La campaña ‘¿Quién debe a quién?’ aglutina a organizaciones no gubernamentales, asociaciones y colectivos que reclaman la cancelación inmediata de la deuda externa contraída por los países del Sur. Aseguran que esta operación es viable económicamente, ya que la deuda sólo representa el 1% del PIB español, y que permitiría a las regiones más pobres invertir en servicios básicos como la sanidad o la educación, que ahora no disponen de fondos suficientes. Beronika Garrosa (Vitoria, 1978) es miembro de la campaña y técnico de sensibilización y campañas de Manos Unidas en Barcelona. Según explica, la deuda actual es “ilegítima y abusiva” porque muchos de los préstamos se concedieron hace más de 30 años y “no fueron gestionados en beneficio de la población”, aunque reconoce que la nueva Ley reguladora de la gestión de la deuda externa permitirá a España tener “por primera vez” un marco legal que vincula la deuda con el desarrollo.
Sí, es viable. El volumen total de deuda del que somos acreedores, es decir, el dinero que nos deben los países empobrecidos, no llega al 1% del PIB español. Lo que es lo mismo: el 65 % del gasto militar español y, aproximadamente, el superávit de la Seguridad Social de 2006. Lo que indica que el problema de la cancelación no es económico, sino político.
“Hay que reformular totalmente la arquitectura financiera internacional”
La solución no pasa únicamente por cancelar la deuda. Hay que reformular totalmente la arquitectura financiera internacional, establecer mecanismos de control sobre los nuevos préstamos, aumentar la ayuda al desarrollo en forma de donaciones, sin condiciones y sin estar ligada a la participación de empresas del Norte. También hay que fomentar los tejidos económicos locales frente a la inversión extranjera, las relaciones económicas Sur-Sur y un comercio internacional más equitativo, justo y sostenible, entre otras muchas alternativas para que los países no vuelvan a caer en la rueda del endeudamiento.
Las consecuencias son gravísimas y afectan directamente a la población de estos países. El dinero que se destina a pagar la deuda externa no puede destinarse a otros gastos públicos fundamentales, como sanidad, educación o infraestructuras. Son los ciudadanos y ciudadanas quienes no pueden acceder a estos servicios básicos porque el dinero se destina, sobre todo, al pago de los intereses de la deuda. Según Naciones Unidas, tan sólo haría falta una tercera parte de lo que los países empobrecidos pagan en concepto de servicio de la deuda para garantizar el cuidado y las infraestructuras sanitarias, una alimentación adecuada y el acceso a la educación básica y al agua potable de todos los seres humanos.
Algunas investigaciones españolas han demostrado que los acreedores sabían el destino de estos préstamos, que muchas veces fue la compra de armamento, la financiación de una dictadura o la adquisición de bienes de lujo para las elites del país. Pero no se ha hecho, ni parece haber voluntad, ninguna revisión de esos préstamos. Es por eso, para demostrar que estos préstamos no fueron gestionados en beneficio de la población, por lo que necesitamos auditorías integrales de la deuda, como la que está haciendo Ecuador.
“Las consecuencias de la deuda son gravísimas y afectan directamente a la población”
En estos momentos existen diferentes auditorías en marcha, tanto oficiales, como en el caso de Ecuador o Filipinas, como ciudadanas, en el caso de Brasil. Pero son necesarias auditorías públicas integrales de deuda, a cargo de fondos públicos y que analicen las consecuencias sociales, económicas, políticas y ecológicas que el pago de la deuda externa ejerce sobre un país deudor. Como resultado, se conoce la legitimidad o ilegitimidad de la deuda.
La transferencia que supone el pago de la deuda del Sur al Norte multiplica por cinco lo que nosotros enviamos como Ayuda Oficial al Desarrollo. ¿Qué significa esto? Significa que lo que nosotros “donamos” en concepto de Ayuda es una ínfima parte en comparación con lo que ellos nos están devolviendo continuamente. Estas cifras ponen de manifiesto que la mejor forma de ayudar al desarrollo de los países endeudados del Sur es cancelar su deuda, que es ilegítima y abusiva. Si se cancelase la deuda de estos países podrían invertir en garantizar los servicios básicos de su población.
Primero hay que decir que el concepto de “sostenibilidad de la deuda” es engañoso, ya que esta iniciativa no pretende acabar con el problema de la deuda, sino hacerla “pagable”, y por lo tanto su principal objetivo es que los acreedores cobren. En segundo lugar, todas las renegociaciones y cancelaciones de deuda suponen para el país deudor la aplicación de planes de ajuste estructurales impuestos por los organismos internacionales y la adopción de medidas que pasan por privatizar la sanidad, el agua, la luz o el gas. El país pierde todo control y propiedad sobre unos recursos que son necesarios para su desarrollo. Los principales países con los que España tiene contraída deuda son Cuba, Argentina y China, entre otros. Con todos ellos mantiene fuertes relaciones comerciales y eso no es casualidad, ya que son los intereses económicos y comerciales los que determinan a quién concedemos créditos y a quién no.
“La Ayuda Oficial al Desarrollo es una ínfima parte en comparación con lo que los países deudores nos están devolviendo continuamente”
En primer lugar, creemos que antes de hacer una conversión o canje de deuda se tendría que auditar la deuda, y eso no se está haciendo. En segundo lugar, España está realizando canjes con una transparencia y participación de la sociedad civil insuficientes. Además, en algunos programas de canje se ha detectado que se está beneficiando a empresas españolas, en lugar de beneficiar a empresas locales que dinamizarían los tejidos económicos del país. La nueva ley de gestión de deuda externa establece que en las conversiones se debe priorizar a los actores locales, del país deudor, pero los programas de conversión de deuda que se están realizando se firmaron antes de aprobar la ley y ésta no se ha aplicado de forma retroactiva.
En cuanto a los avances, España tendrá por primera vez un marco legal que vincula la deuda externa con el desarrollo. El texto emplaza al Ejecutivo a aprobar antes de que acabe esta legislatura un Proyecto de ley de regulación del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) y de los seguros de créditos a la exportación concedidos por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), aunque no contempla el contenido básico de esta normativa y creemos que no habrá tiempo de cumplir. Respecto a las oportunidades perdidas, en la Ley no se considera que exista responsabilidad alguna de la Administración española en el origen del endeudamiento de los países del Sur, no se reconoce la ilegitimidad de la deuda ni se establece el mecanismo de la auditoría integral de la deuda y tampoco se recoge la creación de una comisión parlamentaria permanente sobre la deuda externa, cuya función sería establecer responsabilidades sobre la concesión de créditos ilegítimos, así como su posterior anulación.
Sí. Los propios bonos del tesoro son deudas del Estado, en este caso deudas internas. España pide préstamos a organismos internacionales como el Banco Europeo de Inversiones, aunque no tiene que sacrificar la sanidad o la educación pública para poder pagar esa deuda.
Sí, evidentemente. Otra propuesta es la de constituir un Tribunal de Arbitraje, independiente y específico, al que pudieran acudir tanto los gobiernos de los países endeudados como los acreedores. Este Tribunal debería garantizar la equidad entre las partes e independencia en el juicio. Otra posibilidad complementaria es el establecimiento generalizado de una auditoría integral de la deuda externa.
Noruega ha sido el primer país en cancelar una deuda por su ilegitimidad, pero la decisión viene después de una campaña ciudadana de varios años, que empezó en 2002.
Con este precedente, nosotros esperamos que países como España sigan el ejemplo de Noruega, aunque para que esto sea posible es necesario que se realicen auditorías integrales de deuda. Si no, no dispondremos de un marco legal que fuerce a cancelar deudas ilegítimas.
La determinación de la ilegitimidad de la deuda se puede hacer a partir de un estudio pormenorizado del origen de esa deuda: quién tomó el préstamo, en qué circunstancias, a qué fue destinado ese préstamo, cómo se gestionó la deuda…
