La madera es un bien renovable. Sin embargo, el ritmo de destrucción de bosques impuesto por el desarrollo consumista ha provocado la desaparición de gran parte de ellos. Para evitar todo ello, se creó hace poco más de 10 años una iniciativa para el fomento de buenas prácticas ecológicas y humanas en la gestión de las zonas verdes, asegurando su supervivencia, calidad y beneficios sociales, por ejemplo, entre los indígenas. Como consumidores de madera es importante detectar estos productos certificados, cuál es su precio y en qué consisten las garantías que aportan al consumidor.
Una medida para la gestión responsable de los bosques
La certificación de la madera es una iniciativa que combina la auditoría de las prácticas forestales con el seguimiento de los productos que salen del bosque. Es un aval que garantiza al consumidor que los productos que adquiere han sido obtenidos de bosques bien gestionados desde un punto de vista económico, social y ambiental. De hecho, asegura que la compra de muebles, papel, tableros o carbón, entre otros, no ha contribuido a la destrucción de la masa arbórea que aún queda en la capa terrestre o a la explotación laboral de otras personas.
Los datos indican que sólo el 28% de la superficie está cubierta de bosques. De este porcentaje, dos tercios sufren los rigores del aprovechamiento comercial que se hace de su madera. Bajo estos parámetros, las cifras alertan de que se pierden alrededor de 14 millones de hectáreas de zonas boscosas al año. A todo ello contribuyen prácticas como la explotación abusiva, la tala ilegal, o la pérdida de la biodiversidad de las zonas verdes.
Bajo estas perspectivas, parece evidente que una medida como la certificación de la madera, basada en criterios de sostenibilidad económicos y ambientales, ayudará a todos los sectores implicados en la explotación de los bosques a mantener sus negocios y a mejorar tanto su imagen como la salud de los bosques explotados.
Las bondades de este sistema de certificación son palpables, a ojos de las asociaciones conservacionistas. De hecho, desde el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, siglas derivadas de su traducción inglesa) enumeran una serie de ventajas que devienen de la extensión de esta iniciativa a los bosques del planeta. Algunas de ellas son las siguientes:
- El consumidor conoce el origen de la madera que adquiere y las buenas prácticas que han acompañado a su proceso de gestión.
- Se prima una actividad forestal que premia la conservación del medio ambiente y lo social.
- Se fomenta la proliferación de la biodiversidad y la conservación de recursos como el agua o el suelo, entre otros.
- Garantiza los derechos de las comunidades indígenas y de los pequeños propietarios de bosques.
- Permite, gracias a sus auditorías continuas, la transparencia en la gestión del bosque y en su explotación comercial.
- La madera certificada permite una gestión forestal responsable.
- Genera ventajas competitivas, al constituirse dicha madera en un valor añadido.
- Facilita el acceso de los productores a nuevos mercados.
- Permite más ganancias y mejores precios a los productores.
- Contribuye a que disminuyan los accidentes de trabajo, ya que la certificación llega acompañada de un decálogo de medidas contra la explotación abusiva.
- Se elimina la sustitución de bosques naturales y el uso de productos químicos.
- Se elabora un censo con los bosques existentes y su riqueza.
Agrupa intereses ambientales, sociales y económicos
La idea de la madera certificada surgió hace poco más de una década en el continente americano, tras un cambio estratégico y político en los movimientos ecologistas. En los pasados años 80, las organizaciones conservacionistas apostaron por medidas de fuerza. Una de ellas era el boicot por sistema a la madera tropical. Aquella postura sirvió para concienciar e informar sobre la destrucción de los bosques en la Tierra, aunque para poco más. De hecho, de aquella fijación devenían otros males como el incremento del uso de otros productos en el sector de la construcción, de carácter nocivo, como el PVC. Además, el veto en cuestión podía desembocar en la conversión de los bosques en áreas agrícolas o de uso ganadero, dada la imposibilidad de gestionar las zonas boscosas. Asimismo, al centrarse exclusivamente en la madera tropical provocó que se descuidara la biodiversidad de los bosques europeos y norteamericanos. Así es como a principios de los 90, en 1993 concretamente, se decidió crear el concepto de certificación forestal y etiquetado de la madera.
Existen diversos sistemas de certificación, tanto nacionales como interregionales. Sobre todas ellas destaca la FSC (Consejo de Gestión Forestal -de su traducción inglesa-). Es el único que cuenta con el apoyo de las principales organizaciones ecologistas, sindicales y sociales. Por ejemplo, dispone del beneplácito del Fondo Mundial para la Naturaleza, Greenpeace o Amigos de la Tierra. En España está reconocido y aceptado por SEO-Birdlife, Ecologistas en acción, OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), CC.OO., Coordinadora de Comercio Justo y Coordinadora Nacional de ONGs para el Desarrollo, entre otras. Su amplia aceptación reside, en parte, en que este sello es el único aplicable mundialmente “con criterios de certificación exigentes”, según WWF-Adena, y formado por representantes de países del Norte y del Sur que se reparten el poder de decisión de forma equilibrada. De hecho, es un sistema en el que se encuentran representados intereses ambientales, sociales y económicos, del Norte y del Sur. Trabaja mediante la fórmula del consenso.
El logotipo de FSC -un trazo que simula un árbol que engloba las siglas- puede aparecer en el producto, material o mueble. Cada uno de los anagramas lleva un número de registro que establece la procedencia del producto. Esta certificación no tiene por fin inspeccionar bosques, sino acreditar a aquellas entidades que auditan la gestión forestal y la cadena de transformación de la madera, llamada cadena de custodia. Además, se caracteriza por ser un sistema independiente de productores y comerciantes.
La experiencia del FSC recoge un crecimiento notable a lo largo de los últimos años. De hecho, según apuntan desde Greenpeace, en 1995 apenas alcanzaba los 4 millones de hectáreas de bosques certificadas y sólo contaba con menos de 100 integrantes procedentes de 25 estados. De aquellas cifras se ha pasado a otras muy mejoradas. En la actualidad audita y avala más de 40 millones de hectáreas y tiene en su seno a alrededor de 600 miembros de 71 países diferentes. El 83% del área de bosques auditada se encuentra en Europa (un 40% entre Suecia y Polonia), Canadá y Estados Unidos.
Certificación amazónica
Precisamente, superar esta polarización es uno de los retos de la FSC. En los últimos años se ha dado un progreso en la ordenación y gestión de los bosques tropicales. Hay países hispanoamericanos que han avanzado considerablemente en la gestión responsable de sus bosques. De hecho, en Bolivia se han certificado recientemente más de 520.000 hectáreas de bosque tropical amazónico y en Brasil, otras 285.000 hectáreas, según analizan desde Greenpeace. Precisamente, a juicio de WWF, Centroamérica se ha convertido en una zona pionera en la auditoría de madera tropical, con actuaciones en Costa Rica, Nicaragua o Panamá. Estas medidas afectan a boques de almendro balsa, bota rama, caobilla, cedro dulce, laurel o roble coral, entre otros.
Un 10% más cara que la madera común
Pese a ser del orden de un 10% más cara que la común, la demanda de madera certificada se incrementa con el paso de los años. Gracias a su sello -FSC- el consumidor puede identificar los productos madereros que favorecen una gestión sostenible y premiar a las empresas y propietarios de bosques comprometidos con el medio ambiente. Al respecto, un reciente estudio elaborado por la OCU, Organización de Consumidores y Usuarios de España, y WWF/Adena, señala que un 40% de los compradores españoles vería con buenos ojos pagar hasta un 14% más por un mueble para proteger los ecosistemas actuales.
Un dato más. Un informe elaborado por Greenpeace, basado en los datos aportados por 12 empresas suecas productoras de madera, indica que entre 1998 y 2002 la demanda de madera certificada por el FSC se incrementó en España un 700%. En cuanto al consumo de este tipo de madera, las estimaciones indican que en 2001 se consumió cerca de 5.000 metros cúbicos en sus diferentes formas. Pese a todo, estas cifras aún no son del todo significativas y es que, por ejemplo, en 2001, sólo el 0,12% del volumen total de madera aserrada importada por España tenía el logo del Consejo de Gestión Forestal.
En España empieza a funcionar en 1998 creándose un grupo de empresas interesadas en el sistema: WWF-Grupo 2000. En mayo de 2003 había 11 empresas españolas con certificado FSC para la cadena de custodia que producían una variada gama de productos bajo este sello, cifra que está muy lejos de las aproximadamente 700 firmas que existen en el mundo, que van desde pequeños productores hasta grandes cadenas de venta. Y es que, a ojos de los expertos, el desarrollo de la certificación representa una oportunidad para que las compañías de madera puedan acceder a nuevos mercados. Hasta la fecha, existen veinte mil líneas de productos certificados, según indican desde el WWF, Fondo Mundial para la Naturaleza.
Apoyo institucional
En apoyo de la mejora de estos datos, las administraciones públicas intervienen cada vez con mayor intensidad. Sus actuaciones se dejan ver, por ejemplo, en la discriminación positiva de aquellos proyectos que utilicen madera certificada en la adjudicación de obras y suministros. Entre las ciudades que ya lo hacen se encuentra Barcelona.
Además de todo lo dicho, existen las denominadas redes de comercio forestal. Son vínculos que engloban a grupos proteccionistas y a empresas -entre ellas, grandes cadenas internacionales de venta de mobiliario, por ejemplo- bajo compromisos para producir y comprar madera certificada y sus derivados. Existen 15 de estas asociaciones en el mundo. Operan en Centroamérica, Australia, UE, Estados unido y Canadá, Rusia, y Suiza.