¡A qué padre de adolescente no se le ha pasado alguna vez por la cabeza que le gustaría vigilar por una rendija a su hijo cuando está fuera de casa! Además, siguen muchas las personas que ante sospechas de infidelidad de su pareja no dejan de preguntarse dónde estará ella o él en cada momento y con qué compañía. Estos podrían ser dos situaciones típicas en las que podríamos pensar a la hora de hablar de los servicios de un detective privado. El descubrimiento de ‘líos’ más o menos amorosos o el espionaje a un hijo son, sin embargo, clichés que representan tan sólo en una pequeña parte la labor que ejercen este tipo de profesionales. La evolución de la sociedad, en la que la información fiable y de primera mano se ha convertido en un bien más que preciado, ha procurado un incremento en la demanda de prestaciones de agencias de investigación privada. No en vano, en los últimos cinco años se ha duplicado en España el número de detectives privados y en la actualidad hay más de 2.200 licencias en vigor. Por otro lado, se estima en 3.000 el número de profesionales necesarios para cubrir la creciente demanda en el mercado nacional.
Peticiones curiosas
El desconocimiento sobre la labor del investigador privado, o al menos su encasillamiento en determinados patrones, va atenuándose. La imagen del detective actual poco tiene que ver con la del hombre misterioso envuelto en una gabardina, que usa sombrero y esconde su rostro tras un periódico mientras finge estar leyendo. La idea holmesiana del investigador privado, heredada de los relatos de Conan Doyle, va quedando atrás.
Por otra parte, en la actualidad, las nuevas tecnologías, en constante evolución, brindan al detective una inestimable ayuda en su trabajo y le permiten alcanzar mejores y más rápidos resultados, a la vez que amplían sus horizontes y las características de la demanda de sus servicios.
A pesar de haber menguado este desconocimiento en la sociedad, el ciudadano de a pie no suele tener una idea clara sobre a qué se dedica exactamente. En consecuencia, los profesionales de la investigación privada se encuentran, en ocasiones, ante peticiones curiosas, cuando no extravagantes, por parte de clientes desorientados o, quizás, con ganas de broma. Algunos clientes los confunden con gestores de cobro a morosos, como asegura Antonio Cereceda, director de ACME Investigaciones, en Sevilla, quien afirma también que hay personas que hacen encargos “extrañísimos”, como un cliente que les contrató para que le localizaran el último CD de una cantante española, porque él no lo encontraba.
La Ley 23/1992 de Seguridad Privada, que regula la actividad del detective privado en España, y el Real Decreto 2364/1994 que la desarrolla, establecen como funciones del detective las de obtener y aportar, por encargo de personas físicas o jurídicas, información y pruebas sobre conductas o hechos privados; investigar delitos perseguibles a instancia de personas legitimadas en un proceso penal; y la vigilancia en ferias, hoteles, exposiciones o ámbitos análogos. Aquí se incluirían también los locales públicos de gran concurrencia.
Los servicios más demandados
El 40% de las investigaciones en España están relacionadas con el ámbito laboral, como bajas fingidas, competencia desleal o mala práctica de empleados
Sólo el resto, un 20% de los casos, se engloba en la esfera familiar. En este capítulo, una pequeña parte se correspondería con la investigación de infidelidades, cuya demanda ha descendido debido a que, con la nueva Ley del Divorcio, no hay que aportar pruebas de este tipo para justificar la decisión. En el terreno del matrimonio es más habitual la demanda de servicios relacionados con la investigación de situaciones derivadas de separaciones y divorcios, como, por ejemplo, la búsqueda de pruebas que acrediten la suficiencia de ingresos del ex cónyuge para dejar de pasarle una pensión, o que procuren cambios en un régimen de visitas de los hijos, en su guardia y custodia, etcétera. En relación, también, al ámbito de la pareja, se han disparado los controles sobre las órdenes de alejamiento.
La demanda de control de menores, sobre todo de adolescentes, ha sufrido, igualmente, un incremento notable. Un caso muy típico es el de los padres que mandan a sus hijos a estudiar fuera, a la universidad o a un internado, y que quieren saber si de verdad están estudiando, según indica Julio Gútiez, presidente de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE). “Precisamente, los jóvenes son los más difíciles de seguir -matiza el experto- ya que los mayores tenemos costumbres más fijas, rutinarias. Pero los jóvenes son más imprevisibles, y lo mismo van en moto, que cogen el metro o un autobús… en muy poco tiempo”.
El método de trabajo: no todo vale
Por amplio que sea el espectro de actuación, ni todo se puede investigar, ni todos los métodos son admisibles, ni tan siquiera cualquiera puede encargar investigar a otra persona. En primer lugar, la legislación vigente atribuye a las agencias la libertad de aceptar o no el encargo de una investigación. En este sentido, cuando un cliente llega al despacho de un detective privado o a una agencia para contratar un servicio, debe demostrar que tiene un vínculo con la persona a la que desea investigar, que su objetivo tiene una razón de ser y que ésta es legítima. De lo contrario, su petición sería denegada. Si alguien, por ejemplo, pretende que se investigue a un vecino sin una razón aparente o justificada, se le harán una serie de preguntas con las que averiguar su intención, porque muchas veces lo que se pretende es sacar algún trapo sucio para utilizarlo con objetivos no del todo lícitos. Este tipo de encargos están perseguidos por la ley.
En esta profesión, tal como subrayan los expertos, se pueden dar situaciones macabras y peligrosas. La agencia de investigación no es, obviamente, responsable, pero debe abstenerse de contribuir a ellas si las detecta desde un principio. Se han dado casos como el que detalla Cerceda sobre unos clientes que querían localizar a una persona con un fin que no estaba del todo claro. “Finalmente, tirando del hilo, descubrimos que pretendían secuestrarle para después pedir un rescate. “.
En lo que se refiere al límite al que se puede llegar en una investigación, la Ley es clara al respecto, y lo establece en el respeto al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen y al secreto de las comunicaciones. Es decir, se pueden, por ejemplo, obtener fotografías o colocar micrófonos en lugares públicos, pero jamás irrumpir en la esfera privada de quien es investigado o intervenir un teléfono. Esto último es algo muy demandado, sobre todo “pinchar el propio teléfono de casa para escuchar conversaciones de algún otro miembro de la familia. Es algo que se pide constantemente”.
Los detectives privados tampoco pueden investigar delitos perseguibles de oficio y están, además, obligados a alertar a las autoridades cuando descubren cualquier tipo de delito mientras realizan su trabajo, y facilitar a éstas toda la información que hayan obtenido al respecto.
Un servicio para economías pudientes
Contratar los servicios de un detective o de una agencia de investigación privada no es barato. Con todo, hablar de unos precios medios para este tipo de prestaciones no es cosa fácil, ya que el presupuesto depende mucho de la política de la agencia a la que se acuda, de las características y dificultades que entrañe cada caso particular, y del material que el cliente desee obtener o los servicios adicionales con los que quiera contar.
Como norma general, cuando el cliente expone su caso, la agencia le asesora sobre lo que pueda necesitar y acuerda con él un presupuesto inicial por escrito. En este presupuesto se tienen en cuenta el tiempo por el que se contrata el servicio, las características del mismo y los materiales adicionales (fotografías, vídeos…) al consabido informe escrito donde se detallan las gestiones practicadas y los resultados obtenidos que el cliente desee que se le faciliten. Sin embargo, una investigación que en un principio parece sencilla puede complicarse durante su transcurso y alargarse si el cliente decide continuar con el consecuente incremento de la suma a abonar. Aunque no es la práctica habitual, hay agencias que trabajan con un presupuesto cerrado por caso, independientemente de lo que ésta finalmente llegue a durar.
Los honorarios para los servicios de vigilancia y control de comportamientos en general, y los de búsquedas y localizaciones, rondan los 70 euros la hora
La Asociación Profesional de Detectives Privados de España que a través de sus agencias asociadas agrupa a más del 75% de profesionales del país establece una lista de aranceles profesionales. En la práctica sufren modificaciones, dependiendo de la política de cada agencia. Según los aranceles prescritos por la APDPE, la consulta en el despacho se cobraría a 70 euros cuando no se contrata ningún servicio. Los honorarios para los servicios de vigilancia y control de comportamientos en general, y los de búsquedas y localizaciones, rondan los 70 euros la hora. Estas tarifas se incrementarían en un 50% si se trabaja de noche o en días festivos. A esto habría que añadir, en su caso, los gastos derivados de desplazamientos, hospedajes y dietas, alquiler de vehículos o material gráfico (fotografías y vídeos), entre otros. Y por supuesto, el IVA. En los casos de investigaciones que entrañen una especial dificultad, es habitual que las partes acuerden otras tarifas de mutuo acuerdo.
El precio de otro tipo de prestaciones, como la elaboración de informes prelaborales, financieros (sobre solvencia, localización de bienes…), o de arrendamientos (duplicidad de domicilios, dedicación del inmueble…) se establece a partir de los 800 euros. El importe se incrementa hasta los 1.000 euros si se trata de informes personales. Servicios más sofisticados, como los relacionados con la seguridad electrónica, no bajan de los 1.500 euros. Se trata, en estos casos, de detectar escuchas clandestinas, ambientales o telefónicas, u otro tipo de dispositivos de observación y control. Es habitual que un detective acuda a un juicio para ratificarse o testificar, ya que sus informes son oficialmente considerados periciales y los propios investigadores privados, testigos, debido a su labor directa, en primera persona, a la hora de obtener los resultados y hacer la peritación. Hay que tener en cuenta que en el 90% de los casos, las pruebas de las investigaciones se presentan en un juicio. Los honorarios son, en este caso, de 180 euros por detective sin IVA.
Las anteriores no son más que tarifas orientativas que las agencias pueden tratar de mejorar para ofrecer opciones más competitivas, siendo ésta la práctica habitual. Por ejemplo, se puede ofertar un 2×1. Es habitual vender un servicio de investigación como si lo estuviera haciendo una persona, aunque en realidad la lleven a cabo dos, o realizar contraofertas que mejoren las condiciones de la competencia.
En el caso de clientes particulares, el pago de los servicios se hace, en su mayor parte, por adelantado. Se les pide una provisión de fondos inicial de entre el 50% y el 75% del total, según el caso. Esta práctica se explica por el creciente nivel de morosidad en nuestro país. En el caso de empresas, cuando los servicios prestados son más habituales y continuados, el funcionamiento es diferente. Se suele trabajar con convenios por los que la entidad contratante se compromete a abonar cada cierto tiempo (por ejemplo, a final de cada mes) las gestiones realizadas en ese período. Por lo tanto, como norma general, pagan a trabajo vencido.
