La reciente sospecha que acaba de caer sobre Fundación Intervida por una presunta desviación de fondos a empresas privadas y la detención del presidente de Anesvad por un presunto delito de apropiación indebida de fondos ha puesto en entredicho la gestión de las ONG ¿Son suficientes los mecanismos de control? Las entidades aseguran que sí y defienden que lo ocurrido es algo puntual que afecta sólo a una persona, pero el caso es que en los últimos 20 años algunas organizaciones han aumentado sus ingresos de una manera tan espectacular que han surgido ciertos sentimientos de desconfianza hacia ellas. La sociedad reclama que su labor se base en principios de transparencia y excelencia en la gestión. De ello se encargan determinados mecanismos legales, como la Ley de Fundaciones, y otros de carácter voluntario, como el Código de Conducta de las ONGD (ONG para el desarrollo). Sin embargo, las entidades advierten a los propios ciudadanos y ciudadanas de la necesidad de ejercer un papel de guardianes: “Hay que pedir cuentas, en lugar de esperar a la buena voluntad de las organizaciones”, señalan.
¿Se puede confiar en las ONG?
Los casos Anesvad e Intervida han centrado la atención en la gestión de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). La detención del presidente de la primera de ellas por presunta implicación en un delito de apropiación indebida de fondos ha sembrado dudas sobre el modo de operar de estas entidades. Máxime cuando, pocos días después, la Comunidad de Madrid anunció su intención de investigar al Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL) por supuesta malversación de fondos y la ONG se vio obligada a aportar datos sobre sus proyectos y a anunciar su disposición a colaborar en la investigación. Hasta ahora, las organizaciones no lucrativas han gozado de la confianza de la sociedad, de cuyos bolsillos sale una buena parte de los ingresos de estas entidades. Sus propuestas para crear modelos alternativos, más solidarios, han sido un argumento suficiente para no sospechar de su gestión, pero ¿continúa siendo así?
El verano pasado, los presidentes de 11 de las principales organizaciones internacionales de desarrollo social, medio ambiente y derechos humanos del mundo aprobaron públicamente la primera Carta Mundial de Rendición de Cuentas del sector no lucrativo.
El verano pasado, los presidentes de 11 de las principales organizaciones internacionales de desarrollo social, medio ambiente y derechos humanos del mundo aprobaron públicamente la primera Carta Mundial de Rendición de Cuentas del sector no lucrativo
Para Enrique del Olmo, vocal asesor de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)
, el carácter de transparencia y eficacia es común a “la práctica totalidad de las ONG españolas, que cada año mejoran sus niveles de actuación y que, además de responder a la solidaridad de los ciudadanos españoles, lo hacen de un modo cada vez más transparente”. Reconoce a estas organizaciones como “actores que promueven cambios económicos y políticos”, y confía en que el conflicto surgido con la entidad vasca Anesvad tenga una repercusión “mínima” porque, señala, “el caso afecta a una persona y a una sola ONG, sin que la organización como tal esté implicada”. “La tendencia a apoyar a las ONG y la lucha contra la pobreza va a ir incrementándose, porque cada vez más la sociedad vive la perentoriedad de acabar con el hambre y la injusticia en el mundo”, augura. Desde Médicos Sin Fronteras (MSF), su director general, Aitor Zabalgogeazkoa, teme, por el contrario, que lo ocurrido con la citada entidad “haga que la sociedad incluya en el mismo saco a todas las demás”, aunque considera que casos como éste “vienen bien para que las ONG hagan un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas a la gente y sean concientes de que no se puede manejar a su antojo unos fondos que se les entregan con toda la buena voluntad y que hay que manejar con toda la profesionalidad posible”.
Un sector que da confianza
En esta línea, José María Herranz de la Casa, profesor doctor en la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid e investigador del papel de la comunicación para generar transparencia en las organizaciones no lucrativas, asegura que este sector es en el que mayor confianza tiene la sociedad “según los barómetros y estudios nacionales e internacionales”. “Sin embargo -prosigue-, la inseguridad y la incertidumbre del mundo en el que vivimos, acrecentada desde el año 2001 con los atentados del 11 de septiembre y el escándalo empresarial de ENRON, han agudizado la desconfianza de los ciudadanos en todas las instituciones y organizaciones políticas, económicas y sociales”. Herranz cree que, en este contexto, “cualquier escándalo se engrandece y las ONL (organizaciones no lucrativas) no están exentas de crisis, escándalos o corruptelas”. “Si nos ceñimos a los datos, en los medios aparecen más escándalos del mundo empresarial que en las ONL, pero tienen más repercusión mediática y social los de las ONL por su propia esencia e identidad”, apunta. A su entender, todavía queda “mucho que mejorar” en la transparencia de todos los sectores, pero aboga por la comunicación como “un elemento fundamental a la hora de mostrar esta transparencia, si se entiende la comunicación como un proceso de relación con los ciudadanos.
Mecanismos para garantizar la transparencia
El volumen de ingresos que pueden llegar a manejar las organizaciones no gubernamentales cuenta con diversos mecanismos y métodos de control. Uno de ellos es la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, que dedica el capítulo V al funcionamiento y actividad de una fundación. En este sentido, afirma que estas entidades están obligadas a dar información suficiente de sus fines y actividades, y a actuar con criterios de imparcialidad y no discriminación a la hora de determinar quiénes son sus beneficiarios. Además, obliga a las fundaciones a llevar una contabilidad “ordenada y adecuada a su actividad, que permita un seguimiento cronológico de las operaciones realizadas”, elaborar una memoria anual que incluya el patrimonio, destinar a la realización de los fines fundacionales al menos el 70 % de los ingresos y someter a auditoría externa las cuentas anuales de todas las fundaciones en las que, a fecha de cierre del ejercicio, concurran al menos dos de las siguientes circunstancias:
- Que el total de las partidas del activo supere 2.400.000 euros.
- Que el importe neto de su volumen anual de ingresos por la actividad propia, más el de la cifra de negocios de su actividad mercantil sea superior a 2.400.000 euros.
- Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 50.
Por su parte, la Agencia Española de Cooperación Internacional puso en marcha en 2005 un nuevo sistema financiación y relación con las ONGD (orden 1303/2005), que consta de dos instrumentos: los proyectos de cooperación y los convenios. Estos últimos son plurianuales (la mayoría de cuatro años) y permiten negociar, entre la AECI y las ONGD, tanto los objetivos como las características de las intervenciones. La institución cuenta también con convocatorias públicas para acceder a subvenciones y realiza un seguimiento posterior a la concesión de la ayuda. En concreto, durante el período de ejecución de las acciones financiadas, las ONGD deben realizar informes periódicos, que son contrastados sobre el terreno por las Oficinas Técnicas de Cooperación de la AECI. Además, concluida la actividad subvencionada, deben presentar un informe final, que comprende tanto una justificación técnica del logro de los objetivos propuestos como una económica del correcto uso de los fondos recibidos. Si en alguno de estos pasos se detectan posibles irregularidades, la Agencia puede reclamar el reintegro de los fondos que no se consideren correctamente empleados.
Según Enrique del Olmo, con estos mecanismos no hace falta más control sobre la gestión económica de las organizaciones porque “los que pasan son más exhaustivos que los que tienen las empresas en los contratos con la administración y, desde ese punto de vista, el sistema de una adecuada gestión de los fondos públicos está garantizado”. No obstante, desde Ayuda en Acción consideran que la Administración sí debería controlar más las ayudas que reciben las organizaciones, aunque reconoce que “las distintas administraciones estatales, autonómicas y locales, cada vez más tienden no sólo a verificar y controlar el uso y destino de las ayudas que otorgan a las ONG, sino además a comprobar la capacidad de funcionamiento de éstas a través de distintos procesos de calificación y de calidad, cada vez más exigentes”.
Otro tipo de mecanismos
Otro de los mecanismos de control son las auditorías de la Fundación Lealtad, a las que las ONG se pueden someter de manera voluntaria desde 2001. Esta Fundación, entidad sin ánimo de lucro, elabora a partir de la información facilitada por cada ONG un análisis basado en nueve Principios de Transparencia y Buenas Prácticas. Ese análisis queda reflejado en un informe sobre el cumplimiento, por parte de la organización, de cada uno de los Principios, así como una visión general de la entidad y otros datos de interés. La directora de la Fundación Lealtad, Patricia de Roda, asevera que la misión de esta Fundación es “fomentar la confianza de particulares y empresas en asociaciones y fundaciones que cumplan fines de acción social, cooperación al desarrollo, ayuda humanitaria y/o medio ambiente”, y explica que el objetivo final es “lograr un incremento de las donaciones y del voluntariado de particulares y empresas”.
Algunas organizaciones llevan a cabo controles internos en los que se analizan los programas que realizan
En este sentido, anima a la sociedad “a pedir cuentas, en lugar de esperar a la buena voluntad de las organizaciones” y cree que, tras una época en la que “no se ponía en duda el trabajo de las ONG, ahora hay que ponerlo en duda”. “Somos organizaciones sociales que podemos cometer errores y no estar en el camino correcto. Hace falta más atención mediática sobre lo que hacemos y sobre lo que dejamos de hacer”, advierte. “La participación de muchas personas en cada organización es un mecanismo muy importante. Es difícil que una persona decida apropiarse indebidamente de una parte de los fondos y que consiga hacerlo sin que nadie de quienes participan se dé cuenta. Por eso es importante resaltar el valor de la participación, incluso en el caso de los donantes, para que revisen las memorias anuales, pidan información y, si ven algo que les llama la atención o que no les parece adecuado, pregunten y pidan explicaciones”, añade José María Medina.
