Los promotores ya han lanzado diversas sugerencias al Ministerio de Vivienda para que los tenga en cuenta en su Plan de Choque que anunciará el próximo día 30. Ahora, la principal inmobiliaria española, Metrovacesa, reclama al Gobierno que ponga un mayor control en la compra-venta de viviendas protegidas. El hecho está relacionado con la detección en diversas partes de España de la existencia de una gran especulación en torno a las VPO, que poco después de ser compradas son vendidas al triple del precio que se ha pagado, cobrándose la diferencia en dinero negro.
En Madrid, concretamente, está sucediendo en los PAU del norte de la capital, donde viviendas de protección oficial que se han comprado por 132.000 euros se están vendiendo por 360.000 euros, el precio de una vivienda libre de idénticas características.
Compras ilegales
Para acabar con éstas compras ilegales, el presidente de Metrovacesa, Joaquín Rivero, pide al Gobierno que ejerza un mayor control, tal y como hace el Ejecutivo autónomo vasco, «ya que si una persona especula con la venta de su vivienda protegida, el Ejecutivo ejerce el derecho de retracto inmediato, y se queda con el inmueble al precio oficial de VPO para volver a venderla». Rivero añade que después, el comprador y el vendedor particulares que han realizado esa compra-venta ilegal tienen que arreglarse entre ellos para ver qué ocurre con el dinero negro que se queda en el aire. «Esa es la única fórmula para eliminar la especulación en torno a la VPO», precisa Rivero. El presidente de Metrovacesa cree acertada la medida que contempla el Gobierno de que las viviendas de protección oficial mantengan de por vida ese estatus y no se puedan descalificar años después de comprarlas. «Si se crea un parque de viviendas con ayudas del Estado no debe destruirse con una descalificación que suponga la salida con plusvalías de los propietarios», sino que deben venderse al precio oficial por el que la compraron más los correspondientes IPC para que la disfruten otras familias necesitadas.
Por otro lado, incide en que el precio de VPO se encuentra prácticamente a su valor de coste, salvo en aquellas comunidades en las que, con arreglo a la ley, se ha subido el precio hasta en un 40%. De todas formas, manifiesta que en las ciudades donde más demanda hay, como en Madrid y Barcelona, por ejemplo, deberían subirse los precios en torno a un 15% para que los procesos de fabricación, en el supuesto de tener suelo a los costes debidos, resultaran atractivo para los constructores y promotores.
Incidencia en el mercado
Respecto al plan de vivienda del Gobierno para construir 90.000 viviendas protegidas nuevas al año y otras 90.000 «soluciones habitacionales», y su posible incidencia en los precios de las casas, Rivero piensa que es algo que no se puede llevar a cabo de la noche a la mañana. Obtener el suelo necesario para hacerlo lleva al menos dos años entre la calificación y la urbanización. Otra cuestión es el suelo que pueda existir hoy, pero el presidente de Metrovacesa no cree que haya suelo suficiente como para poder hacer inmediatamente las 180.000 viviendas protegidas prometidas por el Gobierno, ya se hagan para vender o para alquilar. Luego, será un proceso que no afectará al mercado al menos en dos años.
Posteriormente, hay que tener en cuenta que las viviendas denominadas de formación de hogar -las que van a utilizar las familias para vivir en ellas, dejando al margen las de tipo vacacional o las que se compran como inversión- son 280.000 anuales, ya sean libres o de protección oficial. Si el Gobierno hace 180.000 en una línea de precios bajos, «por supuesto que afectará al mercado. O se vuelca la demanda hacia la VPO o no tiene sentido, porque sólo se crearán 100.000 nuevas viviendas de tipo libre, un 35% del total de nuevos hogares», asegura.
También se está insinuando -añade- que se suba el precio de la vivienda protegida y que incluso se establezca un tipo de vivienda de precio limitado. Si esto se produce, la capacidad de influir en el mercado de vivienda libre será todavía mayor.
