Las cifras varían enormemente, aunque se estima en 25 millones las personas desplazadas forzosamente de sus hogares en la actualidad por causas medioambientales, un número que podría doblarse en 2010. A pesar de ello, el ordenamiento jurídico internacional no contempla la figura del desplazado o el refugiado ambiental. Por ello, cada vez son más las voces que reclaman medidas para garantizar la supervivencia no sólo de estas personas, sino también del medio ambiente.
Por primera vez en la historia, según Susana Borràs, profesora de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales de la Universidad Rovira y Virgili, las guerras ya no son el primer motivo que lleva a una persona a convertirse en refugiado o desplazado, sino la degradación ambiental, provocada o no por el ser humano. Y como es habitual en estos casos, los niños, las personas pobres, mayores y discapacitadas son las más castigadas.
No obstante, dado que ni siquiera se contempla la figura del desplazado o refugiado por causas ambientales, y que tanto las causas como sus consecuencias son muy diversas, conocer el número exacto de personas afectadas resulta muy complicado.
Imagen: Jeff NobleEn cualquier caso, algunos expertos e instituciones hablan de cifras muy llamativas, que crecerán considerablemente en los próximos años. Según el profesor de la Universidad de Oxford, Norman Myers, en 2010 se podría hablar ya de 50 millones de personas obligadas a abandonar su casa por la adversidad de su entorno natural. Ecologistas en Acción afirma que en 2020 unos 135 millones de personas correrán peligro de tener que abandonar sus tierras por la continua desertificación, de ellas 60 millones en África subsahariana. Para 2050, según la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR), unos 150 millones de personas serán «refugiados ambientales». Un estudio del Oxford Research Group habla para esa misma fecha incluso de 200 millones.
En 2020 unos 135 millones de personas correrán peligro de tener que abandonar sus tierras por la continua desertificación, de ellas 60 millones en África subsaharianaEn este contexto, España será uno de los países que más sufra las consecuencias de estas migraciones ambientales. El director del Centro de Investigaciones sobre Desertificación, José Luis Rubio, destacaba recientemente que unos 15 millones de personas de los países del sur del Mediterráneo podrían emigrar, principalmente a Europa, en un plazo de una década. Por su parte, Miquel Ortega, Coordinador de la revista Ecología Política, recuerda que ya hay ONG españolas que se ocupan de pescadores africanos sin trabajo por la sobreexplotación en sus aguas por parte de flotas pesqueras europeas.
Por otra parte, los movimientos masivos de población y los campos de refugiados también producen un impacto ambiental, por lo que la degradación del entorno es tanto una causa como una consecuencia de este problema.
A pesar de ello, el refugiado ambiental no se encuentra dentro del ámbito del estatuto jurídico internacional de los refugiados, recogido en la Convención de Ginebra de 1951. En este sentido, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional de la Migración (IOM) y el Grupo Político de Refugiados ha optado por la denominación de «personas ambientalmente desplazadas», entendiendo que son personas desplazadas en su propio país o que se han desplazado a través de fronteras internacionales debido a la degradación, el deterioro o la destrucción del medio ambiente.
Posibles soluciones
Diversos expertos y ONG proponen diversas medidas para combatir este problema. En primer lugar, se reclama incluir el deterioro del medio ambiente dentro del concepto jurídico del «refugiado» y «desplazado», para que se pueda proporcionar una protección legal suficiente a estas cada vez más numerosas personas.
No obstante, según la profesora Borràs, esta nueva figura jurídica no es bien vista por los Estados, al considerar que propiciaría un aumento de los desplazamientos de población, devaluaría la protección de lo refugiados actuales y se ampliarían las denegaciones de asilo.
Por ello, la experta de la Universidad Rovira y Virgili reclama además que se amplíe el régimen jurídico del asilo y/o de asistencia humanitaria, para cubrir también a todos los desplazados por causas de degradación ambiental. Asimismo, explica, para evitar posibles causas de discriminación frente a los refugiados «clásicos», recomienda definir la figura del refugiado ambiental a partir de factores objetivos, como la gravedad del desastre natural o la imposibilidad del Estado de origen de asistir a su población.
Además de definir y proteger jurídicamente al refugiado ambiental, los expertos abogan por una serie de medidas que pasan por la cooperación internacional, la conservación del medio ambiente y la recuperación de las zonas deterioradas, la inversión en planes de prevención y mitigación de desastres naturales, el aumento de la información sobre estos problemas, la persecución judicial de los causantes de daños ambientales, la creación de planes especiales de protección para posibles desplazados o refugiados ambientales, etc.
Como recuerda Susana Borràs, la degradación del medio ambiente ha sido un motivo histórico de desplazamiento de la población. En la actualidad, sin embargo, la novedad consiste en el aumento del potencial para grandes desplazamientos de población como resultado de una combinación del agotamiento de recursos, de la destrucción irreversible del medio ambiente y del crecimiento de la población, entre otros factores.
En este sentido, el deterioro ecológico actual, provocado y/o intensificado por el ser humano, tiene múltiples y en ocasiones difusas aristas, como la sequía, la desertización, la deforestación, los desastres naturales, el cambio climático, los accidentes industriales, los vertidos tóxicos, los conflictos armados, etc.
