Cruz Roja Española y Cáritas son las ONG que mayores subvenciones destinadas a proyectos de cooperación reciben de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), al destinarles 663 y 582 millones, respectivamente, del total de 4.000 millones que se contemplan para este ejercicio. Según el texto de una respuesta escrita del Gobierno al diputado socialista Luis González Vigil, los criterios seguidos para la concesión de esas subvenciones son coherencia de la planificación y adecuación al presupuesto.
Además, otros factores a tener en cuenta son la justificación de la intervención y capacidad de los cooperantes; viabilidad posterior de la acción y sujeción a las prioridades geográficas y sectoriales de la convocatoria. También hay que acreditar la solvencia de la ONG, lo que se demuestra si la organización de que se trata ha obtenido 2.000 millones de pesetas de subvenciones de la AECI en los últimos seis años o ha gestionado 10.000 millones de pesetas de recursos privados en ese mismo plazo.
En función de esos criterios, la AECI ha concedido, y así lo aprobó el Consejo de Ministros del pasado 1 de junio, subvenciones por 3.892.929.000 pesetas anuales con un compromiso de gasto por cuatro años a las siete ONG que se presentaron a la convocatoria, entre ellas Cruz Roja y Cáritas.
Las otras beneficiadas fueron Intermón Fundación Privada, con 549 millones de pesetas; Cooperación al Desarrollo y Promoción de Actividades Asistenciales (CODESPA), con 548 millones; Fundación Promoción Social de la Cultura, con 546; Ayuda en Acción, 501 millones; y Solidaridad Internacional, 500 millones.
El total de las subvenciones para los próximos cuatro años es de 15.571 millones de pesetas. En su conjunto, los proyectos «cumplen el equilibrio territorial» y representan acciones de cooperación en Iberoamérica, Norte de África y África Subsahariana, Oriente Medio, Extremo Oriente y la región de los Balcanes.
Esta es la primera resolución de subvenciones que se realiza por el nuevo sistema de ayudas para las ONG para el Desarrollo y que, según la respuesta del Gobierno, recoge las demandas de los agentes de cooperación «que venían pidiendo desde hace tiempo» un cambio en el sistema que les permitiera «contar con una previsibilidad a medio y largo plazo en cuanto a la financiación pública».