Objetivos de prevención, reutilización y reciclaje más ambiciosos, posibilidad de incorporar el sistema de retorno de envases, prohibición de las bolsas de plástico… Estas son algunas de las principales aportaciones de la nueva Ley de Residuos. No obstante, diversos apartados han recibido las críticas de organizaciones ecologistas y del sector del reciclaje.
Una ley europea más ambiciosa y eficaz
La Ley de Residuos y Suelos Contaminados, aprobada por el Parlamento el 14 de julio, transpone la Directiva europea 2008/98/CE. Se actualiza así la primera Ley de Residuos tras más de diez años de aplicación. La nueva ley «configura los instrumentos necesarios para llevar a cabo una política de residuos más ambiciosa y eficaz», según el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM). Entre sus objetivos destacan:
- Antes de 2015 deberá hacerse una recogida separada de los residuos (papel, plástico, vidrio, metales) y se fomenta la separación en origen de los biorresiduos.
- Antes de 2020 la prevención deberá ser del 10% (las Administraciones Públicas deberán aprobar programas y planes para ello) y la reutilización y reciclaje de los residuos domésticos y similares, de un 50%. Para los residuos de construcción y demolición, el porcentaje se eleva al 70% en preparación para la reutilización, reciclado y valorización.
Posibilidad del sistema de retorno de envases
Las bolsas de plástico no biodegradable desaparecerán en 2018La nueva Ley abre la posibilidad al Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) «si se demuestra que es un instrumento técnico, económico y ambientalmente viable para una gestión más eficaz de los residuos».
Adiós a las bolsas de plástico
Las bolsas comerciales de un solo uso de plástico no biodegradable desaparecerán de forma progresiva hasta su prohibición en 2018. Desde 2015 deberán llevar un mensaje sobre sus efectos en el medio ambiente.
Prioriza el reciclaje en Europa
La nueva Ley establece que «las administraciones públicas podrán articular, con carácter temporal, mecanismos que prioricen su reciclado dentro de la Unión Europea, cuando esté justificado por razones medioambientales».
En el caso del papel y el cartón es una buena noticia, como explican desde la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (Aspapel). En los últimos cinco años, entre 200.000 y 900.000 toneladas de papel usado recogido en España han viajado cada año a Asia y, en especial, a China. De esta manera, las fábricas recicladoras locales se quedan desabastecidas y se pone en peligro el sistema de reciclaje y sus puestos de trabajo. Además del impacto medioambiental del transporte, en estos países asiáticos el sistema de recogida de papel usado es todavía incipiente.
Incluye la certificación forestal
Por primera vez, la certificación forestal se contempla de forma normativa. La organización FSC España aplaude la medida para que «los envases y etiquetas cuya materia prima procede de los bosques, como la madera, el papel, el corcho o la resina natural, tengan un origen responsable».
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción y Greenpeace reconocen que la nueva Ley incorpora elementos interesantes, pero sostienen que han quedado fuera “mejoras imprescindibles”, como la recogida selectiva de la materia orgánica, la prohibición de la distribución gratuita de las bolsas de plástico de un solo uso o la exclusión de la incineración, como opción de gestión.
Ecoembes y Ecovidrio, las entidades encargadas de la recuperación de envases y vidrio, respectivamente, para su reciclado en España, han criticado que se dé entrada al SDDR. Según Ecoembes, podría suponer “la paralización del actual sistema de reciclado de envases así como su financiación, al menos durante dos años (tiempo para adoptar la nueva ley), y arriesgar el puesto de trabajo de 6.000 empleados directos“. Además, Ecoembes y Ecovidrio tachan de “inasumibles” los 400 millones de euros que las industrias de la distribución, alimentación y el pequeño comercio tendrían que desembolsar para implantar este sistema.
Por su parte, un reciente estudio encargado por Retorna, la asociación impulsora del SDDR en España, afirma que este sistema podría generar en su primera fase un total de 14.000 empleos. Los responsables de esta organización recuerdan que la Ley no establece como obligatorio la implantación del SDDR, sino que dependerá de la voluntad de las comunidades autónomas. Por ello, creen que será “imposible” alcanzar los niveles de hasta el 90% de recuperación de países como Alemania, donde ya funciona.
