Javier de la Cueva es un abogado que desde siempre ha estado interesado en la tecnología y en las relaciones entre ésta y el Derecho. Su queja: el Derecho y su lenguaje son incompresibles para los ciudadanos. Su solución: automatizar en lo posible los procesos, como por ejemplo, las demandas contra el canon de la SGAE sobre los discos ópticos. Su última victoria: lograr que la Asociación Cultural La Dinamo, del barrio madrileño de Lavapiés, no tenga que pagar a la SGAE por la música que pone en su local con licencia Creative Commons.
Además de ejercer como jurista, Javier de la Cueva es un avezado internauta que coordina las acciones de impugnación legal del canon de la SGAE desde su página Derecho-Internet, y estudia la aplicación de al Derecho procesal. Desde el sitio web Justicia y Opinión, gestiona a las cinco comisiones del Foro por la Justicia del Consejo General de la Abogacía Española. También es el administrador de un servidor en la Red del grupo Es.comp.os.linux.
En las demandas hay actos repetitivos que se pueden automatizarEste proyecto consiste en intentar racionalizar un conjunto de procedimientos legales que tengan algo en común, como ocurre en las demandas contra el canon de los CD y DVD vírgenes. La coordinación de estas demandas la estamos realizando manualmente, comunicándonos mediante correos electrónicos con los ciudadanos que están participando. De esa coordinación, y de los actos repetitivos que realizamos, encontramos actos que se pueden automatizar precisamente porque son repetitivos. Inicialmente nosotros analizamos cómo puede ser un procedimiento legal típico y redactamos las plantillas. Luego, en cada procedimiento concreto, vamos adaptándolas según las necesidades. Pues bien, de nuestra experiencia podemos deducir cómo y qué se puede automatizar para que la relación entre abogado y ciudadano sea lo menos trabajosa posible así como para lograr la mayor eficacia. Si se pueden clonar las canciones de los MP3, se pueden clonar las plantillas de los procedimientos.
El proyecto Kelsen debe su nombre a un jurista austríaco que ‘inventó’ un órgano de control de la constitucionalidad de las leyes, esto es, el Tribunal Constitucional. También fue quien mejor describió una estructura jerarquizada de las leyes, como si fuera un árbol, en cuya base está el tronco, que es la Constitución, y de la que luego salen las leyes, que serían las ramas que nacen del tronco y de las que luego se derivan los reglamentos. Éstos equivaldrían a las ramas finas de la copa. Si nos fijamos, esta misma estructura se repite por doquier y entre muchos sitios, como por ejemplo en el árbol de directorios de un ordenador.
El proyecto Kelsen acerca a los ciudadanos la posibilidad de reclamar o de agruparse en defensa de sus derechosYo creo que beneficia a todos, puesto que acerca a los ciudadanos la posibilidad de reclamar o de agruparse en defensa de sus derechos y facilita la labor del abogado. Eso sí, la agrupación no se produce como en las comunidades de vecinos o en las asociaciones, que al final son un gallinero o son una excusa de los directivos de dichas asociaciones para ir en su provecho personal dejando de lado a los asociados, como tantas veces vemos. La agrupación se produce sin necesidad de conocer quién y qué está con uno y simplemente por un interés común como, por ejemplo, intentar eliminar el canon de los soportes digitales.
En nuestro caso la coordinación se está realizando sobre 19 procedimientos que se han interpuesto a lo largo de la geografía nacional. Partimos de una plantilla común, que se puede rellenar por el ciudadano de una manera muy sencilla, de una lista de correo electrónico pública en la que solventamos todas las dudas y de una lista de correo privada de coordinación de los demandantes. Hay otros abogados que, a su vez, están usando la plantilla para sus propios pleitos y otros que han mejorado la misma aportando nuevos elementos, como por ejemplo Josep Jover, abogado de Barcelona que ha incorporado temas de Derecho comunitario y de protección de datos muy interesantes.
No se entiende que los ordenadores de los juzgados utilicen Windows, que es un sistema lleno de agujerosUn ejemplo que siempre cito es el de los pasos cebra. Hay ciudades en las que los ayuntamientos han pintado los pasos cebra con pinturas que cuando llueve los convierten en pistas de patinaje. Si una persona se cae, se rompe una cadera y demanda al ayuntamiento por su responsabilidad, el abogado del ayuntamiento siempre dirá que esa persona pisó una hoja seca, que iba corriendo o cualquier otra excusa en la que el ayuntamiento nunca tenga la culpa. Ahora bien, si esa persona lleva junto con la reclamación los datos de otras 100 personas a las que les haya ocurrido lo mismo, la reclamación tendrá mayores posibilidades de tener éxito. Y quien dice pasos cebra dice puntos negros en la carretera, retrasos en líneas aéreas, barrios que se desmoronan por túneles de metro o cualquier otra reclamación de los consumidores. Es más, estamos convencidos que las reclamaciones de usuarios y consumidores deben utilizar un modelo tecnológico nuevo, más basado en pequeñas islas coordinadas entre sí. Siguen existiendo asociaciones pero en este caso no son asociaciones de personas sino asociaciones de información.
Aplicar una correcta tecnología ayudaría mucho. El problema es que identificamos tecnología con determinados productos de consumo masivo que son de una calidad pésima. No se entiende, por ejemplo, que los ordenadores de los juzgados utilicen Windows, que es un campo minado lleno de agujeros, y eso no es tecnología, es un producto de consumo masivo y malo. Por otra parte, es necesario educar tecnológicamente a los funcionarios, lo cual es fácil siempre y cuando se les implanten soluciones que ellos comprueben que les facilita la labor, pero muy difícil si lo que se encuentran son programas no intuitivos que se cuelgan cada dos por tres o que se infectan con virus.
Pocos abogados saben que cada juicio devenga un dinero en favor de las entidades de gestiónHay poca preparación tecnológica y tampoco hay mucha reflexión, salvo, por supuesto, en casos excepcionales. Por ejemplo, pocos profesionales del Derecho saben que cada juicio devenga un dinero en favor de las entidades de gestión y todos se quedan a cuadros cuando se lo comentamos. Como los CD y los DVD vírgenes tienen canon y como, por Ley, los juicios deben grabarse en soporte audiovisual, resulta que los juicios por Ley pagan el llamado “canon de la SGAE”, que no sólo es de la SGAE sino también de otras entidades de gestión. Respecto a si están o no dispuestos a aceptar los cambios, creo que no les queda más remedio, como en su momento aceptamos el fax y ahora las bases de datos e Internet.
Si bien se realizan esfuerzos, en muchos casos se hacen sin un criterio claro. Lamentablemente, vivimos en un mundo en el que se ha hecho una separación artificial entre las Ciencias y las Letras. Las personas que se dedican al Derecho, con raras excepciones, siguen pensando que un ordenador es una máquina de escribir compleja y se asustan ante la misma. Hace falta mucha alfabetización tecnológica, pero el panorama que ofrecen las instituciones es desolador. Incluso las propias instituciones son ciegas ante la tecnología. Por ejemplo, esta semana hemos sabido que el Colegio de Abogados al que pertenezco, el de Madrid, ha encargado a una empresa privada una cuestión de firma electrónica que nos acredita como letrados y parece ser que sólo se podrá hacer mediante el uso de programas propietarios (de pago). Así que antes acreditar mi condición de abogado era gratis y ahora se menciona que los programas se cobrarán y que no hay alternativas libres. Posteriormente, ya sólo falta hacer obligatoria la acreditación electrónica para determinados trámites para entrar en un proceso corrupción institucionalizada, como ahora ocurre con el ‘Sistema Red’ de la Seguridad Social, que o tienes Windows o no puedes obtener bonificaciones de la Seguridad Social. Es lamentable y vergonzoso.
Lo siguiente que hagamos será la impugnación del monopolio de la músicaSeguiremos impugnando el canon sobre las actas judiciales y, por extensión, en los soportes digitales por cuanto que imponer un canon sobre un soporte digital equivale a imponer una póliza sobre el papel del siglo XXI. Además, seguiremos con el Proyecto Kelsen, que es un proyecto a largo plazo: lo siguiente que haremos en breve es la impugnación del monopolio de la música. Es tenebroso que el comercio electrónico se halle secuestrado por los intereses de un monopolio cuyo único discurso es el de que todos somos unos delincuentes porque descargamos canciones de la Red. Tenemos el derecho a descargar canciones de la Red como tenemos el derecho a grabar canciones de la radio y películas de televisión, porque ya estamos pagando un canon en contraprestación por ello, canon que quien más paga es el Estado. La tecnología puede hacer mucho bien a los consumidores en la defensa de sus derechos, porque les dota de una herramienta magnífica de la que hoy en día carecen.
