Problemas para dar clases, acoso y amenazas de alumnos, daños a propiedades o agresiones de padres son algunos de los conflictos a los que tienen que hacer frente día a día algunos docentes en las aulas de los centros educativos de nuestro país. Muchos lo callan. Otros, buscan ayuda. Como los más de 10.500 profesores que han contactado ya con el Defensor del Profesor, un servicio gratuito de atención y ayuda psicológica puesto en marcha en 2005 por la Asociación Nacional de Profesores (ANPE) de Madrid, ante el incremento de los problemas de convivencia escolar entre profesores y alumnos. En la actualidad, está instaurado en 16 comunidades autónomas.
Inmaculada Suárez, psicóloga y diplomada en Profesorado de Educación General Básica, es la coordinadora del Defensor del Profesor desde sus inicios. En su puesto, atiende cada día muchas de las llamadas de los docentes que buscan apoyo y asesoramiento. Tal como se recoge en el último informe estatal del curso 2008-2009, el 45% de los profesores que contactan desarrollan cuadros de ansiedad, un 20% tiene síntomas de depresión y un 14% está de baja laboral.
Puede ser una profesión maravillosa o convertirse en un problema. Todo depende del apoyo que se reciba y de la actitud que tanto padres como Administración adoptan cuando el profesor ejerce su derecho a hacer cumplir unas normas básicas de convivencia. Éstas benefician a toda la comunidad educativa y tienen como objetivo algo tan elemental como crear un clima de respeto dentro del centro y salvaguardar el derecho a la educación que por ley tienen los alumnos.
La actitud que adoptan algunos padres de defensa a ultranza de sus hijos, sin contrastar con otras fuentes la versión que ellos les dan de unos determinados hechos. Los profesores dicen que, con frecuencia, se sienten desautorizados por algunos padres cuando a estos alumnos se les intenta poner límites o se pretende que cumplan unas normas elementales de convivencia.
“El detonante de estas denuncias es la indefensión a la que se sienten sometidos algunos docentes”
Son diversos: problemas para dar clase, agresiones, acoso, faltas de respeto, amenazas y falsas denuncias tanto por parte de alumnos como de padres; la utilización de las nuevas tecnologías para acosar, difamar o difundir agresiones; los daños que causan a sus pertenencias o al mobiliario del centro; o las presiones que reciben para que modifiquen las calificaciones. Pero el detonante de estas denuncias es la indefensión a la que se sienten sometidos cuando las personas que llevan a cabo estas conductas quedan impunes y, por lo tanto, salen reforzados de ellas.
En las distintas comunidades autónomas hay leyes educativas por las que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros escolares. Estas normativas establecen las medidas sancionadoras que pueden aplicar, de forma inmediata, el profesor y/o los equipos directivos. Pueden ser varias, en función de la gravedad de la agresión verbal: expulsión de la sesión de clase, realización de tareas de carácter académico o actividades encaminadas a mejorar el entorno ambiental del centro, permanencia en el colegio después del horario escolar o expulsión por un tiempo determinado, entre otras.
En estos casos se puede actuar por dos vías. Por una parte, la administrativa, mediante la cual se llevan a cabo varias actuaciones, como un cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por ser un alumno de enseñanza obligatoria. Por otra parte, se puede optar por la vía judicial y efectuar la denuncia pertinente ante la Policía o en un juzgado.
“Cuando se le humilla en público, el docente sufre un duro golpe en su autoestima”
Aunque la agresión física tiene más repercusión social, las dos son muy lesivas para la persona. Sobre todo, porque cuando se le humilla en público, el docente sufre un duro golpe en su autoestima. Aunque su carácter o personalidad sean fuertes, puede tener consecuencias negativas para su vida personal y profesional. Si se pierde el respeto al profesor como persona y como educador, quedará en una situación tan vulnerable e indefensa, que desde ese momento tendrá dificultades para desempeñar su trabajo con dignidad.
El profesor, por el hecho de serlo, ya debe tener la autoridad académica que se le supone por su competencia en la disciplina que imparte. Sin embargo, para el manejo de la clase en la situación actual necesita que se le dote de esta condición. Esta medida legislativa otorgaría al profesor presunción de veracidad en caso de litigio entre las partes y en casos extremos de amenazas, insultos graves o agresiones físicas, las sanciones que de ellas se derivarían serían mucho más severas. Supondría un freno disuasorio para las conductas incorrectas.
“Los valores sobre los que se forja la personalidad del alumno son un factor determinante”
El fracaso escolar puede surgir cuando no se atajan algunas situaciones, como las vividas en ciertos grupos donde dos o tres alumnos impiden a sus compañeros recibir una clase con normalidad y consiguen, con sus actuaciones, que día tras día se pierda el tiempo y no se impartan los contenidos de la materia correspondiente. Pero aunque puede tener cierta incidencia en los casos de violencia, no hay una relación de causa-efecto. Sin excluir la propia responsabilidad del estudiante, la educación recibida en la familia y los valores sobre los que se forja la personalidad del alumno son los factores determinantes.
En la mayoría de los casos, es un alumno inadaptado al que sus padres no han puesto límites desde la infancia, ni admiten que nadie se los ponga. Son adolescentes que buscan la gratificación inmediata y que están acostumbrados a que sus actuaciones no tengan para ellos ninguna consecuencia, porque en su entorno familiar se asume que la culpa siempre es del otro. La permisividad de los padres deriva en alumnos que no respetan las normas establecidas.
“Algunos padres olvidan que los centros educativos son lugares donde hay que convivir y respetar unas normas”
Algunos padres olvidan que los centros educativos son lugares donde hay que convivir y respetar unas normas y que la libertad de actuación de sus hijos acaba cuando vulneran los derechos de los demás, sean profesores o compañeros de clase. En general, estas agresiones se originan porque los padres creen, sin hablar con el profesor, la versión desfigurada que su hijo da de unos hechos que nada tienen que ver con la realidad. No admiten que el profesor marque las pautas de conducta de la clase e impida salirse con la suya a estos alumnos consentidos en casa. Otras veces, la agresión se genera porque se aplica al estudiante conflictivo la normativa del centro, que ha aprobado toda la comunidad educativa y respeta la legislación vigente. Incluso, hechos tan cotidianos como una caída en el patio suponen responsabilizar al profesor de todos los males que sucedan a su hijo y se le presupone mala fe por acción u omisión.
Si hablamos de agresiones de alumnos, la mayoría se dan en secundaria. No obstante, ya se registran algunos casos en primaria, aunque pocos, y las agresiones de padres son un riesgo en cualquiera de los tres niveles educativos.
Una parte importante. Desde el punto de vista legislativo, el profesorado tiene recursos para hacer valer su autoridad al marcar unas pautas de conducta. Pero, a pesar de todo, hay casos en que ante las denuncias injustificadas de los padres, sobre todo si estos son violentos y para evitarse problemas, la administración educativa no respalda al profesor. El docente se ve obligado a justificar cada una de sus actuaciones frente a un denunciante que puede haber mentido o denunciado por despecho o para obtener alguna ventaja.
“Hay muchas familias que apoyan al profesor y los resultados son muy positivos”
La clave está en las familias. Hay muchas que apoyan al profesor y los resultados son muy positivos. Salvo casos excepcionales, cuando una familia colabora con el centro escolar y docentes y padres caminan en la misma dirección, los brotes de violencia se eliminan y quedan sólo los actos de rebeldía propios de la edad.
Cada vez proliferan más las calumnias, maledicencias, vejaciones y destrucción de la imagen personal a través de las nuevas tecnologías. Lo más grave es que es muy difícil luchar contra ellas. Aunque se intente, los daños causados al honor de la persona son muy difíciles de reparar. La legislación en este sentido va por detrás de los nuevos fenómenos derivados del avance tecnológico. Se han denunciado casos ante la Fiscalía de Menores, pero todavía es insuficiente el amparo legal en este tipo de faltas o delitos.
“Recibimos denuncias en las que la dirección del centro se inhibe o, incluso, actúa en contra del docente para evitarse problemas”
En bastantes casos, la dirección apoya al profesor que tiene problemas, éste se siente respaldado y su desgaste psíquico y profesional es muchísimo menor. Sin embargo, también recibimos denuncias en las que la dirección del centro se inhibe o, incluso, actúa en contra del docente para evitarse problemas. En estas ocasiones se siente solo, ya que ni siquiera cuenta con el apoyo de sus compañeros, que intentan evitar que les salpique. Entonces lo pasa muy mal. Si el equipo directivo del centro aplica la normativa vigente, se pueden solucionar muchos conflictos que, de no hacerlo, deterioran de forma grave la convivencia y el clima escolar.
Algunos docentes, debido a situaciones derivadas de los problemas mencionados, sufren graves trastornos de salud, tanto de tipo psicológico como físico. A pesar de seguir un tratamiento adecuado, son incapaces de superar el miedo a enfrentarse al aula. El resultado es el abandono de la profesión.
