Influencia de la inmigración en la economía

España se ha convertido en poco de tiempo, casi de una manera brusca, en uno de los principales países receptores de población inmigrante. En la actualidad, cuenta con algo más de cuatro millones de extranjeros distribuidos principalmente entre Madrid, Cataluña y Andalucía. No es casualidad que éstas sean las comunidades autónomas más dinámicas en el sector servicios y de la construcción, los dos en los que resulta más fácil a los inmigrantes encontrar un empleo. Según un informe de la Oficina Económica del Presidente titulado ‘Inmigración y economía española: 1996-2006’, España obtuvo el año pasado un crecimiento cercano al 4%, en sintonía con el incremento constante de la población inmigrante, que en el año 2000 alcanzaba 0,9 millones. Además, la última Encuesta de Población Activa revela que la mitad de los nuevos empleos creados en los últimos cinco años (2,6 millones) han sido ocupados por inmigrantes y se estima que en 2005 los inmigrantes aportaron 23.402 millones de euros a las arcas públicas (2,6% del PIB) y originaron un gasto de 18.618 millones de euros (2,1% del PIB).

Por nacionalidad, los inmigrantes que residen en España proceden principalmente de Latinoamérica (40%), países de la Unión Europea (20%) y países africanos (17,8%). Las cuatro fuentes más importantes son Marruecos (13,7%), Ecuador (13%), Rumania (8,5%) y Colombia (7,3%). La investigadora del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas (Madrid) y profesora titular de Economía en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de esta universidad, Mercedes Fernández, confirma que todos estos colectivos “tienen importancia en la economía española por muchísimas cosas”, aunque reconoce que “en el mercado de trabajo, hoy por hoy, los inmigrantes son una mano de obra muy complementaria de la mano de obra española y ocupan puestos que los españoles no quieren”. El proceso de inmigración parece ser la causa de que el Producto Interior Bruto (PIB) haya crecido un 30% en la última década, un porcentaje que se eleva hasta el 50% si sólo se analizan los últimos cinco años. Otro efecto económico indirecto ha sido el incremento de la tasa de actividad gracias a la mayor presencia de empleadas del hogar. En concreto, más de un tercio de los 12 puntos que ha aumentado la tasa española de actividad femenina en la última década se explica por el fenómeno de la inmigración, ya que ha permitido a las mujeres trabajar fuera de casa.

“Por otra parte, hay que saber que los inmigrantes están flexibilizando muchísimo la economía porque trabajan mucho en la economía sumergida, no en actividades ilícitas como la prostitución o el tráfico de drogas, sino en actividades económicas que pueden ser lícitas, pero ‘no declaradas’

porque el empresario no cotiza a la Seguridad Social por el trabajador, lo que resulta baratísimo”, señala Fernández. “La inmigración también ha tenido un impacto positivo sobre la renta per capita, tanto a través del porcentaje de población en edad de trabajar, como sobre la tasa de empleo de la economía en la última década. Sin embargo, se ha estimado que el proceso de inmigración tiene un efecto negativo sobre la productividad del trabajo al reducir la intensidad del capital”, añade Rosa Cano, presidenta de la Asociación y ONG Columbares de Murcia, cuyos objetivos son promover, apoyar y desarrollar proyectos de interés sociolaboral, educativo y cultural, en beneficio de colectivos socialmente desfavorecidos y población en general.

Respecto a los efectos indirectos en la economía que ha supuesto la llegada de inmigrantes, destacan la aportación de éstos a las arcas a través del pago de impuestos indirectos como el IVA y la creación de un mercado económico paralelo, como las tiendas de comida típica o compañías aéreas, agencias de viaje y servicios de telefonía móvil orientados a atender la demanda de este grupo. A esta situación se une la adquisición de bienes de consumo duradero y vivienda, el freno que ha puesto al envejecimiento de la población y el ahorro que implica para el país de acogida el hecho de que sean personas formadas en su lugar de origen. Sin embargo, Rosa Cano lamenta que en la sociedad no exista “percepción de efecto positivo, sino la percepción de que son muchos los inmigrantes que viven en España y que siguen entrando todos los días”. Un estudio sobre la ‘Migración colombiana en España’, patrocinado por la Embajada de Colombia en España y realizado por la Universidad Pontificia Comillas, afirma que las expectativas de este grupo a su llegada se reparten casi equitativamente entre los que desean permanecer de manera temporal en el país y regresar a Colombia una vez conseguidos sus objetivos (25,6%), y los que llegan con vocación de permanencia (27%).

La mayoría de las personas inmigrantes que llegan a España lo hacen en busca de un empleo. Sin embargo, en un mercado ya de por sí precario, diversos factores de discriminación dificultan este objetivo. La tasa de temporalidad de los inmigrantes es del 61,4% (frente a un 30% de media) y sus sueldos son un 30% más bajos que los de los españoles. En cuanto al perfil del inmigrante económico, es muy diverso según su origen. El estudio ‘Inmigración y economía española: 1996-2006’ refleja que “los inmigrantes de países desarrollados tienen un perfil de edad similar al de los españoles, o incluso de mayor edad, mientras que los inmigrantes procedentes de países en desarrollo tienden a ser más jóvenes”. La media de edad de los inmigrantes procedentes de los países de la UE-25 es de, aproximadamente, 37 años, mientras que la de los inmigrantes procedentes del resto de países del mundo es de 31 años. Por su parte, la edad media de la población española se sitúa en los 40 años. Respecto a la formación, están en promedio más formados: el 72,2% de los inmigrantes no-UE tiene estudios secundarios y superiores, frente al 66,5% de los españoles. Este dato contrasta con la tasa de temporalidad y los sueldos que reciben los inmigrantes, lo que significa su ocupación en puestos de trabajo que requieren un nivel de cualificación inferior al que poseen. En concreto, según datos de la OCDE, un 42,9% de los inmigrantes están sobre-cualificados para su trabajo, frente al 24,2% de la población española, si bien la experiencia internacional indica que con el paso del tiempo se producirá la convergencia de las condiciones laborales de los inmigrantes con las de los nativos.

Por sectores, Mercedes Fernández explica que los sectores donde más inmigrantes encuentran trabajo son: “la agricultura intensiva, servicio doméstico, atención personalizada a ancianos y niños, comercio, transportes, servicio de mensajería, hostelería y, por supuesto, la construcción -sectores económicos vitales para el desarrollo de la economía-“,

No obstante, también subraya que los inmigrantes “en absoluto están en las mismas condiciones laborales que los nacionales, por mucho que se regularice su situación”. “Los irregulares, desde luego, no están en igualdad de condiciones, pero los regulares, de entrada, tampoco. A esto se une, por un lado, que no están tan sindicados como los ciudadanos españoles y, por otro, que muchas veces son los propios trabajadores sindicados los que no quieren que se defienda a los inmigrantes porque, de alguna manera, están tirando a la baja los salarios de los nacionales”, agrega. “La agricultura, el sector servicios o los empleados del hogar son profesiones en las que hallan un trabajo, pero cuando se trata de acceder a un empleo más cualificado, no hay facilidades. Para las personas extracomunitarias es complicado conseguir el reconocimiento de sus titulaciones en España y eso hace que no puedan optar a otros trabajos, con mejores condiciones en muchos casos”, completa Rosa Cano.

Por último, se considera que la legislación de extranjería es discriminatoria con respecto a los extranjeros no comunitarios en cuanto a la ocupación de puestos de trabajo. Mercedes Fernández explica que, según esta normativa, “un extranjero no comunitario no tiene libertad para entrar en el mercado laboral español, sino que únicamente puede trabajar en puestos que no estén cubiertos por nacionales, es decir, en los denominados ?puestos de difícil ocupación? que se diseñan de manera tripartita entre la autoridad laboral, los sindicatos y los empresarios. De esta manera, ya de entrada por ley, es imposible que un extranjero no comunitario trabaje en las mismas condiciones que un español”. Esta circunstancia es el origen también de lo que Rosa Cano denomina “el nuevo parado inmigrante: un hombre maduro, con ganas de trabajar y con residencia fija en una ciudad española”. “Los datos apuntan a que los extranjeros que llegan a España tienen cada vez más dificultad para encontrar un empleo, incluso los problemas existen también a la hora de conservar el trabajo conseguido. Desafortunadamente, algunas personas llamadas empresarios equivocadamente dan trabajo a estas personas, que constituyen un colectivo vulnerable, y se aprovechan de ellas. Aún quedan muchas conciencias que remover y mucho camino por andar”, manifiesta.

Las discrepancias a la hora de discernir si el mercado laboral español puede absorber más flujos migratorios existen. Mientras el informe de la Oficina Económica de Presidencia asegura que España puede asumir hasta 200.000 inmigrantes cada año y alcanzar los 66 millones de habitantes, otras voces dicen que el mercado laboral no puede absorber más flujos migratorios espontáneos y consideran urgente la regulación de estos trabajadores. Rosa Cano defiende que este proceso de regulación, “entre otras cosas, abriría las puertas a cursos de formación y reciclaje profesional y, gracias a ellos, podrían acceder a trabajos mejor remunerados, ya que estarían más especializados, se mejoraría la productividad y, por tanto, la renta per capita”. No obstante, este proceso de regulación podría implicar el primero de los riesgos de cara al futuro, según indica Cano: “Un problema que aún no está latente en la sociedad española, pero que se dará en menos de una generación, se centra en que la inmigración que ahora ocupa los empleos no cualificados se han quedado en España, con hijos que estudian y que, cada vez más, acceden a la universidad. Si a esto se suma el hecho de la inexistencia de fronteras en la UE que traerá ?como ya está sucediendo- trabajadores muy cualificados, a corto plazo podría haber una amenaza para la población autóctona y su acceso al empleo cualificado”.

El segundo de los riesgos tiene que ver con el envejecimiento de la población. En la actualidad, muchas ciudades han experimentado cierta revitalización con la llegada de inmigrantes, pero la edad de éstos es similar a la nativa, “por lo que no cabe esperar que supongan un alivio permanente para el proceso de envejecimiento de nuestra sociedad. Así, las actuales proyecciones demográficas del INE estiman que el porcentaje de ciudadanos con edades entre 16 y 44 años, el núcleo principal de la población activa, se va a reducir en un 13% en los próximos 25 años”,

detalla la presidenta de la Asociación Columbares. “Cuando los inmigrantes se hagan mayores, generarán el mismo problema de envejecimiento de la población que los españoles, porque su tasa de natalidad, ahora mayor, se va a ir asimilando a la española conforme se vayan asentando entre nosotros”, reflexiona Mercedes Fernández.

Por último, aunque los inmigrantes aportan el 7,4% del total de las cotizaciones sociales y sólo perciben el 0,5% del gasto en pensiones, es previsible que esta situación dé la vuelta a partir de 2030, cuando los inmigrantes empiecen a jubilarse. Fernández insiste en que “la inmigración ahora es absolutamente necesaria porque los españoles no quieren ocupar determinados puestos de trabajo”, pero advierte de que, “como en economía todo lo que sube baja, si entramos en una fase recesiva de ciclo económico, habrá que ver qué sucede con esos puestos”. Además, el porcentaje que aportan los inmigrantes en el IRPF es menor que el de los nacionales debido a que su salario es inferior y el IRPF es un impuesto progresivo, mientras que las aportaciones a otras fuentes de ingresos son más próximas al peso que tienen en la población (8,7%). Las previsiones de la Comisión Europea apuntan que la población mayor de 65 años aumentará en España en ocho millones y la población en edad de trabajar se reducirá en más de seis millones, entre 2007 y 2050. “Por ello, es importante que sopesemos desde ahora los pros y los contras de la inmigración, que ni viene a quitar los puestos de trabajo ni es una mina sin fondo, y tratemos de buscar soluciones a las previsiones de futuro”, anima Mercedes Fernández.