Dos años de trabajo, 36 autores y 1.600 páginas. Estos números muestran el esfuerzo que ha requerido el primer Tratado sobre Discapacidad escrito en España y en Europa. No hay excusas. En un país como el nuestro, donde cada año se publican 50.000 nuevos títulos al año, nadie se había atrevido hasta ahora a elaborar una obra centrada en ‘ayudar a los que ayudan’ desde la reflexión y el rigor científico. Sólo Rafael de Lorenzo (Albacete, 1952) y Luís Cayo, (coautor) se han animado a llevar este proyecto adelante, en un intento abordar el tema de la discapacidad desde muy distintos ámbitos: jurídico, económico, social… De Lorenzo recorre en una treintena de capítulos las distintas realidades que afectan a un discapacitado, las leyes que le protegen y las actuaciones de las distintas organizaciones a las que pertenece y que le ayudan. Un referente que invita a una reflexión: no basta con echar la culpa a los demás, sino que cada uno debe de cumplir su parte, tanto las administraciones como la ciudadanía. Reconoce que se está avanzando mucho, pero con matices. “Las mejoras no se están realizando al ritmo de las necesidades sociales”, lamenta.
Les proporciona un beneficio indirecto. Hay que aclarar que no es un libro dedicado a un caso concreto de discapacidad. Es una obra de consulta dirigida a profesionales del ámbito universitario, profesionales relacionados con el mundo de la discapacidad, miembros de dirección, patronatos de fundación, gestores de entidades… Este Tratado supone un avance en la mejora de un conocimiento más global del mundo de la discapacidad, de ahí que el beneficio, a medio plazo, sea de imagen, conocimiento y de mayor aceptación de esa realidad.
“Este Tratado supone un avance en la mejora de un conocimiento más global del mundo de la discapacidad”
El tema de la accesibilidad es muy importante para nosotros y lo recogemos en el Tratado, concretamente en la parte referida a la vivienda. Nosotros tratamos el enfoque específico de qué hay que hacer para que las viviendas sean accesibles, pero no entramos en el derecho global de los ciudadanos de tener un acceso a la vivienda. Ponemos el acento principalmente en qué programas hay de reserva de vivienda protegida y accesible para personas con discapacidad.
Bueno, se va avanzando, aunque el problema tiene dos protagonistas. En ocasiones son las entidades públicas las que promocionan suficiente vivienda accesible para personas con discapacidad, pero otras veces se da el caso contrario. Las hay, pero por falta de información o pasividad los discapacitados no las piden. Es lo que yo llamo el ‘complejo de Leonardo’, que luchaba mucho por hacer avances, descubrimientos, pero luego no los remataba o no los sabía usar. A veces también ocurre eso. Hay beneficios en el sistema que por la falta de interés de la población se desaprovechan.
“Hay beneficios en el sistema que por la falta de interés de la población se desaprovechan”
Pues pasa. De hecho ya pasó con los fondos europeos asignados para diversidad de proyectos destinados a personas con discapacidad. En ocasiones nos llamaban los gestores diciéndonos que tenían remanente de dinero y nos pedían que lo empleáramos en algo porque se iba a quedar sin gastar. Por eso digo que desde el colectivo de la discapacidad hay que hacer un ejercicio crítico, directo e inverso, y poner de manifiesto que hay muchas cosas que no se hacen porque no las llevamos a cabo nosotros mismos. La mejora debe darse en ambas direcciones. Sin olvidar que el acceso a la vivienda es problema que afecta a miles de personas y no a discapacitados, es un derecho para todos.
En el libro el Tratado de Igualdad de Oportunidades es uno de los ejes centrales. No hay que olvidar que el discurso del libro es que toda la discapacidad no debe entenderse como un problema que se centre en torno al discapacitado para ver cómo se integra. Más bien es un enfoque sobre los derechos esenciales de una persona: qué hay que hacer desde lo público, desde la propia sociedad y desde las personas, para que esos derechos se traduzcan en realidades concretas y los discapacitados puedan llevar una vida digna como los demás. Sobre la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres me parece positivo, precisamente, por la mujer con discapacidad, que sufre una doble discriminación. Cualquier medida incluida en esta Ley que favorezca la situación de estas mujeres es positiva.
Sobre la Ley de Dependencia entiendo que se ha logrado un importante avance. Cada vez que se despliega un sistema de protección, como éste, conlleva muchas expectativas que luego, en la práctica, resultan menos ambiciosas o se tarda mucho más tiempo del que se dice para llevarlas a cabo, incluso 10 ó 15 años. También creo que es un avance muy importante que va a dar más respuesta a las personas mayores que a las personas con discapacidad. Pero bueno, cualquier aportación en este sentido siempre es positiva, por lo que suma al conjunto. Por otro lado, también hay que tener muy presente, como colectivo de discapacitados, que el propio diseño de la ley, que se va a gestionar conjuntamente entre el Estado y comunidades autónomas, la hace mucho más compleja. Por eso valoro que es una ley muy positiva pero que no deja de ser una pieza más del puzzle, aunque éste sigue siendo insuficiente. Hay que entender la discapacidad como un fenómeno que puede ser afrontado desde multitud de enfoques y planos de análisis.
“Hay que entender la discapacidad como un fenómeno que puede ser afrontado desde multitud de enfoques y planos de análisis”
Con la perspectiva de que se está mejorando. Hay dos realidades claras: la primera es que se va avanzando bastante deprisa y la otra es que se avanza en el ámbito de la discapacidad, pero el resto del mundo también avanza, de manera que vamos acortando algo el diferencial, pero no lo suficiente. Por un lado, hay que tener en cuenta que las mejoras no se están realizando al ritmo de las necesidades sociales, y por otro, que esas mejoras son muy desiguales. En unos campos predominan más que en otros, y hay que reconocer una mejora en este sentido, pero la reivindicación hay que mantenerla desde la bandera de los derechos fundamentales y humanos. No es que sea injusto que no haya autobuses adaptados, lo injusto es que me estén privando de ejercer una libertad de movimiento, de participación en la vida social, económica y laboral. Si yo no puedo entrar a un restaurante o un cine me están privando de mi derecho a participar de la vida cultural. No nos tenemos que centrar tanto en el discurso individualista, aunque también es importante.
No. Lamentablemente creo que se retrasará. Todo este tipo de desarrollos proviene de la LIONDAU, Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminaciones. Una norma que establecía plazos muy largos de adaptación del transporte público, de los edificios con plazos para el 2017. Ya cuando salió en 2003 a 14 años vista todo el mundo se quejó, pero yo firmaría para que en esa fecha todas las condiciones urbanísticas se realizaran. Ojalá no se retrase demasiado, a ver si en 2014 sí podemos felicitarnos por esta labor. También hay que tener en cuenta que el tiempo, desde el punto de vista global, no es un tema esencial. Lo que importa es que se aborde de verdad. Es decir, si llegado el momento no se pudiera cumplir el 100% del decreto no supondría un problema si se ha hecho algo, si se ha cumplido el 60%. El problema es cuando no se hace nada por ‘inalcanzable’, por creer que nunca se llegará.
Sí, si que lo es y me creo que se vayan a cumplir las sanciones. Uno de los argumentos que defendemos en el libro es que en nuestro país el desarrollo normativo en los últimos 15-20 años ha sido enorme. Y aunque se han producido muchos avances, no hay que olvidar que las normas están para que se cumplan, aunque el nivel de aplicación es escaso. Es necesario trabajar más en los próximos años por exprimir lo que ya hay que por seguir peleando en cosas nuevas. La razón es que desde las administraciones se tiende a cumplir poco, pero también es verdad que los ciudadanos, las empresas, entidades e incluso las propias asociaciones de discapacitados no reclaman, dentro de lo que permite el Estado, el derecho al cumplimiento de esas normas. Debe darse un cierto cambio cultural en las propias organizaciones de las personas con discapacidad para utilizar los resortes del Estado de Derecho y hacer uso de lo que se llama la ‘exigibilidad de los derechos’, es decir que esos derechos se ejerciten de verdad. Por tanto, si hay una obligación de eliminar una barrera y no se hace, si el Ayuntamiento no interviene deberá haber una asociación que presente una denuncia, una demanda, acudir a los tribunales… Esta es una de las claves del futuro: determinar en qué medida el sector es capaz de presionar para que se cumpla lo que se ha aprobado.
“Una de las claves del futuro es determinar en qué medida el sector es capaz de presionar para que se cumpla lo que se ha aprobado”
Sí, pero lo voy a intentar. Una de las conclusiones que se pueden sacar del libro es que hay muchos problemas pero mucha gente para intervenir y resolverlos. Sólo si cada uno hace lo que le toca en cada momento, las cosas pueden mejorar globalmente más deprisa. Cuando una persona adopta una actitud discriminatoria con un discapacitado le está perjudicando, pero cuando un discapacitado discrimina a un inmigrante también le perjudica. Lo que tiene que cambiar es la actitud de fondo de ir hacia una cultura donde haya una mayor consideración y respeto en la forma de ser de cada uno.
Puede ser. Desde este trabajo se puede obtener la siguiente reflexión: no basta sólo con echar la culpa a los demás, sino que cada uno debe de cumplir su parte. Es verdad que las administraciones tienen que mejorar y avanzar, pero también la ciudadanía. Cuando una persona aparca su coche en un lugar reservado para discapacitados, el que está conculcando el derecho es el propio ciudadano, nadie más. Esto lo debemos tener muy presente.
