el día la sede de Mutua Universal, ubicada en la Avenida Tibidabo de Barcelona, por orden del Juzgado de Instrucción número 21 de la ciudad condal, que investigará el caso en paralelo al proceso administrativo y a petición de la Fiscalía Anticorrupción.
Los agentes se incautaron de abundante información que ahora deberá ser analizada con minuciosidad. Las pesquisas se centrarán en averiguar si la entidad desviaba fondos públicos, como las cuotas que percibía de la Seguridad Social por bajas laborales, a otros fines diferentes de la actividad mutualista.
También se sospecha que los dirigentes de la mutua podrían haber creado una contabilidad «B», en paralelo a la oficial, donde incluirían una serie de facturas falsas con las que justificar distintas reclamaciones económicas a la Seguridad Social por servicios que nunca llegaron a prestar.
La querella presentada por la Fiscalía imputa, de momento, al director general, Juan Alcart, y a algunos de sus más directos colaboradores. Sin embargo, el número de imputados podría aumentar o disminuir conforme avance la investigación.
Un portavoz del ministerio público ha dicho que las diligencias se están realizando de la forma menos lesiva posible para el funcionamiento regular de la mutua, por lo que no se va a entorpecer la prestación de sus servicios.
«La actividad de la mutua como institución y sus prestaciones a los asociados no están en riesgo alguno, ni cabe sembrar inquietud alguna al respecto», ha subrayado el portavoz.
Más mutuas implicadas
Las actuaciones emprendidas contra Mutua Universal podrían extenderse a otras mutualidades. La Federación de Servicios de Prevención Ajenos (ASPA) afirma que las presuntas prácticas irregulares que se le atribuyen a la entidad catalana, y que viene denunciando desde hace siete años, «han podido estar ampliamente extendidas en el resto de mutuas». En este sentido, ASPA afirma que tiene presentada otra demanda contra otra compañía similar a la de Mutua Universal.
Esta organización recuerda que en febrero de este año denunció ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social a Mutua Universal y su Sociedad de Prevención (UNIPRESALUD) «por presuntas prácticas irregulares que pudieran constituir fraude a la Seguridad Social, cesión de trabajadores, vulneración de la libre competencia e incluso responsabilidades penales por utilización de recursos públicos para fines privados, solicitando que se iniciara la investigación pertinente».
Igualmente, explica que presentó una demanda contra todas las mutuas ante el Servicio de Defensa de la Competencia (SDC) que ha sido admitida a trámite con apertura de expediente sancionador y que se encuentra en fase de instrucción.
Pese a que siguen produciéndose irregularidades, ASPA sostiene que algunas mutuas «han reaccionado positivamente» y están haciendo «un importante esfuerzo» por regenerar el sector.
«No se trata de una guerra entre empresas por hacerse con un mercado, sino que el marco general es el de la utilización de recursos públicos, de Seguridad Social, con fines privados por una parte y la degradación de un sector, el de prevención de riesgos laborales, con todas sus conocidas consecuencias, por otra», concluye.
