Mobbing inmobiliario

¿Una vivienda por un euro al mes en el barrio vizcaíno de Neguri donde el metro cuadrado ronda los 6.000 euros? Efectivamente, es la cantidad por la que un propietario cedió su casa a una familia de etnia gitana que encontró en la calle. Fue también el momento en que comenzó la pesadilla para el resto de vecinos: inundaciones con fugas intencionadas de agua mezclada incluso con heces, vehículos rayados, amenazas… No se trata del guión de una película, sino de un caso real, ocurrido en la casa Tangora de Getxo. El propietario de una de las viviendas quiso quedarse con la totalidad del inmueble y, ante la negativa del resto de propietarios a vender, trató de convencerlos “por las malas”. No se salió con la suya y el juzgado, amparándose en el artículo 544.bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, expulsó a los inquilinos. De la vivienda, y del término municipal. El magistrado reconoce en la sentencia que los imputados ejercían “un plan sistemático de acoso contra sus vecinos”, lo que se conoce como mobbing inmobiliario. ¿Mobbing? Muchos relacionan este término con una forma de acoso en el trabajo, porque efectivamente lo es. Pero no sólo existe este tipo de mobbing, y en su versión inmobiliaria se refiere a las citadas presiones ilegales que ejercen agencias y propietarios de viviendas para echar a sus inquilinos u otros propietarios, personas que en ningún momento habían tenido intención de irse, dejar su vivienda, ni venderla antes de este acoso. Según el Servicio Europeo de Información sobre el Mobbing (Sedisem), las amenazas se dirigen especialmente a quienes viven con rentas bajas, como ancianos o jóvenes, con el fin de forzar la venta de los pisos y el desalojo de la finca.

El mobbing inmobiliario tiene un claro precedente en el ‘Blockburts’. Se trata de una ‘corrupción fonética’ surgida de la pronunciación de dos términos ingleses: to Bursa (estallar) y block (bloque), que podría traducirse como ‘revientacasas’ y que en la Segunda Guerra Mundial se refería a los explosivos lanzados por la aviación aliada, capaces de aniquilar barrios enteros. Pero referida al tema inmobiliario, la expresión se utilizó en los años sesenta para designar una estrategia usual en Estados Unidos durante los años sesenta, en el contexto de las tensiones entre negros y blancos. Los agentes inmobiliarios se aprovechaban de los prejuicios raciales de los habitantes de las áreas residenciales, a quienes comunicaban falsamente que se avecinaba una adquisición masiva de viviendas que irían a parar a manos de negros. Para que la historia fuese creíble, exhibían por las inmediaciones a afroamericanos, como si de compradores se tratase. Los blancos vendían sus casas a precio de saldo y se mudaban. Cuarenta décadas después, la estrategia del miedo continúa surtiendo efecto, y de Cádiz a Barcelona, el fenómeno del mobbing inmobiliario recorre toda España. Pero tampoco el resto de Europa se libra de este tipo de acoso. La ONG International Alliance of Inhabitants recoge las denuncias de la sociedad civil en Europa y asegura que durante el Foro Social Europeo, celebrado en Atenas en mayo de 2006, la Federación de Arrendatarios de Londres denunció el lado oscuro de las olimpiadas de 2012, concretamente una aceleración de la privatización del sector inmobiliario y la demolición de edificios de viviendas de protección oficial para construir centros deportivos, comerciales, y casas de lujo. En Bégica, la ONG Solidarités Nouvelles denuncia asimismo desalojos cada vez más numerosos para alojar a la clase funcionarial comunitaria. No cabe duda de la extensión de este fenómeno, pero, ¿por qué se produce?

El llamado mobbing inmobiliario viene impulsado por el aumento del precio de la vivienda, que provoca la aparición de un mercado inmobiliario cada vez más voraz. Ante la demanda de clientes adinerados, los viejos cascos urbanos se han convertido en un gran atractivo para los especuladores. La finalidad de adquirir inmuebles en el centro de las ciudades es reconvertir las fincas en negocios más rentables, ya sean nuevos inmuebles más caros, locales comerciales y deportivos u hoteles.

María Dolores Peris, catedrática de Sociología de la Universidad de Barcelona, señaló en un estudio que, lejos de lo que pudiera parecer, el mobbing no es ninguna novedad en los planes de rehabilitación. En Barcelona, concretamente, desde hace años existe lo que en el argot urbanístico se denomina “sacar a los gusanos”. Según la socióloga, el mobbing forma parte de una estrategia mundialmente conocida: primero se devalúa el barrio por la invasión de emigrantes y población marginal, o por el envejecimiento de los edificios a los que no se asignan presupuestos para su mantenimiento; en una segunda fase, los especuladores adquieren las viviendas. Y asegura que el mobbing, una práctica que responde a un plan preconcebido, “no se erradicará mientras se mantenga la fractura, el desnivel, entre quienes practican la violencia utilizando estrategias y técnicas de alta predictibilidad, y quienes reciben las denuncias con la venda en los ojos”.

El mobbing ya está considerado como un problema, una violación de los derechos humanos. Así, hace sólo unos meses, a finales de 2006, el relator de Naciones Unidas Miloon Kothari elaboró un informe sobre la vivienda en España en el que denunció la violación de los derechos humanos en materia de vivienda, refiriéndose a un mobbing “sin parangón en el resto del mundo desarrollado” y una especulación inmobiliaria desenfrenada que deja al 25% de la población fuera del mercado de la vivienda. Asimismo señala la conveniencia de que se dejen de vulnerar los preceptos de la Constitución española, en concreto el art. 47, que obliga a “promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”, y que cumplan sus compromisos adquiridos con la firma de convenios internacionales de salvaguarda del derecho a la ciudad.

El mobbing inmobiliario está a la orden del día y la admisión a trámite de cada vez más casos de mobbing inmobiliario demuestra que es un problema extendido que requiere atención social y jurídica para erradicarlo. El Derecho Penal permite dar respuesta en sus manifestaciones más graves con denuncias por amenazas y coacciones, incluso a la acusación por fraude procesal cuando se acude a procedimientos judiciales innecesarios o injustificados con el objeto de obtener desalojos. Pero uno de los mayores problemas se encuentra en la dificultad de probar estos comportamientos, ya que suele ser difícil disponer de medios para acreditar la realidad de las acusaciones. Aunque los expertos no consideran necesario modificar el Código Penal, sí solicitan un mayor rigor en el control público del mercado inmobiliario así como la articulación de una red de asesoramiento a los consumidores.

Otros van más allá y solicitan la tipificación de acoso inmobiliario como una vulneración del derecho a la vivienda y su sanción con penas proporcionales a la importancia del mismo. Y sugieren que si se demuestra la participación en estas prácticas de miembros del Registro de la Propiedad, funcionarios municipales o autonómicos, sociedades mixtas público-privadas y administradores de fincas, se debería proceder a su inhabilitación para cualquiera de estos cargos públicos.

Según señalan desde Sedisem, uno de los primeros pasos en el reconocimiento legal de este tipo de conductas como delictiva fue la reapertura de la primera querella de mobbing que se produjo en España, que había sido presentada en el año 2003 y fue reabierta por orden de la Audiencia de Barcelona en mayo de 2004. Era el caso de una viuda que disfrutaba de un contrato de alquiler indefinido desde 1936 con una renta de 40 euros mensuales, y fue coaccionada por el propietario para que dejase la finca voluntariamente, renunciando a la indemnización que por ley le pertenecía por la rescisión del contrato. Para conseguir el desalojo, el propietario mantuvo el inmueble infestado de ratas y cucarachas, lleno de grietas, con problemas en el suministro de agua y electricidad, y la presencia de okupas en el terrado. El caso está pendiente de sentencia. También actuó la Justicia en el mencionado caso de la casa Tangora de Getxo, la primera sentencia en España que reconoce este tipo de coacciones inmobiliarias. En agosto de 2004 se dictaron medidas cautelares contra el empresario y tres de los treinta inquilinos de etnia gitana que habitaban el edificio, obligando al desalojo de los imputados, su expulsión de la localidad de Getxo y una orden de alejamiento de los vecinos, una victoria legal que abre el camino contra este tipo de delitos.

También en el resto de Europa parece que ha comenzado la lucha contra el mobbing inmobiliario. Así, en Italia, tras la alerta de la ONU sobre 600.000 amenazas de desalojo y gracias a la campaña Sfratti Zero (antidesalojo) contra las privatizaciones de las viviendas de protección oficial, en febrero de 2006 se firmó un protocolo que declara a Roma “ciudad libre de desalojos”. En Francia se ha introducido una norma en la legislación para transformar parte de los desalojos en nuevos contratos, y además se ha aprobado la construcción de 500.000 viviendas de protección oficial en los próximos cinco años.