La Red Española de Ciudades por el Clima (RECC) está compuesta en la actualidad por 134 ciudades que representan a más de 16 millones y medio de habitantes. Impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), su objetivo es lograr que los gobiernos locales asuman una serie de compromisos que contribuyan a frenar el cambio climático. Según Gabriel Álvarez (Oviedo, 1954), Secretario de la Comisión Ejecutiva de esta Red, se trata de un proyecto joven, con apenas un año y medio de vida, al que no paran de adherirse nuevos miembros. Precisamente, en los últimos días se han integrado siete nuevas ciudades: Santa Cruz de Tenerife, Arrecife, Guadalajara, Ibiza, Langreo, Parla y Vigo. “Nuestra pretensión es que estén todos los municipios de más de 20.000 habitantes”, afirma Álvarez, que es además Secretario General de la FEMP.
Además de una serie de requisitos formales, las ciudades que participen en la Red deberán asumir los compromisos adoptados en la Conferencia de Aalborg + 10, celebrada en junio de 2004 y que desarrollan los principios básicos de la Carta Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles, aprobados en Aalborg en 1994.
Por otra parte, la Red determina una serie de actuaciones, en función de las características de cada municipio, que no tengan significativas implicaciones económicas para los presupuestos municipales, pero que deben tender a conseguir un cambio en la tendencia de emisión de gases de efecto invernadero (GEI). Después, se exigen otras actuaciones, como medidas para favorecer la eficiencia energética, las energías renovables, los medios de transporte menos contaminantes, entre muchas otras.
Precisamente, el pasado 16 de febrero la Ministra de Medio Ambiente y el Presidente de la FEMP dirigieron una carta a los Alcaldes de 246 municipios con más de 20.000 habitantes que todavía no se han adherido a la RECC.
La Red está siendo seguida muy de cerca por otros países europeos, al ser una experiencia municipal pionera contra el cambio climáticoEl principal logro es el número de entidades locales adheridas hasta la fecha y la gran capacidad de trabajo demostrada. En materia medioambiental, los resultados se podrán medir a medio y largo plazo, porque son muchos los retos y objetivos. Por eso, es primordial, en primer término, aunar esfuerzos a la hora de actuar contra el cambio climático y concertar políticas dirigidas a conseguir un desarrollo sostenible en nuestras ciudades. Eso es lo que ya está consiguiendo la Red. Por otro lado, la iniciativa está siendo seguida muy de cerca por otros países europeos, al ser una experiencia municipal pionera en la lucha contra el cambio climático.
Todos los gobiernos locales están comprometidos en esta tarea y, por ello, no podemos ni debemos señalar a ninguno, ni en positivo ni en negativo. Lo que sí está claro es que el ejercicio de las competencias medioambientales necesarias para conseguir un desarrollo sostenible requiere del protagonismo de la Administración local. De ahí que sea preciso impulsar una política de concertación y participación de las distintas Administraciones territoriales en la planificación de la política medioambiental y, en consecuencia, que los municipios dispongan de instrumentos de gestión suficientes y de más recursos, que favorezcan el control medioambiental de las actividades que se realizan en su territorio y que les permita llegar más lejos en materia medioambiental.
Conseguir un desarrollo sostenible requiere del protagonismo de la Administración localEn lo que respecta a la RECC, los problemas son conocidos por todos: la contaminación atmosférica, producida por las emisiones de vehículos y otras fuentes, como las calefacciones; el excesivo consumo energético; la generación de residuos; o los efectos del propio desarrollo urbanístico.
Es fundamental luchar por conseguir una mayor eficiencia energética, por ahorrar energía y por tener un transporte que contamine lo menos posible. Y por supuesto, es esencial una planificación urbana y de edificación que se ajuste a un modelo ambicioso de desarrollo sostenible.
Los gobiernos locales están elaborando ordenanzas municipales que favorecen el ahorro del consumo energético y la incorporación de fuentes renovablesLos gobiernos locales ya están actuando en esa línea, mediante la elaboración de ordenanzas municipales que favorecen el ahorro del consumo energético y la incorporación de fuentes renovables, con la consiguiente reducción de la emisión de GEI (gases de efecto invernadero), o actuando directamente sobre las propias instalaciones municipales, como puede ser la iluminación exterior de las calles y de los edificios públicos, la calefacción de edificios administrativos, colegios, etc. También, por medio de la incentivación, a través de subvenciones o cualquier otro medio, a las acciones particulares que contribuyan a la lucha contra el cambio climático.
En un plano general, colaborando con las políticas medioambientales de las distintas Administraciones, para lo que es necesario también que esas Administraciones, sobre todo la local, articulen cauces de participación ciudadana y acciones eficaces de información. Los consumidores, es decir los vecinos, deben exigir a sus gobiernos locales un firme compromiso en la lucha por el clima.
En un plano más “personal”, los ciudadanos, individualmente, debemos llegar al convencimiento de que es necesario ser más racionales a la hora de plantearnos nuestras necesidades cotidianas, ahorrar energía, o utilizar medios de transporte que contaminen menos y generar menos residuos, por señalar lo más obvio pero también lo más acuciante.
En 2050 deberíamos haber reducido las emisiones entre un 15 y un 50% a nivel planetario, objetivo que supera con mucho las expectativas de KyotoLos científicos, con más o menos consenso, dicen que las concentraciones en la atmósfera no deben sobrepasar las 550 partes por millón de dióxido de carbono (CO2) para que el incremento de la temperatura en el planeta no supere en promedio los dos grados centígrados, límite a partir del cual los cambios climáticos se pueden realimentar convirtiéndose en imprevisibles. Estabilizar esta concentración de GEI en la atmósfera, implicaría que en 2050 deberíamos haber reducido las emisiones entre un 15 y un 50% a nivel planetario, objetivo que supera con mucho las expectativas del Protocolo de Kyoto. No obstante, hay síntomas de cambio. Iniciativas como la RECC son buen ejemplo de ello.
Con el esfuerzo de todos, todavía podemos conseguirlo. Para ello, en lo que concierne a los gobiernos locales, las medidas que se deben tomar son muchas, pero destacaría varios pilares básicos:
- Energías renovables: Se deberían introducir medidas económicas y fiscales para favorecerlas en general, y en los edificios e instalaciones municipales en particular. Habría que aprobar ordenanzas municipales sobre energía solar térmica para las nuevas edificaciones y para el alumbrado público, y promover la arquitectura bioclimática en las nuevas ampliaciones de la trama urbana, así como en la rehabilitación de los edificios cuando sea técnicamente viable.
- Eficiencia energética: Exigirla en las instalaciones y servicios municipales (abastecimiento, potabilización y depuración de aguas residuales, instalaciones municipales, etc), y en las nuevas contrataciones municipales y en los concursos de adjudicación de servicios municipales, procurando la progresiva sustitución de las tecnologías menos eficientes en los edificios e instalaciones municipales. Habría que impulsar acuerdos con los agentes económicos y las asociaciones de consumidores para la instalación de equipamientos domésticos eficientes y para el buen uso de la energía en los hogares particulares; campañas de sensibilización sobre uso eficiente de la energía; auditorías energéticas y certificación de los edificios municipales e instalaciones dependientes.
- Transporte urbano menos contaminante: Implantación de medidas para calmar el tráfico y, en su caso, restricción del tráfico privado en determinadas áreas de los centros urbanos: peatonalización de calles, restricciones de aparcamiento, limitación de velocidad, etc.
- Racionalización del uso y consumo de suelo, reservando espacios para plantaciones arbóreas y arbustivas e incrementando las zonas verdes y de esparcimiento en las ciudades.
- Aprobación de un Plan de Movilidad Sostenible que favorezca las flotas de vehículos eficientes energéticamente y de energías más limpias, como gas y biocombustibles.
La falta de alternativas reales al transporte privado debe ser afrontado por los gobiernos locales de forma urgente e imprescindibleEs un reto que, efectivamente, los gobiernos locales deben afrontar de forma urgente e imprescindible. Asimismo, el rendimiento energético de este tipo de transporte depende de numerosos factores. Por eso, es necesario impulsar el transporte público colectivo de una manera racional y eficaz, al mismo tiempo que se estimulan alternativas y medidas disuasorias del automóvil. En cualquier caso, el transporte público ayuda a rebajar el problema de la contaminación derivada de la utilización del vehículo privado.
Deberían serlo por el bien de todos. Son dos conceptos que, en principio, pueden colisionar por obedecer a intereses contrapuestos, pero deben terminar por encontrarse para lograr un mismo objetivo. En todo caso, para eso están las leyes y la acción de las diferentes Administraciones competentes en materia medioambiental y urbanística. Y en este terreno, la labor de la Administración local es fundamental, tanto en lo que respecta a la sensibilización medioambiental como a la planificación y desarrollo urbanístico.
Los Ayuntamientos adheridos a la Red trabajan en la promoción de la edificación sostenible, abordando la certificación energética de edificios públicos e instalaciones municipales y promoviendo la eficiencia energética y el desarrollo de energías renovables en las ofertas de viviendas públicas. Además, desde la FEMP, estamos llevando a cabo un plan de formación sobre el Código Técnico de la Edificación dirigido a técnicos de la Administración local. Los buenos resultados podrán comprobarse a medio y largo plazo.
