Los países de América Latina y del África subsahariana destacan como los de mayor deuda externa contraída. Muchos de ellos deben importantes cantidades a los poderosos países del Norte, que les prestaron dinero durante la década de los 70 y, cuando en los 80 vivieron una recesión económica, les subieron considerablemente los intereses de devolución de esos créditos. Nuestro país cuenta con 80 países deudores que aún tienen pendiente la devolución de unos 10.169 millones de euros. El pasado año, el Consejo de Ministros aprobó la condonación de la deuda derivada de los Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD) a los Países Pobres Altamente Endeudados y en junio de este año aprobó una proposición de ley reguladora de la gestión de la deuda externa. Una norma que contempla importantes avances pero que no recoge la condonación total de la deuda pese a que, según las ONG, es más una cuestión de voluntad política que económica.
Claves para entender la deuda externa
La deuda externa es la obligación de pago que un país tiene con otro o con organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial (BM), como consecuencia de la firma de un contrato de préstamo entre ellos. De hecho, ésta es una de las principales formas de financiar las mejoras de las infraestructuras o la puesta en marcha de proyectos en algunos países. Su origen se sitúa en los años 70, cuando en plena guerra fría Europa superó la crisis de la Segunda Guerra Mundial y los estados del Norte financiaron el desarrollo de los países del Sur. Tanto los gobiernos como los bancos del Norte tenían gran cantidad de dinero que no podían invertir en sus países para no desestabilizar sus economías y prestaron ese dinero a los países del Sur, que lo emplearon con fines productivos o para financiar el mantenimiento de gobiernos, aliados de los países ricos. Sin embargo, en la década de los años 80 los países del Norte entraron en un proceso de recesión económica, subieron las tasas de interés de aquellos préstamos e invirtieron en sus propias economías. Como consecuencia, se recortó la cantidad dedicada a la financiación del desarrollo de los países empobrecidos, cuya situación se agravó, ya que bajaron los precios de las exportaciones de sus materias primas, de donde obtenían las divisas para pagar la deuda.
Según recoge el Documento base de la campaña ‘Sin duda, sin deuda’, puesta en marcha el pasado mes de octubre por Cáritas, CONFER, Manos Unidas, Justicia y Paz, y REDES, “en Agosto de 1982 la situación se hizo insostenible. México anunció que no podía hacer frente al pago de la deuda que había ido generando en la forma y en el plazo establecido en los contratos de préstamo. Al anuncio de México le siguieron los de otros países deudores, que anunciaron también moratorias en sus pagos. Comenzó así la última crisis de la deuda para acreedores y deudores”. Los países acreedores se unieron entonces y plantearon de forma multilateral renegociaciones de deuda, mientras que los deudores negociaron unilateralmente, “quedando a expensas de lo decidido por los países del Norte”. Estos últimos exigieron la aplicación de Planes de Ajuste Estructural (PAE), que se tradujeron en devaluación de las monedas, liberalización del comercio exterior y privatización de empresas estatales, entre otras medidas, lo que supuso un empeoramiento de las condiciones de vida de la población más pobre.
En los años 90, la crisis se consideró superada en los países acreedores, mientras que en los más pobres, los del Sur, se mantuvo la situación de crisis. Incluso llegaron a contraer nuevas deudas al pedir nuevos préstamos con los que hacer frente a los ya contraídos. En el año 2000, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó que los gobiernos de África subsahariana transferían a sus acreedores del Norte cuatro veces más de lo que gastaban en salud de la población y UNICEF cifró en 500.000 los niños muertos al año por carencia de servicios básicos de salud relacionados con el pago de la deuda externa. Unas cifras que hoy en día han variado poco o nada a pesar de que ese mismo año los 189 estados que forman parte de la Asamblea de las Naciones Unidas asumieron los Objetivos del Milenio: un compromiso para que en el año 2015 se cumplan en todos los países unas metas mínimas de educación, salud, equidad de la mujer, sostenibilidad ambiental y asociación mundial para el desarrollo.
Cinco años después de ese compromiso, tras la revisión de los Objetivos del Milenio, “más de 70 países empobrecidos y de renta media continúan sin poder invertir lo preciso en las necesidades básicas de su población,
“Más de 70 países empobrecidos y de renta media continúan sin poder invertir lo preciso en las necesidades básicas de su población”
Deuda contraída con España
La deuda externa que España tiene contraída ascendía a finales de 2005 a 10.169 millones de euros, según datos del Observatorio de la Deuda en la Globalización. Por orden de mayor a menor, los diez países más endeudados con España son Cuba, Argelia, Rusia, Angola, China, Egipto, México, Perú, Argentina e Indonesia. Por su parte, España también es un país deudor, pero su situación para hacer frente a los pagos no es tan mala como la de los países empobrecidos. En todo caso, se traduce en un crecimiento económico más lento, no en una situación de crisis. “España tiene deudas, por ejemplo, por operaciones comerciales, pero no acude a mecanismos de contratación de créditos para hacer frente a los pagos, es decir, tiene deudas, pero no por haber solicitado préstamos y, además, no debe pagar intereses tan altos como los que se cobran a los países del Sur”, aclara Juana Bengoa, Vocal de Género de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España (CONGDE).
El origen de la deuda oficial (con fondos públicos) de los países del Sur con España se genera a través de los créditos concedidos con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo (deuda FAD) o a través de los créditos asegurados por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (deuda CESCE). El Fondo de Ayuda al Desarrollo se creó en 1976. Su capital forma parte de la Ayuda Oficial al Desarrollo y se dota anualmente en los Presupuestos Generales del Estado. Por su parte, la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación se creó en 1971 para facilitar la venta de productos de las empresas españolas. Estos seguros cubren, principalmente, riesgos políticos, de inestabilidad económica o de conflictos de los países del Sur, y se caracterizan por el secretismo de los acuerdos comerciales asegurados. Cuando la empresa asegurada ha vendido a un país en vías de desarrollo y se ejecuta el seguro, éste se convierte en deuda oficial.
La política española de tratamiento de la deuda externa sigue los acuerdos que se suscriben en el Club de París, de ámbito informal y sin personalidad jurídica, en el que se reúnen los principales estados acreedores para tratar los problemas de pago de los países deudores. En él, cada deudor negocia con el conjunto de sus acreedores. En el año 1996, impulsada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y respaldada por el Club de París, se lanzó la iniciativa para el alivio de la deuda de los Países Pobres Altamente Endeudados (iniciativa PPAE o HIPC, en sus siglas inglesas). “Resulta difícil pensar que organismos que a su vez son prestadores sean lo suficientemente objetivos como para decidir cuáles son las vías de solución para los países deudores. Son prestadores y están interesados en cobrar, son juez y parte”, reflexiona Mercedes Barbeito, quien defiende la creación de un Tribunal Internacional de la Deuda Externa, “porque ahora mismo no existe ningún organismo que sea objetivo para analizar todos los problemas de los países deudores y acreedores”.
“Ahora mismo no existe ningún organismo que sea objetivo para analizar todos los problemas de los países deudores y acreedores”
En julio de 2005, el Consejo de Ministros español aprobó la condonación de la deuda FAD de los Países Pobres Altamente Endeudados más allá de lo acordado en la reunión del G8 en Gleeneagles. Además, España es el cuarto país de la OCDE en canje de deuda, cuyos sectores prioritarios de actuación son educación, medioambiente e infraestructuras, y, desde finales de 2003, el Banco de España publica la estadística de deuda externa en cumplimiento con lo establecido por el FMI en las Normas Especiales para la Divulgación de Datos.
Proposición de gestión de la deuda
El pasado 22 de junio, el Congreso de los Diputados aprobó la Proposición de Ley reguladora de la gestión de la deuda externa, un texto que podría entrar en vigor a finales de este año o comienzos del próximo tras su paso por el Senado y su aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados. Para Barbeito, “con este texto se han conseguido muchas cosas, aunque no todas las que se pedían”. “Echamos de menos en el texto que no esté recogido claramente el tema de la corresponsabilidad, el que los créditos se auditen en origen para ver qué responsabilidad le compete al acreedor y qué responsabilidad a deudores. Por ejemplo, en África subsahariana se han concedido créditos para la compra de armas, que no se han traducido en proyectos de desarrollo, y el Estado debe aceptar su corresponsabilidad en ellos. También está difusa la participación de la sociedad civil, tanto del país acreedor como deudor, mientras que la gestión italiana nos dice que los países donde las cancelaciones o los canjes de deuda se han hecho con participación de la sociedad civil han funcionado”, agrega.
Esta proposición de ley, que hace referencia a la deuda bilateral, la contraída por España con otro país, y derivada de los Fondos de Ayuda al Desarrollo y de los seguros de créditos a la exportación concedidos por CESCE, tiene por objeto “la determinación de los principios y la regulación de los instrumentos en los que ha de fundarse y desarrollarse la gestión de la deuda externa que España ostenta como acreedora”. Y en este sentido, plantea la vinculación de la gestión de la deuda externa con la política de cooperación. En la práctica, este punto supondrá la coordinación continuada entre el Ministerio de Economía y Hacienda, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, “y se extenderá, caso a caso, a los Ministerios que resulte conveniente”. Asimismo, aboga por un “ejercicio eficiente” de la conversión de la deuda, con programas dirigidos a la promoción de inversiones y proyectos que promuevan el desarrollo de los países beneficiarios, que serán aquellos “con problemas financieros de sobreendeudamiento en coherencia con las indicaciones del Plan Director de cooperación”. Este Plan establecerá para cada año los objetivos y las actuaciones previstas para la gestión de la deuda externa,
Este Plan establecerá para cada año los objetivos y las actuaciones previstas para la gestión de la deuda externa
El texto también contempla que el Gobierno informe en los primeros treinta días hábiles de cada ejercicio presupuestario acerca de las líneas y estrategias principales en materia de gestión de la deuda externa, un punto que para Juana Bengoa es “un importante avance porque permitirá tanto al Parlamento como a la sociedad civil sentir su corresponsabilidad en materia de deuda y estar mejor informados”. “Va a haber una transparencia en la gestión y se va a permitir que haya una mayor participación y conocimiento”, señala.
Disposición transitoria segunda
Uno de los puntos más polémicos es la Disposición transitoria segunda, que recoge la presentación de un plan por parte del Gobierno para renegociar y, en su caso, cancelar la deuda soberana de los Países Altamente Endeudados (HIPC) con origen en los seguros concedidos por CESCE, así como la deuda FAD de esos países contraída con anterioridad al 31 de diciembre de 2003, dentro del marco de los acuerdos del Club de París. Según el Observatorio de la Deuda en la Globalización, esta disposición está redactada de manera “ambigua”, puesto que puede suponer que se cancele la deuda de todos los países que han entrado en la iniciativa HIPC y tienen deudas con España (25), “entre los que no figura ninguno de los diez primeros deudores del Estado español”, o que sólo se cancele la de los 14 países que han pasado por el Punto de Culminación (última fase) de la iniciativa HIPC. “Nada se sabe tampoco de los 55 países deudores del Estado que no entra en la iniciativa HIPC”, precisan desde el Observatorio.
Por su parte, Mercedes Barbeito apuesta por la condonación de la deuda a los países más pobres del mundo y la reducción de la que tienen los países de renta media con un sobreendeudamiento muy grande, más aún cuando, según recuerda, “algunos países no están ya haciendo frente a sus pagos, con lo que tampoco sería tan grande la deuda a perdonar”. En cuanto a la deuda multilateral, destaca la necesidad de que el Gobierno español sea “activo” y deje de “asumir las indicaciones que le vienen desde los organismos multilaterales para que haga una apuesta más fuerte por el desarrollo del resto de países”. “Se van dando pasos, pero la apuesta debería, y podría ser, mucho más fuerte”, considera. “Lo que ocurre -prosigue- es que la cuestión de la deuda no es tanto un problema económico como de voluntad política. El problema de la deuda pasa por una conciencia clara de los países poderosos de que es necesario solucionar este problema. Si la voluntad política de un país es condonar la deuda, la deuda se puede condonar”, concluye Bengoa.
