Este sábado dará comienzo en Zaragoza la Expo del agua. A lo largo de los tres meses de este macro-evento, sus responsables destacarán la importancia y los graves problemas de este precioso elemento. Y es que, como explica Mónica Martín, (Baracaldo, Vizcaya, 1972), gerente de la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA), se requieren cambios profundos en nuestras escalas de valor y en nuestro modelo de vida que reconozcan el significado emocional, cultural y simbólico del agua y los ríos, dentro de una nueva ética hidrológica. Se trata de una de las bases principales de la “Nueva Cultura del Agua” (NCA), que persigue la conservación y recuperación de los ecosistemas acuáticos, así como la responsabilidad de todos los usuarios en su uso y la participación social activa en las decisiones.
El catedrático de Hidrogeología de la Universidad de Zaragoza y socio fundador de la FNCA, Francisco Javier Martínez Gil, empezó a utilizarla al principio de los años noventa. Más tarde se popularizaría por un libro editado con ese mismo título por la ONG vasca Bakeaz, y hoy día es una expresión aceptada incluso a nivel internacional. La NCA reconoce las funciones y servicios ecológicos de lagos, humedales y acuíferos, así como sus valores socioculturales, de identidad y emocionales, en un marco ético presidido por la equidad y la sostenibilidad. El término de “nueva” se justifica porque nuestra forma de relación con el agua, en especial durante las últimas décadas, basada en el afán de su aprovechamiento, y que nos ha llevado a la situación actual, ya no sirve.
Hay un sentimiento colectivo, tal vez inconsciente, de culpabilidad; de saber que lo estamos haciendo mal, de la necesidad de un nuevo enfoque. Los ríos no pueden seguir gestionándose como simples canales de H2O, sino como elementos consustanciales de los territorios por los que discurren. Es preciso ponderar esa gestión del agua como naturaleza, como recurso y como patrimonio de belleza y cultura. El agua es una realidad poliédrica, y las aristas utilitarias, económicas y productivas no son suficientes para comprenderla.
El consumo doméstico de agua se puede reducir en un 30% sin grandes problemasCuestiones como la baja eficiencia de algunos sistemas, las pérdidas en conducciones, etc., pese a su relevancia, son problemas de orden menor. Nuestras políticas del agua durante décadas han sido de oferta, que en su momento tuvieron justificación, pero hoy en día no. Hay que centrarse en la demanda, en el estudio de la disponibilidad, eficiencia de uso, ahorro y reutilización. Tenemos que priorizar la conservación de los ecosistemas en cada realidad climática promoviendo un desarrollo territorialmente equilibrado y sostenible a nivel regional o de cuencas, respetando los límites.
Esta Directiva requiere un cambio a marchas forzadas en la mentalidad de nuestros gestores y en la de muchos usuarios. El problema está en cómo hacer llegar un discurso diferente del actual, máxime con expresiones permanentes del tipo el agua está “mal repartida”, hay gente “que pasa sed”, “ríos a los que les sobra agua”, “agua que se pierde en el mar”.
Cuestiones como la baja eficiencia de algunos sistemas y las pérdidas en conducciones son problemas de orden menorLa tarifa del agua urbana en España está muy subsidiada; es la tercera más baja de la Unión Europea y varía muchísimo entre diversas ciudades. Por su parte, el regadío supone entre el 70% y 80% del consumo de agua en España, que todavía mantiene sistemas ineficientes y obsoletos. Además, el regadío con aguas superficiales ha estado muy subvencionado y muchas veces el agricultor paga por la superficie que riega. De esta forma, cuesta lo mismo regar una hectárea de arroz, que consume 10.000 m3, que una hectárea de trigo, que apenas necesita 4.000 m3.
Las nuevas políticas del agua quieren favorecer que los usuarios tomemos conciencia de nuestro consumo, y uno de los mecanismos es la tarifa. No tiene sentido demandar crecientes volúmenes de un recurso limitado y esperar que alguien pague los costes. Los ajustes pueden contribuir al ahorro de agua en los entornos urbanos, siempre que estén relacionadas con el consumo; que la diferencia entre un tipo de tarifa y otra sea lo suficientemente grande como para inducir a ahorrar agua; y sobre todo, que los cambios de tarifas estén acompañados de programas de educación y concienciación ciudadana.
La tarifa del agua urbana en España está altamente subsidiada; es la tercera más baja de la Unión Europea y varía muchísimo entre diversas ciudadesHoy día, la mayor parte del consumo de agua se lo lleva la agricultura, al absorber el 80% de los usos consuntivos (donde el agua no retorna al medio). Además, exige nuevos trasvases y abastecimientos, sin aceptar las limitaciones naturales de la climatología mediterránea, con una marcada irregularidad en las lluvias, lo que origina graves problemas de déficits hídricos. De forma directa e indirecta, el agua mueve mucho dinero, sea público o privado, y su disponibilidad se ha convertido en una fuente de poder y, por tanto, una herramienta en los juegos políticos.
Por ello, los conflictos sociales en nuestro país en materia de aguas que surgen de forma periódica son esencialmente construidos, conflictos de intereses frente a valores. Sólo hay que ir a cualquier país de los menos desarrollados del mundo para entender los verdaderos problemas del agua. No hacer del agua un problema está en nuestras manos.
No tiene por qué, dada la primavera tan lluviosa de este año. En principio, por razones técnicas los cortes no son deseables; antes es obligado recurrir al control del gasto, a la buena voluntad ciudadana: el consumo doméstico se puede reducir en un 30% sin grandes problemas. España actualmente tiene la tecnología y la infraestructura hidráulica suficiente para que no se den situaciones de penuria de agua para necesidades básicas: bebida, higiene personal, necesidades domésticas y urbanas en general, así como las requeridas por la actividad industrial y producción estratégica de alimentos.
Las nuevas políticas del agua quieren favorecer que los usuarios tomemos conciencia de nuestro consumo, y uno de los mecanismos es la tarifaLa “escasez”, entendida como limitación a su disponibilidad, surge cuando pretendemos determinadas prácticas en su uso, coste y degradación que no son ya sostenibles. Es entonces cuando culpamos de nuestro mal a la naturaleza diciendo que “el agua está territorialmente mal repartida”, “desequilibrada”, cuando lo que en realidad se encuentra desequilibrado son nuestros malos hábitos.
En España tenemos un uso poco eficiente del agua, que unido a una mala ordenación espacial y territorial de las actividades principales consumidoras de agua ha generado grandes intervenciones en determinadas zonas, en las que la disponibilidad era y sigue siendo reducida. Tampoco se ha sabido crear la cultura del agua acorde a su realidad hidrológica. Todo se ha confiado a la técnica y al supuesto derecho del agua “gratuita” y “para todos”, algo que todavía se pretende justificar bajo un mal presentado principio de solidaridad que afirma que “el agua de España es de todos los españoles”.
El agua siempre será un recurso escaso si no logramos poner cota a nuestras demandas y si no hacemos aflorar criterios de sostenibilidad. Hay regiones climáticas en donde el agua es exigua, pero debido a circunstancias naturales. Son las demandas las que deben ser reequilibradas impulsándolas donde se puede disponer del recurso sin costosas infraestructuras, sin alterar los sistemas naturales ni los patrimonios de las gentes más allá de los límites razonables.
La mayor parte del consumo de agua se lo lleva la agricultura, ya que absorbe el 80% de los usos donde el agua no retorna al medioEn sus orígenes, presentaba importantes avances en la política del agua. Sin embargo, durante estos cuatro años de implantación ha derivado hacia un planteamiento único de nuevas tecnologías de oferta (desaladoras principalmente) para abastecer las demandas crecientes del desarrollo urbanístico y los nuevos regadíos extensivos en agricultura. Los posicionamientos territoriales, alejados de cualquier perspectiva avanzada, han acabado dominando la escena y haciéndose políticamente intocables. El camino que tenemos por delante es aún muy largo.
No hay una solución única mágica. El agua en España debería concebirse con una política general de Estado al margen de intereses partidistas. Además, las predicciones sobre el cambio climático apuntan a una reducción de los recursos disponibles, lo que obliga a un cambio de tendencia principalmente en dos ámbitos. Por un lado, la Administración hidráulica debería integrar todos los valores del agua, en la línea de la NCA. Por otro, es necesario potenciar la educación ambiental, la sensibilización de la sociedad.
No tiene por qué haber cortes de agua este verano, dada la primavera tan lluviosa de este añoDeben tomar conciencia de los límites, exigiendo una responsabilidad compartida con la Administración para conseguir una gestión más eficiente del agua entre todos. Además, deben exigir transparencia informativa en la toma de decisiones relacionada con la gestión de aguas, así como participación social y diálogo entre todas las partes implicadas.
Su gestión es quizás una de las asignaturas pendientes de la política de aguas en España. El enorme almacenamiento subterráneo del recurso permite una utilización en períodos de sequía como alternativa a las aguas superficiales, pero debe estar sometida al control responsable y sostenible de la Administración pública. Sin embargo, se ha favorecido un modelo de explotación individual privada que ha producido, entre otros problemas, sobreexplotación y degradación, reducción de su capacidad y agotamiento de las reservas y contaminación difusa.
La desalación marina ha supuesto una alternativa efectiva de suministro hídrico en la península, sobre todo para determinadas regiones geográficas costeras y usuarios más solventes que son precisamente los que siguen generando nuevas demandas de agua. Básicamente estos usuarios son la agricultura mediterránea intensiva y los abastecimientos urbanos turísticos. En términos económicos, el coste energético de poner el agua en la casa de un alicantino resulta menor con la desalación que con el trasvase. En lo que se refiere a los efectos medioambientales, los vertidos de salmuera derivados del proceso están ya controlados.El punto crítico puede situarse en el precio creciente de la energía y de las emisiones de CO2, con lo cual hay que comenzar a pensar en la implantación de energías renovables. Asimismo, uno de los riesgos es que se vea como una nueva oportunidad de perpetuar las tradicionales políticas de oferta.
