El Consejo de Ministros dio ayer el visto bueno al proyecto de Ley de Responsabilidad Ambiental, que se basa en el principio de «quien contamina paga». Así, en virtud de esta normativa las empresas que desarrollen actividades potencialmente peligrosas para el medio ambiente deberán pagar, limpiar y reparar cualquier daño que produzcan a partir de 2010.
La ley obliga a determinadas empresas a firmar una póliza de seguro y prevé multas en caso de incumplimiento que van de los 10.000 a los dos millones de euros, y suspensión de la licencia de explotación entre uno y dos años. Un millón de explotaciones agrarias, 30.000 operadores de mercancías peligrosas y 5.000 instalaciones se verán afectados por esta regulación.
En el caso de las actividades económicas de mayor riesgo potencial de contaminación, caso de gestión de residuos, transporte de sustancias peligrosas, pesticidas, fitosanitarios, organismos genéticamente modificados, incineradoras o vertederos, entre otras, deberán constituir obligatoriamente fondos de garantía financiera según la intensidad y la extensión del perjuicio que puedan ocasionar. Dichas pólizas van de los 300.000 a los dos millones de euros.
El proyecto del Ministerio de Medio Ambiente exime de esta fianza a los responsables de aquellas empresas o actividades susceptibles de causar daños cuya reparación sea inferior a los 300.000 euros. Para saber este coste, el Ministerio trabaja en un decreto que defina esta metodología y que tiene previsto aprobar en 2010.
Fondo de reparación
La Ley de Responsabilidad Ambiental crea un fondo estatal de reparación de daños ambientales en bienes de dominio público estatal, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado; además de prever multas millonarias para las infracciones muy graves, caso de ocultar la existencia de un daño ambiental, no haber constituido el fondo económico de garantía si es obligado, o no adoptar las medidas preventivas y/o reparadoras.
Para Ecologistas en Acción, «la existencia de esta ley supone un paso importante y positivo en la protección del entorno, aunque llega con 28 años de retraso desde que se aprobó la Constitución».
