En el informe anual de la institución el Defensor del pueblo correspondiente al año 2000, que será presentado el próximo jueves en el Congreso, se advierte a las familias de que muchos colegios privados cobran por actividades y servicios que la legislación establece como gratuitos. Esta es una práctica muy generalizada, según se recoge en el informe, que anuncia también que se ha dirigido a las administraciones educativas instándolas a que lleven a cabo las investigaciones oportunas en los centros financiados con fondos públicos, con el fin de comprobar que respetan el régimen de conciertos.
El informe de la oficina que dirige Enrique Múgica señala que muchos cobros que se realizan a las familias se presentan en forma de supuestas «donaciones voluntarias» o se consiguen a través de organizaciones, fundaciones o asociaciones de padres de alumnos interpuestas. Las autoridades educativas reconocen que esta práctica está muy generalizada entre los centros privados, pero que la justifican diciendo que los conciertos establecidos no son suficientes para financiar las actividades de cada alumno.
El Defensor del Pueblo cree que se obliga a realizar estos desembolsos como forma de selección de los alumnos, contribuyendo a alejar de los centros privados a niños procedentes de entornos más desfavorecidos socialmente, de familias inmigrantes o de minorías étnicas.
