La presencia de multinacionales en Latinoamérica para la explotación de recursos naturales es cada vez mayor. Muchas de estas empresas son españolas y provocan graves daños ambientales, el desplazamiento de los pobladores de la zona y la violación de los derechos de los pueblos indígenas. En este artículo se describe el caso de la empresa Ecoener-Hidralia y el grave conflicto social y ambiental que ha generado en el municipio de Santa Cruz de Barillas (Guatemala), ante el cual tres ONG han puesto en marcha una campaña de presión en favor de los pueblos indígenas. También se describen los graves impactos que generan la construcción de centrales hidroeléctricas en territorios indígenas.
Un poco de historia del proyecto
El mal uso del agua afectaría a 130.000 personas que viven en la zona
Este proyecto se remonta a 2008 cuando la empresa de origen gallego Ecoener-Hidralia decide instalar una central hidroeléctrica que supondría la apropiación del agua del Río Canbalam frente al derecho a su uso por parte de las 130.000 personas que viven en la zona.
Desde su inicios, los pueblos indígenas Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Popti’ de Barillas se oponen a la instalación de una minipresa que afecta al río que articula su territorio: Canbalam. La central hidroeléctrica supondría la apropiación del agua del Canbalam, frente al derecho a su uso por parte de los pobladores de la zona. Asimismo su construcción y explotación implicarían graves impactos ambientales, incluyendo movimientos de tierra, inundación de una amplia zona, pérdida de biodiversidad y destrucción de sitios sagrados.
En mayo de 2011, el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala concedió a la empresa Ecoener-Hidralia (con contratos en Ecuador, Venezuela, Honduras, Nicaragua y Guatemala) una autorización para la construcción de la Hidroeléctrica Canbalam I. Este permiso dió vía libre a la instalación de una unidad generadora y la empresa construyó un cerco con malla y postes en el que se colocaron minas antipersona.
En la actualidad, hay nueve personas en la cárcel por defender sus derechos y su territorio
Aún en fase de construcción, ya ha provocado importantes conflictos en la región, incluyendo la muerte de un dirigente comunitario en 2012. Tras estos hechos, el Gobierno guatemalteco declaró Estado de sitio en la región y encarceló durante ocho meses a nueve líderes comunitarios opuestos a la construcción de la represa. A finales de 2012, dada la fuerte oposición de las comunidades, parecía que Ecoener-Hidralia se iba a retirar de Barillas, pero no ha sido así y la empresa persiste en su intención de sacar adelante el proyecto. De hecho, en mayo de 2015, dos líderes opositores a la central fueron condenados a 33 años de prisión por delitos que aseguran no haber cometido. En total, actualmente hay nueve personas en la cárcel por defender sus derechos y su territorio.
Campaña #ElRioNoSeToca
Las ONG Alianza por la Solidaridad, Amigos de la Tierra y Mujeres de Guatemala han lanzado una campaña de recogida de firmas entre la ciudadanía para hacer presión sobre las instituciones implicadas y evitar la construcción de la central hidráulica. Las ONG exigen la retirada de Ecoener-Hidralia del territorio de Barillas, así como de las acusaciones penales contra las personas defensoras del medio ambiente.
De todas las presas existentes, dos tercios están en los países pobres
La campaña se lanzó el jueves 5 de noviembre con un acto en el que se contó con la presencia del divulgador ambiental Joaquín Araújo, el líder de Equo, Juantxo López Uralde, guatemaltecos afectados por la hidroeléctrica que sufren sus impactos y criminalización, representantes de las ONG implicadas y el cantautor y poeta Ángel Petisme.
Estas ONG llevan años denunciando que la presa Hidro Santa Cruz no aporta ninguna mejora a las comunidades afectadas (ni empleo, ni servicios, ni beneficios sociales o medioambientales) y, además, está inmersa en una controversia jurídica y social que arroja grandes sombras sobre el proyecto.
Quien quiera participar en la campaña, puede entrar en este enlace y colaborar con su firma.
La construcción de estas centrales se justifica, como siempre, en el paradigma del desarrollo, concebido como la multiplicación de obras de infraestructura que, en la práctica, benefician a los ya privilegiados y empobrecen más a los excluidos.
Aunque la construcción de represas se remonta a por lo menos hace 5.000 años, es en el siglo XX, con la gran demanda de electricidad, que éstas se multiplican con el objetivo ya no de garantizar reservas de agua para la agricultura y el consumo humano, sino de satisfacer la demanda de energía eléctrica de las industrias.
Hoy hay más de 45.000, casi la mitad de los ríos del mundo tiene una represa, la tercera parte de todos los países depende de la energía hidráulica, las grandes represas generan el 19% de la electricidad mundial y, de todas las existentes, dos tercios están en los países pobres.
Los impactos son múltiples:
- Desplazamiento forzado de entre 40 y 80 millones de personas en todo el mundo, cuyo modo de vida se sustenta precisamente en la relación armónica con la naturaleza.
- Fragmentación y transformación de los ríos del mundo, destrucción de los ecosistemas y reducción de los recursos pesqueros.
- Mayor endeudamiento de los países pobres y una distribución de sus costos y beneficios desigual.
- Impactos medioambientales como la contaminación acústica, la inundación de tierras aptas para la agricultura y el pastoreo y de bosques naturales, hasta el desequilibrio total de los ecosistemas.
- Impactos directos en el modo de vida de los pueblos indígenas, cuya cosmovisión del territorio como un todo integral (suelo, agua, cielo y subsuelo) lo define como el espacio donde desarrollan sus actividades productivas, su economía, su organización política, su cultura, su pasado, presente y futuro y su identidad.
La construcción de las grandes represas está también relacionada con la privatización del agua, porque en general es encargada, tanto la propia construcción como su administración, a empresas multinacionales.
