El Gobierno ha aprobado la distribución de más de 46 millones de euros entre las comunidades autónomas para financiar los contratos de los 1.500 nuevos promotores de empleo que se acordaron destinar a los servicios públicos de empleo para ofrecer un mejor servicio a las personas en paro.
Estos 1.500 promotores de empleo, que tienen contrato hasta diciembre de 2012, se sumaron a los otros 1.500 orientadores que desde 2008 trabajan en las antiguas oficinas del Inem y cuyos contratos se han prorrogado también hasta esa fecha.
Este acuerdo para repartir más de 46 millones entre las comunidades permite formalizar los compromisos adquiridos en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales en relación con los criterios de distribución territorial de las subvenciones correspondientes al ejercicio económico de 2011.
Los orientadores laborales y promotores de empleo contratados en los servicios públicos de empleo prestan una atención más personalizada a los desempleados, mediante itinerarios personalizados y la mejora de su empleabilidad. Les ayudan así a fomentar tanto los aspectos personales como el desarrollo de su carrera profesional a través de una serie de acciones profesionales que puedan incrementar sus posibilidades de inserción laboral, además de atender también a las empresas que ofertan empleo.
