Los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs), conocidos internacionalmente por sus siglas en inglés, POPs (Persistent Organic Pollutants) son sustancias químicas especialmente perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana. En la naturaleza producen los fenómenos de bioacumulación y biomagnificación, provocando sus peores consecuencias en las especies superiores de la cadena trófica, como los seres humanos.
Los COPs se acumulan en los tejidos grasos y permanecen en el medio ambiente durante mucho tiempo. De esta forma, pueden provocar efectos nocivos en los ecosistemas y en los seres vivos, como cáncer, interferencia en la capacidad reproductiva de muchas especies, disminución en el desarrollo intelectual de niños, debilitamiento del sistema inmunológico, etc.
Gracias a su resistencia, acaban siendo diseminados por todo el planeta, incluso donde nunca han sido empleados, especialmente en las regiones más frías de la Tierra. Por ello, los expertos apuntan a soluciones globales que involucren a todos los países posibles.
Los sustitutos de los COPs son obstaculizados por su elevado coste, la insuficiente concienciación pública o la falta de la adecuada infraestructura o tecnologíaEl Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP en sus siglas inglesas) reconoce que «hay sustitutos para la mayoría de los COPs, pero su uso se ve obstaculizado por su elevado coste, la insuficiente concienciación pública o la falta de la adecuada infraestructura o tecnología».
Diversas organizaciones consideran insuficientes las medidas adoptadas hasta ahora, como los más de 6.000 millones de euros que se estima han sido destinados a su control. Por ejemplo, muchos países en desarrollo siguen utilizando DDT para acabar con los mosquitos que transmiten la malaria.
Por ello, en la segunda Conferencia de las Partes (CdP-2) de la Convención de Estocolmo, celebrada a principios de mayo de 2006 en Ginebra, Suiza, los países con menos recursos solicitaban el incremento de la ayuda financiera para eliminar estas sustancias, algunas de ellas muy comunes en estos países, como el DDT o las dioxinas.
En este sentido, el Convenio de Estocolmo es una de las medidas más destacadas de la comunidad internacional. En vigor desde el 17 de mayo de 2004, fue firmado el 23 de mayo de 2001 por más de 120 países, entre ellos los Estados miembros de la Unión Europea (UE). La Convención de Estocolmo pide medidas internacionales sobre la que denomina «docena sucia», 12 COPs agrupados en tres categorías:
- Pesticidas: Aldrina, clordano, DDT, dieldrina, endrina, heptacloro, mirex, y toxafeno
- Productos químicos industriales: Hexaclorobenceno (HCB) y bifenilos ploriclorados (PCB)
- COPs producidos de forma no intencional: Dioxinas y furanos
Los gobiernos firmantes se comprometían de esta forma a promover las mejores técnicas disponibles y las mejores prácticas ambientales para identificar, reemplazar y prevenir tanto los COPs existentes como los que pudieran desarrollarse en un futuro. En el caso de las dos primeras categorías, el convenio se marcaba la prohibición de los mismos. Sin embargo, para los COPs no intencionales, subproductos de determinados procesos energéticos e industriales, se proponía su máxima reducción posible.
El uso de los COPs comenzaba en 1945 con la producción a gran escala del DDT como plaguicida, para controlar los insectos causantes de enfermedades o desastres en las cosechas. El DDT (dicloro-difenil-tricloroetano) es un compuesto orgánico descubierto en 1874, aunque no fue hasta 1939 cuando el químico suizo Paul Hermann Müller encontraba sus propiedades insecticidas, lo que le sirvió para ganar el Nobel de Medicina y Fisiología en 1948.
Sin embargo, la bióloga y divulgadora Rachel Carson exponía en su famoso libro Primavera Silenciosa, de 1962, todos los peligros ecológicos y sanitarios derivados del DDT. A raíz de ello, la Agencia de Protección Medioambiental estadounidense (EPA) prohibía este producto químico en 1972.
Según el manifiesto “Científicos por la Eliminación de los Contaminantes Tóxicos“, en España no se han tomado las medidas necesarias para identificar las fuentes de COPs y los mecanismos para garantizar su eliminación. Por ello, sus autores, un grupo de investigadores y profesionales de diferentes campos de la ciencia, la salud, la educación y el medio ambiente, reclaman mayores controles y medidas.
Asimismo, el manifiesto recuerda que además de la “docena sucia” del Convenio de Estocolmo, hay muchos más compuestos que deberían ser igualmente sustituidos progresivamente, y habla por ello de Contaminantes Tóxicos Persistentes (CTPs), un grupo más amplio que el de los COPs.
Por su parte, algunos grupos de investigación se centran en estas sustancias, especialmente en los COPs de producción no intencional o los nuevos contaminantes. Tal es el caso por ejemplo del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), a través de su Grupo de Compuestos Orgánicos Persistentes.