El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, aseguró ayer que su departamento «quiere terminar con la proliferación de ofertas de alta velocidad que no se cumplen». Por eso, anunció que se van a prohibir las ofertas de banda ancha que no garanticen a los usuarios el 80% de la velocidad anunciada.
Los proveedores deberán informar de las velocidades reales de cada oferta. Así consta en el borrador del Real Decreto de Cartas de Derechos y Obligaciones de los Servicios de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, que el Ministerio remitirá hoy al Consejo Asesor Técnico de la Sociedad de la Información (CATSI).
El titular de Industria hizo estas declaraciones durante el acto de celebración de la consecución del millón de dominios «.es» y aseguró que su propósito es duplicar esta cifra a lo largo de la presente legislatura. «Vamos por buen camino, en cuatro años hemos multiplicado por 12 el número de dominios», afirmó. Así, a principios de 2004, los «.es» registrados alcanzaban los 85.000 portales, mientras que a finales de 2006 se acercaban al medio millón.
A principios de 2004, los «.es» registrados alcanzaban los 85.000 portales, a finales de 2006 se acercaban al medio millón
La nueva web de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) fue el portal de Internet que alcanzó la cifra del millón de dominios «.es». Luis Cañón, presidente de dicha organización, explicó que para el colectivo la Red es la herramienta para abrir las puertas blindadas, ya que les brinda «autonomía» para comunicarse.
Madrid, la más conectada
Por otra parte, el presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), Reinaldo Rodríguez, presentó un informe sobre la situación de los servicios de telecomunicaciones en 2007, que ofrece datos acerca de la penetración de la banda ancha en España, cuotas de mercado, tasas de telefonía móvil y fija, así como las dotaciones de las que dispone cada comunidad autónoma en número de accesos.
Madrid se sitúa a la cabeza con 22,3 líneas de banda ancha por cada 100 habitantes. Le siguen Baleares (21,6), Cataluña (21,5), Canarias (19,4), Cantabria (18,9), País Vasco (18,2) y Asturias (17,8). En la cola se encuentran Extremadura y Galicia, con un índice por debajo de las 13 líneas.
Desde la organización de consumidores FACUA consideran “positivo pero extremadamente tardío” el anuncio realizado por el ministro de Industria de que se prohibirán las ofertas de acceso a Internet que no garanticen al menos el 80% de la velocidad ofertada. A su juicio, la falta de control y actuaciones por parte de las autoridades competentes en materia de Telecomunicaciones y Consumo del Gobierno central y las comunidades autónomas han favorecido durante años “la proliferación de ofertas fraudulentas, que incumplen claramente la Ley General de Publicidad”.
FACUA recuerda que en septiembre de 2006 denunció a Jazztel, Orange (entonces Wanadoo) y Ya.com por anunciar “de forma engañosa” servicios de acceso a Internet de 20 megas cuya velocidad real para los usuarios “era desproporcionadamente inferior a la ofertada”.
La organización señaló entonces que “hay usuarios que no pueden navegar ni a la décima parte de los 20 megas publicitados. En primer lugar, porque la velocidad baja proporcionalmente a la distancia que hay entre el domicilio del cliente y la central telefónica desde la que se le presta el servicio, debido a que aumenta la atenuación o ruido propio de la naturaleza del soporte físico, el cobre. La velocidad puede así disminuir no ya a la mitad, sino incluso a la décima parte de los 20 megas ofertados”.
A esto se añaden otros factores como el hecho de que las conexiones utilizan protocolos de transmisión de datos (PPP y TCP/IP) que ocupan un ancho de banda que absorbe entre un 2% y un 20% de la velocidad, apunta FACUA. Además, añade, la longitud del cableado interno en el domicilio del usuario desde el router a las rosetas telefónicas también influye en la pérdida de velocidad.
De su lado, la Unión de Consumidores de España (UCE) entiende que este planteamiento “implica la aceptación previa por parte de Industria del incumplimiento de los contratos de conexión ADSL de los usuarios españoles, y si es así, se debería también exigir a estos el pago del 80% del coste de los servicios contratados, de esta forma se lograría el equilibrio entre las partes”.
Según UCE, “resulta inaceptable” que Miguel Sebastián “realice unas declaraciones de esta dimensión, con las que se presupone el incumplimiento contractual por parte de las compañías de servicios de telecomunicaciones y se ponen en duda los más elementales derechos de los consumidores”.
Por otro lado, valora que se exija a las empresas que informen a los usuarios de la velocidad real de conexión.
