«Repsol YPF vulnera derechos fundamentales de las poblaciones indígenas de los lugares en los que ejerce su actividad». Tal acusación ha sido lanzada por la organización humanitaria Intermón Oxfam, que ayer presentó dos informes sobre las relaciones de la industria petrolera con los pueblos indígenas.
«Pueblos sin derechos. La responsabilidad de Repsol YPF en la Amazonía peruana» atañe directamente a la petrolera española. Este informe revela que la empresa vulnera el derecho que tienen las comunidades indígenas a ser consultadas y dar su consentimiento antes de comenzar la actividad extractiva, así como los derechos laborales. También denuncia la inexistencia de compensaciones por el daño causado a la comunidad o al medio ambiente del que dependen estos pueblos para subsistir.
Ante esta situación, Intermón Oxfam pide a la compañía que preside Antonio Brufau que ponga en marcha una política transparente que reconozca y cumpla con los derechos económicos, sociales y culturales de los indígenas que trabajan en sus explotaciones.
«Imaginemos que una compañía entra en nuestra casa sin nuestro permiso, hace un pozo en el salón y destroza nuestro hogar. Contamina la casa, destroza el huerto y después de cuatro o seis años (lo que dura un estudio de prospección) se marcha sin arreglar el desaguisado ni compensarnos por los daños sufridos. La compañía decide, por su propia voluntad y sin negociación, otorgarnos un juego de cacerolas para compensarnos. Esto es lo que deben sentir las poblaciones indígenas en su relación con Repsol», afirma Ariane Arpa, directora general de Intermón Oxfam.
La ONG advierte de que la falta de voluntad por parte de la empresa por dotarse de una política pública y transparente de relación con los pueblos indígenas, tiene como consecuencia que sus filiales desconozcan y no apliquen los derechos que estas poblaciones tienen reconocidos.
«La compañía afirma respetar los derechos de las poblaciones indígenas y ha hecho de eso una bandera, recogiendo en sus informes el compromiso de respetar y promover declaraciones, iniciativas y normas internacionales. Pero la realidad es muy distinta. Sorprendentemente, hasta el día de hoy, Repsol YPF no sólo no dispone de una política que guíe su relación (y la de sus filiales) con los pueblos indígenas, sino que se ha negado a considerar su creación durante los últimos dos años», afirma Isabel Tamarit, responsable del área de sector privado de la ONG.
El caso de Perú
Repsol posee siete lotes petroleros para la exploración de hidrocarburos en Perú. La investigación llevada a cabo por Intermón en tres de ellos ha puesto de manifiesto que «no existe el derecho de consulta y consentimiento, y cuando se realiza es deficiente».
La organización asegura además que «Repsol no dispone de un programa transparente de compensaciones e indemnizaciones que establezca mecanismos claros para valorar de manera justa los daños causados durante la exploración. De hecho, establece habitualmente su valor sin contar con la participación de las comunidades afectadas».
Pese a que reconoce que la empresa realiza proyectos de acción social puntuales, denuncia que «no atiende la demanda de los pueblos indígenas de llevar a cabo planes de desarrollo comunitarios que surjan de las necesidades reales de desarrollo». Además, Intermón afirma que Repsol paga salarios por debajo de lo pactado, no especifica la duración del contrato y alarga las jornadas hasta las 12 horas.
La petrolera tiene previsto elaborar una política de relación con las comunidades afectadas antes de final de año, auque no ha concretado en qué términos se llevará a cabo. «Dentro de pocos días, Repsol YPF tiene la posibilidad de demostrar que se toma en serio su relación con estos pueblos. La Asamblea del Pueblo Guaraní-Itika Guazu, en Bolivia, ha elaborado un convenio que sellaría las disputas que existen desde hace años con esa comunidad en concepto de compensación de daños. Hasta ahora no ha accedido a ninguna demanda razonable», concluye Tamarit.
