El Gobierno ha reaccionado ante la demanda de la industria de la música, entidades de gestión de derechos de autor y algunos artistas para tratar de frenar la piratería, que perjudica las ventas de discos. La respuesta ha sido el ‘Plan Antipiratería’, una declaración de intenciones y llamada a la concienciación social sobre la necesidad de respetar la propiedad intelectual, que crea un cuerpo especial de policía y endurece la lucha contra el ‘top manta’, pero deja para eventuales reformas legislativas la persecución del intercambio de archivos a través de Internet.
Antecedentes e intenciones del ‘Plan’
Los discos en el ‘top manta’ cuestan cuatro veces menos que en las tiendas; en Internet, no paran de aumentar los usuarios que utilizan programas como eMule o Kazaa para intercambiar archivos, principalmente música y películas. La piratería -la venta ilegal de obras protegidas- se abre paso ante la alarma de la industria, que se queja de fuertes pérdidas económicas y de puestos de trabajo, e incluso de la amenaza sobre la creación y sobre el futuro de la producción cultural.
Ante este panorama, la reacción de algunas discográficas ha sido presionar a la Administración con el fin de que cree leyes más duras para defender la propiedad intelectual. En algunos países (principalmente en EEUU) se ha llegado a demandar y multar a los usuarios más activos en el intercambio de música a través de la Red. En el fondo, según algunos expertos, subyace la agonía del modelo tradicional de la industria del sector, que ha reaccionado a la defensiva frente a las nuevas tecnologías que multiplican y abaratan la copia y distribución de obras en formato digital.
En España, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) sacó adelante un polémico canon que grava los CD-ROM, con el argumento de que se utilizan mayoritariamente para copiar música (aunque el canon se cobra igual si el usuario va a utilizar el CD-ROM para grabar en él las fotos de familia). Este canon para compensar la copia privada supuso un 8% de los 300 millones de euros (récord histórico) ingresados por la SGAE en 2004. A pesar de ello y de sus éxitos contra la ‘piratería callejera’ –rebajada a la mitad gracias según la SGAE a sus “campañas de sensibilización”-, la entidad gestora abandera la aplicación de medidas más duras para acabar con el ‘top manta’ y también con el intercambio de canciones en la Red.
La SGAE está entre las diversas entidades relacionadas con el negocio de la música que aplauden el ‘Plan integral del Gobierno para la disminución y la eliminación de las actividades vulneradoras de la Propiedad Intelectual’, recibido con un rechazo más o menos vehemente por las asociaciones de consumidores y buena parte de la comunidad internauta. Este Plan pretende “defender el derecho de los creadores frente a los efectos devastadores de la piratería desde el punto de vista cultural, económico y social”, implica a 11 ministerios y apuesta por más medidas policiales y campañas de concienciación social. Prevé la puesta en marcha de cuatro acciones de carácter urgente y cinco bloques de medidas “cuya aplicación se va a realizar a medio y largo plazo”:
Reacciones contrapuestas
La batería de medidas pretende acabar “con la impunidad de los delincuentes que copian asiduamente y con la complacencia de los compradores”, según afirmó la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega en la presentación del nuevo Plan. El proyecto del Gobierno ha satisfecho en general a los productores de música y cine y a los autores e intérpretes, al menos a los que están de alguna forma vinculados a asociaciones y entidades de gestión.
La SGAE asegura que este proyecto “coloca por primera vez a España a la vanguardia de Europa en la lucha contra una de las mayores y más prolongadas agresiones que han sufrido el mundo de la cultura y de la creación”. La entidad gestora destacó la “clara apuesta por la sensibilización social, especialmente entre los jóvenes” y se felicitó por las medidas que facilitan “la definición de un modelo de explotación de Internet en el que todos los agentes sean respetuosos con los contenidos y con la propiedad intelectual de los mismos”.
Desde Promusicae (Productores Musicales de España) se recibió el Plan como “una buena noticia” que llega a un sector “abandonado” ante la lacra de piratería que “contemplaba atónito cómo se frivoliza con la destrucción del medio de vida de más de 50.000 familias y de un sector que en el 2003 supuso el 0,8% del PIB español”, según su presidente, Antonio Guisasola.
Para el presidente la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes (AIE), Luis Cobos, se trata de “punto de partida”, pero aclara que es preciso tomar medidas contra la piratería que se extiende por Internet. Coincide con esta opinión el presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales de España (FAPAE), Pedro Pérez, quien celebra la inclusión en el último momento de “medidas urgentes fundamentales, sobre todo en lo que se refiere a Internet”. También Eduardo Bautista, presidente ejecutivo de la SGAE, cree que el proyecto es bueno “aunque llega un poco tarde” y opina que además de las campañas de concienciación “es necesario que el Gobierno se implique activamente, por ejemplo, en acabar con las descargas ilegales por Internet”.
En la contundencia de las medidas a aplicar no existe ‘quórum’. La mayoría, como hace el propio Plan, aboga por la concienciación antes de por la represión (inviable sin cambiar la ley): “No queremos que la policía apalee a nadie, sino que los ciudadanos se mentalicen”, dice Juan José Castillo, gerente de la Asociación de Compositores y Autores (ACAM). En cambio, para Enrique Cerezo, presidente de Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), hay que mentalizar a la gente de que “bajarse una copia o comprar en un ‘top manta’ es como robar en un comercio o un banco”. “Si la ley fuera tan dura con una cosa como con otra, independientemente de las cuantías que suponga, se arreglaría algo”, añade.
De la misma forma, José María Anguiano, experto en propiedad intelectual de Garrigues & Andersen, cree que se necesitan medidas más concretas y más urgentes: “Se podría avanzar más en el canon sobre la copia privada y extenderlo por ejemplo al ADSL, de tal manera que se creen mecanismos compensatorios para los creadores”.
‘Humo’ y ambigüedad a la espera de la reforma de la ley
La secretaría de Cultura del PSOE mostró satisfacción por un Plan que actúa contra un fenómeno que “atenta contra los derechos de los autores y, a la larga, puede suponer el fin de la creación”. Por su parte, el Partido Popular considera que es “mejor que nada, pero es lo más parecido a la nada”, pues carece de medidas concretas: “es humo porque no propone reformas legales”. De hecho, la ministra de Cultura, Carmen Calvo, asegura que el Plan “implícitamente lleva una reforma del Código Penal con algunas medidas protectoras de la creación de acuerdo con las nuevas tecnologías”.
Sin espacio para matices, la Asociación de Internautas (AI) solicita directamente la dimisión de la ministra de Cultura, Carmen Calvo, y opina que su Plan criminaliza la Red porque “mezcla el top-manta con el uso honesto de Internet” y critica que en su elaboración no se haya consultado los agentes sociales. “No vale hacer un planteamiento sobre Internet con gente que tiene intereses inconfesables sobre la Red”, dijo su presidente, Víctor Domingo.
Por el contrario, el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), Miguel Pérez Subías, consideró positiva la distinción entre el ‘top-manta’ y la descarga de archivos en la Red frente a la “criminalización” anterior, pero calificó el Plan de “ambiguo” en algunas cuestiones, pues no clarifica si el intercambio de contenidos entre particulares sin ánimo de lucro es una actividad lícita o va a ser perseguida. La AUI también se siente excluida del Plan, al igual que la Federación de Consumidores en Acción (FACUA), a la que le parece “contradicatorio” que en un plan que pretende la concienciación de los usuarios sobre los efectos negativos de la piratería no se haya contado con la participación real y efectiva de las asociaciones de consumidores.
FACUA recoge firmas “para acabar con los sistemas anticopia en obras musicales y audiovisuales, que recortan los derechos de los usuarios, y la actual imposición de un canon injusto y arbitrario por la compra de CD y DVD vírgenes”, iniciativa que se une a una serie de movilizaciones de la Red contra los planes del Gobierno y la SGAE, que incluyen una declaración conjunta contra el canon, firmada por once organizaciones, un manifiesto por la liberalización de la cultura y sitios web (nosoypirata.com) y numerosos artículos en distintas páginas web.
Cuestiones espinosas
La piratería es sin duda un grave delito que atenta contra los creadores, pero tanto su propia definición (¿Es equiparable el ‘top manta’ a la descarga de archivos protegidos de Internet?) como las medidas para combatirla son puntos conflictivos que provocan interpretaciones dispares.
La venta ilegal de música en la calle y el intercambio de archivos a través de redes P2P (mediante programas como Kazaa o eMule), “necesitan tratamientos distintos, ya que son hechos de naturaleza distinta”, según María Teresa Fernández de la Vega. Asociaciones de consumidores y de usuarios de Internet mantienen una apostura beligerante en este aspecto y solicitan que se eliminen ambigüedades en los planes y leyes que afectan a los contenidos digitales.
“No se puede acusar de cometer un delito a los usuarios que comparten su música a través de Internet, ya que no es más que la traslación al mundo digital del préstamo de discos de vinilo o casetes que se hacía en el pasado”, según FACUA. El plan contra la piratería, añade, “debe centrarse en la lucha contra las mafias que se sirven de los inmigrantes para llevar a cabo el negocio delictivo de la venta de CD y DVD en el ‘top manta’.
Sin embargo, algunas entidades de derechos de autor insisten en equiparar ambos delitos, a pesar de la inexistencia de ‘animo de lucro’ entre los internautas que comparten su discoteca digital. La SGAE asegura que “de momento” no denunciará a los internautas por intercambiar canciones, aunque las discográficas ya han advertido a 10.000 internautas españoles (mediante mensajes en Kazaa) sobre las consecuencias de poner su música a disposición de todos los usuarios de Internet. En España hay entre uno y dos millones de internautas que utilizan las redes P2P para intercambiar archivos.
El Ejecutivo ha anunciado que a medio plazo se reformará tanto la Ley de la Propiedad Intelectual como de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) que deberán aclarar la legalidad de los programas de intercambio de archivos (P2P) y sus usuarios. Pero de momento la ley vigente mantiene que “será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya […] una obra literaria, artística o científica […] sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios”.
La Ley de Propiedad Intelectual (LPI), creada en 1987 y refundida en 1996, permite a los consumidores realizar copias de obras ya divulgadas sin contar con autorización del autor, siempre que se realicen para uso privado y sin fines lucrativos. Carmen Calvo matiza que la copia privada “es legal en España, pero no la copia múltiple para negociar”, aunque no se va a poner en marcha el “canon represor de la antipiratería”.
Esas copias privadas generan una “remuneración compensatoria” para resarcir la pérdida de ingresos de los autores, que se traduce en un canon que afecta a equipos y soportes destinados a la grabación de obras musicales y/o audiovisuales, como vídeos, casetes, grabadoras de CDs… que se ha extendido a los CD-R audio (CDs vírgenes específicos para grabar música) y recientemente a los CD-ROM (destinados a guardar cualquier tipo de archivo), lo que provocó una virulenta reacción en Internet.
La SGAE ha desmentido que persiga la ampliación del canon sobre a otros soportes (como los discos duros) y tecnologías (ADSL), aunque la amenaza de que ello ocurra ha provocado un manifiesto en contra por parte de asociaciones de usuarios y empresas.
Como quiera que el Plan Antipiratería prevé que los operadores de telecomunicaciones colaboren para “detectar y retirar’ contenidos ilícitos de la Red“, la patronal tecnológica no ha tardado en afirmar que “eso es imposible de cumplir”: los proveedores de Internet (ISP) no pueden controlar los contenidos sin autorización judicial porque son “meros transmisores”, sostiene la AETIC. La SGAE, en cambio, considera que no debe consentirse que las empresas servidoras de comunicaciones faciliten el intercambio de copias ilícitas entre particulares.
La AUI insiste en que “los contenidos sólo son responsabilidad del que los mueve, pero no del que pone el soporte”; en caso contrario “sería imposible de llevar a cabo” y supondría “un paso atrás” en derechos como la defensa de la intimidad y la privacidad de las comunicaciones. Y desde el Gobierno se media al asegurar que es “irremediable” que los titulares de derechos y las operadoras de comunicación lleguen a entenderse, y sugiere que entre ambas desarrollen “nuevas formas de explotación de obras en provecho de las posibilidades ofrecidas por la Red, de manera que este servicio legal resulte variado, ágil, sencillo y atractivo para los consumidores”.
