Carlos Rubén Fernández (Madrid/1970) ha desarrollado una carrera profesional fulgurante dentro de la ONCE, primero en los distintos medios de comunicación del Grupo Once y después ocupando cargos de responsabilidad, como Director General Adjunto en 2000, como Vicepresidente ejecutivo en 2002 y como Presidente de la Fundación ONCE y del Grupo Fundosa un año después. Este informático de profesión se quedó ciego a los 18 años como consecuencia de un golpe sufrido cuando practicaba su deporte favorito, el rugby. Por ello, ha vivido muy de cerca el desconocimiento y los prejuicios de la sociedad española en la contratación de personas discapacitadas. “Aunque existe una mayor concienciación de la sociedad respecto a la realidad de los discapacitados, nos topamos con barreras a la hora de pasar a la acción, por ejemplo cuando se necesita poner una rampa en la comunidad de vecinos”, subraya.
La Fundación ONCE para la Cooperación e Integración Social de Personas con Discapacidad nace en febrero de 1988, por acuerdo del Consejo General de la ONCE, y se presenta ante la sociedad en septiembre de ese mismo año como un instrumento de cooperación y solidaridad de los ciegos españoles hacia otros colectivos de personas con discapacidad para mejorar sus condiciones de vida. La labor de la Fundación ONCE centra su actuación en dos grandes capítulos que creemos fundamentales para conseguir la integración de las personas con discapacidad: la formación y el empleo, así como la accesibilidad en todos los ámbitos de la vida diaria.
Cuando la Fundación ONCE emprendió su andadura se dio cuenta que el principal problema de base era el desconocimiento que existía en torno a la contratación de personas con discapacidad, tanto por parte de empresas como de instituciones. Precisamente por esta razón, la propia Fundación creó un grupo de empresas (FUNDOSA) con el objetivo de generar empleo para las personas con discapacidad y demostrar a la sociedad que la discapacidad no resta productividad al trabajador. En la actualidad el Grupo FUNDOSA está conformado por 32 compañías filiales y 30 participadas que dan empleo a más de 12.000 personas, de las que un 71% convive con algún tipo de discapacidad. Sin embargo, a pesar de estos resultados, la inserción laboral de las personas con discapacidad sigue siendo la asignatura pendiente de la empresa española.
Hace más de veinte años, en 1982, se aprobó la Ley de Integración Social de Minusválidos, la primera normativa de rango estatal en establecer cuotas de reserva de empleo a favor de las personas con discapacidad. De acuerdo con esta norma, las empresas privadas de más de 50 empleados han de contar con un 2% de trabajadores con discapacidad en sus plantillas y las administraciones públicas con un 5%. A esta ley siguieron otras normativas en materia de empleo que, entre otras mejoras, flexibilizaban el marco legal proporcionando a las empresas medidas alternativas en caso de que no pudieran cumplir con la ley. El marco legal básico, por tanto, ya lo tenemos, lo que sucede es que no se cumple. Siguen existiendo prejuicios y desconocimiento en torno a la rentabilidad que conlleva contratar a personas con discapacidad. Todavía existen algunas empresas que presumen incluso de Responsabilidad Social Corporativa cuando ni siquiera cumplen con la única medida de acción social responsable establecida por ley.
Desde la Fundación ONCE intentamos transmitir dos mensajes. En primer lugar, un mensaje de normalización con el que difundir que el diseño para todos no está reñido con la estética, ni con la vanguardia, ni con la comodidad, ni con las nuevas tecnologías; muy al contrario, la accesibilidad es compatible con todo, con todos y en todos los ámbitos.
La accesibilidad es compatible con todo, con todos y en todos los ámbitosEn segundo lugar, un mensaje de rentabilidad hacia aquellos profesionales que tienen en su mano hacer posible que el diseño para todos no sólo esté presente en los catálogos de ferias, sino también en los almacenes de las tiendas, en proyectos urbanísticos, en hoteles, en restaurantes, en oficinas … y en un sinfín de entornos cuya accesibilidad sigue siendo enormemente limitada.
Sí que se percibe un mayor grado de sensibilización hacia la realidad social de las personas con discapacidad por parte de poderes públicos, entidades privadas y particulares, pero todavía nos topamos con barreras a la hora de pasar a la acción. Por ejemplo, todos deseamos que una persona con discapacidad se desenvuelva con la mayor autonomía posible en su día a día, pero cuando el interesado solicita construir una rampa o instalar un ascensor en su comunidad de vecinos casi siempre surgen problemas.
La persona con discapacidad se enfrenta diariamente a multitud de barreras de distinta procedencia. Algunos impedimentos son físicos u objetivos y derivan de la propia discapacidad y del entorno que, como hemos apuntado, no está diseñado para todos. Sin embargo, otros obstáculos son totalmente subjetivos y vienen dados por la mentalidad y los mecanismos de defensa de la persona discapacitada, por el excesivo proteccionismo de su misma familia y por los prejuicios y trabas de la sociedad en su conjunto. ¿Cuáles de ellos son más difíciles de superar? Pues digamos que los primeros son grandes muros, pero están a la vista y con esfuerzo e información se pueden ir salvando. Los psíquicos, en cambio, son paredes invisibles, difíciles de identificar y, por supuesto, de superar.
Todos pensamos que las reivindicaciones a favor de la integración social de las personas con discapacidad son importantes pero, como hemos dicho antes, no siempre se catalogan de urgentes. No obstante, también hay hechos que nos llenan de esperanza. El pasado mes de septiembre, sin ir más lejos, pasó inadvertida una moción en el Congreso de Diputados que supone un hito en la historia de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Por primera vez, hubo unanimidad en el Parlamento a la hora de apoyar una proposición no de ley que insta al Gobierno a emprender acciones que refuercen el cumplimiento de las cuotas de reserva de empleo para trabajadores con discapacidad, que actualicen las bonificaciones cuya cuantía data de 1985 y que se estudien nuevas medidas para premiar a las empresas que por propia voluntad excedan el cupo de personas con discapacidad marcado por ley.
Las Tecnologías de la Información son un arma de doble filo que pueden incrementar la exclusión de las personas con discapacidad y que también pueden agilizar la integración definitiva. Pero la accesibilidad integral no es labor exclusiva de las políticas sociales, ni una cuestión de ética, sino que es un derecho universal y una cuestión de sentido común: lo que es bueno para las personas con necesidades especiales es bueno para todos. Brindar la posibilidad de subtitulación en conferencias o audiodescripción en vídeos no perjudica a ningún colectivo y en la mayoría de los casos su retorno de inversión es prácticamente inmediato.
Según la OCDE, España ocupa la posición 24 de la Europa de los 25 en integración laboral de personas con discapacidad
España ocupa la posición 24 de la Europa de los 25 en integración laboral de personas con discapacidadEn este capítulo tan sólo superamos a Polonia. La verdad es que hemos avanzado y mucho en los últimos años, pero todavía arrastramos un retraso de normalización que un país como España no se puede permitir. En Europa prevalece desde hace décadas el modelo social que atiende la inclusión social en sentido amplio como un derecho de las personas con discapacidad y en España, durante décadas, la discapacidad fue atendida desde la óptica asistencialista dejando en un segundo plano cualquier avance de normalización. En este sentido, la Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal supuso un extraordinario avance en materia de normalización; por primera vez, se sitúa a la discapacidad en la esfera de los derechos humanos, un ámbito en el que siempre debió estar.
Los discapacitados necesitan disfrutar de la ciudadanía en igualdad de oportunidades tanto en derechos como en obligaciones.
Los discapacitados necesitan disfrutar de la ciudadanía en igualdad de oportunidades tanto en derechos como en obligacionesNecesitan lo mismo que una persona sin discapacidad, lo que ocurre es que, en nuestro caso, muchas veces partimos de cero. Nos tenemos que adaptar a un sistema que no ha sido creado para nosotros cuando, con el esfuerzo de todos, podríamos crear un mundo diseñado por y para todos.
La Fundación ONCE se nutre principalmente de la recaudación que la ONCE obtiene del cupón. Una tercera parte de los beneficios que la Organización Nacional de Ciegos Españoles destina a servicios sociales está dirigida al resto de personas con discapacidad a través de la Fundación y de las organizaciones del movimiento asociativo con las que colabora estrechamente. Aproximadamente un 85% de nuestro presupuesto viene directamente de la mencionada aportación de la ONCE y el 15% restante de nuestra actividad empresarial y de programas europeos (FEDER y FSE) principalmente.
