Aparatos que cuesta más repararlos que comprar uno nuevo, que se estropean justo al acabar la garantía o con una letra pequeña que no cubre la reparación, etc. La obsolescencia programada consiste en fabricar productos que duran menos de lo que podrían y vender así más. El nuevo sello “ISSOP” certifica que los productos que lo llevan están libres de este sistema y han sido elaborados de forma sostenible. Este artículo señala cómo es esta etiqueta para productos sin obsolescencia programada, qué pueden hacer los consumidores ante la obsolescencia programada y cómo surgió esta práctica dañina para el medio ambiente y las personas.
Etiqueta para productos sin obsolescencia programada
Los productos con el sello «ISSOP» (Innovación Sostenible Sin Obsolescencia Programada) garantizan que están fabricados sin esta práctica perjudicial para el medio ambiente y los consumidores. Los impulsores de este certificado son la Fundación Energía e Innovación Sostenible sin obsolescencia programada (Feniss), compuesta por un grupo de profesionales voluntarios de diversos ámbitos con sede en Barcelona.
Benito Muros, presidente de Feniss, señala que la obsolescencia programada «está extendida en casi todos los productos» y se puede demostrar con sencillas pruebas de laboratorio que cuestan entre 200 y 300 euros y unas pocas horas de trabajo. Esta práctica supone un agotamiento de los recursos naturales, el aumento de emisiones de dióxido de carbono (CO2) implicadas en el cambio climático, el derroche de energía, más contaminación, etc. Los consumidores tienen que gastar y endeudarse cada vez más, y los empleos son de peor calidad.
«La obsolescencia programada está extendida en casi todos los productos y se puede demostrar con sencillas pruebas de laboratorio», afirman los expertosLas empresas pueden conseguir de forma gratuita este sello de reciente creación. Para ello tienen que cumplir un decálogo que incluye la eliminación de la obsolescencia programada y varias prácticas sostenibles y sociales, como la reducción de la huella de carbono, la correcta gestión de residuos, la producción local y de comercio justo o la conciliación familiar y laboral. Los productos tienen que proporcionar la máxima durabilidad y que el coste de reparación no sea superior al 10% del valor del producto nuevo.
Hasta el momento, 79 empresas han solicitado el sello «ISSOP» y solo ocho lo han conseguido: Casio (fabricante de relojes electrónicos), Sostre Cívic (cooperativa de viviendas de bioconstrucción), Scanfisk Seafood (productos pesqueros), 4A+A (estudio de arquitectura sostenible), Prososphera (comercializadora de productos sin obsolescencia programada), Aled Geeni (iluminación eficiente y sin obsolescencia programada), ATP (alumbrado público de alta calidad) y TAT_lab (montaje de exposiciones).
Qué pueden hacer los consumidores
Los consumidores pueden hacer más de lo que piensan ante esta práctica. En primer lugar, informarse para conocer sus consecuencias y concienciarse. Según Muros, la obsolescencia programada forma parte del actual modelo de consumo insostenible basado en el usar y tirar, que ha provocado el aumento de las desigualdades sociales y económicas. «Si se fabricara de forma sostenible, se crearían tres millones y medio de trabajos en España, se fomentaría el empleo local con sueldos de calidad, la riqueza se redistribuiría y el Estado recaudaría más», asegura el presidente de Feniss.
Los ciudadanos pueden apoyar iniciativas como la de esta organización, que funciona con donaciones y el trabajo voluntario. La fundación Feniss ha puesto en marcha unos talleres, «No tires, aprende y repara», donde se puede llevar un aparato estropeado para arreglarlo de manera gratuita. Por el momento solo hay en Barcelona, pero su objetivo es, según Muros, abrir 500 en toda España en establecimientos comerciales cercanos a los consumidores. Asimismo, preparan una aplicación para el móvil que podrá escanear el código de barras de los productos y conocer su lugar de fabricación, su vida útil o el coste aproximado de reparación en caso de avería.
Otra forma de acción ciudadana es presionar a las administraciones públicas para que la eviten de manera explícita y apoyen la producción sostenible y local. Según el presidente de Feniss, los gobiernos permiten en la práctica este sistema de producción, con una ley de garantías que se incumple o favoreciendo de diversas formas a las empresas que lo realizan. Muros recuerda que Francia ha aprobado una ley anti-obsolescencia programada con penas que pueden llegar a los 300.000 euros de multa y tres años de cárcel.
Cómo surgió la obsolescencia programada
La obsolescencia programada se habría gestado en los años 20 del siglo pasado, cuando se implantó el modelo de producción para crear grandes cantidades que se sustituyeran en poco tiempo. En 1924, los principales fabricantes de bombillas de la época creaban el «cartel Phoebus» con los estándares de producción y venta. Entre otras cuestiones, se marcaban 1.000 horas de vida media de las bombillas. Antes de este nuevo estándar, la española Lámparas Z garantizaba 2.500 horas en su publicidad.
En 1932, el inversor inmobiliario Bernard London proponía abiertamente la idea para paliar los efectos del crac de 1929 y reactivar el consumo en Estados Unidos. En 1954, el diseñador industrial estadounidense Brooks Stevens acuñaba el término para «instalar en el comprador el deseo de poseer algo un poco más nuevo, un poco mejor, un poco antes de lo necesario».
