Almudena Moreno, responsable de la campaña «Dona Tierras» de la ONG Alianza por la Solidaridad 

“Los derechos sobre la tierra se transmiten principalmente por vía hereditaria y, en general, las mujeres son apartadas de la posibilidad de heredar”

La tierra es un activo muy importante: permite la producción de alimentos, sirve como inversión para el futuro y como aval, implica acceso al crédito, etc. Sin embargo, los derechos sobre la tierra se transmiten principalmente por vía hereditaria y, en general, las mujeres son apartadas de la posibilidad de heredar. En las sociedades africanas predominan los derechos filiales de sucesión, que en la mayoría de los casos suponen que las mujeres no pueden heredar la tierra, por lo que dependen del derecho de uso otorgado a un varón, bien sea su marido, su hermano o su hijo.

Existen también otras formas de transmisión, como el derecho de uso (préstamo), derecho de alquiler y, en algunos casos, cesión a título oneroso. Así, el jefe de la comunidad puede prestar un terreno por un tiempo determinado si la situación de la persona o asociación lo justifica (proyectos de cooperación). Sin embargo, en muchas ocasiones, una vez que estas tierras son puestas en producción por parte de las mujeres, esas cesiones son anuladas, volviendo a la titularidad de los hombres.

Las mujeres de las aldeas de Sissacunda, Helacunda, Cupuda y Colondito, de la región de Gabú, sector de Pirada (Guinea Bissau), no tenían ningún derecho a la tierra, siendo el campo que ellas cultivaban de los hombres de sus familias, que les cedían el espacio a modo de préstamo, pero sin capacidad de decisión sobre el mismo. Este hecho no era aislado, sino que representa la realidad del país. Con este proyecto se ha conseguido romper con esa tradición, por primera vez en la historia de este país, ya que 320 mujeres de la región de Gabú han conseguido el título de afectación de la propiedad de la tierra que cultivan, siendo dueñas de su futuro.

Este importante reconocimiento supone un apoyo a la labor que estamos realizando en favor de la igualdad y del desarrollo. Queremos que esta buena práctica se extienda a todo el país y en otros con características similares. Por ello, este premio internacional es un respaldo, una oportunidad para que más mujeres puedan romper esta brecha. Nuestro mayor deseo es que este hecho histórico deje de serlo, haciendo que el acceso a la tierra por parte de las mujeres se haga de manera equitativa.

Alianza por la Solidaridad plantea que desde lo local se contribuya al cambio global. Se pretende generar y promover modelos alternativos de desarrollo, centrados en el bienestar de las personas y que aporten mayor calidad de vida a través de la redistribución de la riqueza y del bienestar social, analizando las conexiones existentes entre las desigualdades, el medio ambiente, la pobreza y el desarrollo, entendiendo que todas estas dimensiones son construidas y, por ello, susceptibles de ser modificadas en un compromiso de transformación social. Para ello, los aspectos clave en todas nuestras intervenciones son:

• El impulso de los cambios tecnológicos necesarios para la gestión sostenible de los recursos y el uso de las actividades en el área rural y urbana (agricultura, silvicultura, pesca, energía, agua, empleo, residuos recursos naturales, entre otros).
• La recuperación de prácticas tradicionales que han demostrado ser efectivas en la gestión sostenible de los ecosistemas.
• La apropiación por parte de la población que les permita liderar los cambios.
• La incidencia en políticas públicas locales, nacionales e internacionales relacionadas con el desarrollo local sostenible.
• Incorporamos en todas nuestras intervenciones el enfoque de género basado en la utilización de técnicas participativas con un potencial transformador, que permitan cambiar la manera en la que hombres y mujeres se relacionan (alfabetización, trabajo con hombres que cambie percepciones de masculinidad…). Estas prácticas transformadoras pueden contribuir a romper la relación de subordinación que tienen las mujeres para construir relaciones más justas, igualitarias y menos opresoras, satisfaciendo las necesidades estratégicas de hombres y mujeres de igual manera.

Creemos que sí, que esos logros son importantes e inspiradores. Este premio es una buena oportunidad para dar a conocer que las buenas prácticas y los cambios son posibles.

“Los estados tienen la responsabilidad primera para la definición de políticas que favorezcan los sistemas alimentarios sostenibles, la agricultura a pequeña escala y las prácticas agroecológicas”

Hay que tener en cuenta que esas buenas prácticas no son sólo llevadas a cabo por ONG, sino también por diferentes gobiernos, ya sean locales o nacionales. Nosotros no tratamos de suplantar a los gobiernos, sino que tenemos como principio de acción el reconocimiento del papel de los estados como fundamental y que son los que tienen la responsabilidad primera en relación con las políticas de inversión pública, de regulación y de articulación del espacio necesario para la definición de políticas que favorezcan los sistemas alimentarios sostenibles, la agricultura a pequeña escala y las prácticas agroecológicas. Nuestro trabajo consiste en facilitar el ejercicio de las personas como sujetos de derechos sin ninguna discriminación (especialmente del derecho de la alimentación, al medio ambiente sano y el derecho humano al agua y saneamiento, a la tierra, a la participación en la gobernanza de los recursos) con poder jurídico y social para exigirlos.

Sí, en el marco de las actividades de educación para el desarrollo del Convenio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) “Contribución a la Seguridad Alimentaria y Gobernanza Medio Ambiental en Senegal, Gambia y Guinea Bissau” (SAGE), llevado a cabo por Alianza por la Solidaridad y sus socias APRODEL, FODDE y ADWAC, se realizó en el año 2012 una investigación sobre el impacto de las inversiones extranjeras directas en agricultura. Esta investigación permitió identificar el caso de la empresa española (Agrogeba) en Guinea Bissau y analizar sus consecuencias. La investigación concluyó que al menos 600 personas habían sido expulsadas de sus tierras, la mayoría mujeres que, como las 320 mujeres de Sissacunda, Helacunda, Cupuda y Colondito, no tenían un título que respaldara la propiedad de la tierra que trabajaban.

Apostamos y confiamos claramente por la solidaridad de la sociedad española ante problemas que son globales y donde la solución ha de ser compartida. Por ello creemos que esta campaña ayudará a conseguir que 1.000 mujeres más sigan rompiendo la tradición de ese país.

El trabajo que implica la legalización duró siete meses. Todo comenzó con trabajos conjuntos de Alianza por la Solidaridad y APRODEL sobre cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria y el género (incluidas actividades de alfabetización de mujeres) y todo lo relativo al marco legal del país que, si bien posibilita el acceso en igualdad de condiciones para hombres y mujeres en sus leyes, el uso y la costumbre lo impedía.

Estas sensibilizaciones posibilitaron que las mujeres consideraran prioritario contar con un título de afectación de la tierra para tener la seguridad sobre la misma, en la cual desde el proyecto se iban a poner en marcha innovaciones e inversiones para aumentar su productividad. A partir de aquí, se inició el proceso en sí, comenzando por encuentros con autoridades locales, los cuales fueron seguidos por dar cumplimiento a la parte administrativa de la legalización de la tierra (cumplimentar los trámites necesarios y el pago de las tasas).

Una vez pagados los gastos administrativos (tasas) para la legalización de las tierras, repartidos a partes iguales entre el Gobierno local, Alianza por la Solidaridad y APRODEL, con fondos del convenio SAGE financiado por la AECID, todo culminó con los títulos de afectación a favor de las mujeres. La entrega oficial de los documentos de legalización la hicimos el pasado 8 de marzo.

Los costes en los que se incurren tienen que ver con un porcentaje mínimo para personal, que es el encargado de hacer las gestiones, combustible para el traslado a las instituciones competentes y el pago de las tasas correspondientes.