La Audiencia Nacional ha abierto una investigación sobre la venta de la llamada «leche negra» -aquella que no tiene controles por estar fuera de la cuota asignada a cada estado miembro por la Unión Europea-, para esclarecer un presunto fraude de 78 millones de euros, apenas una tercera parte de las cantidades que supuestamente deja de ingresar Hacienda cada año por este tipo de corrupción.
La Federación de Empresarios Productores de Lácteos (FEPLAC) responsabiliza al Ministerio de Agricultura de no querer controlar lo que considera un cúmulo «abrumador» de irregularidades, tanto económicas como sanitarias, al rebajar la calidad del producto final.
El magistrado Guillermo Ruiz Polanco, titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco de Madrid, admitió hace apenas un mes una querella de la Fiscalía Anticorrupción contra el empresario Pedro José Merediz Blanco, responsable de la empresa madrileña «El Churtal», una de las firmas más conocidas en el mercado de la leche, donde figura en el grupo de los «primeros compradores». Sin embargo, su nombre ha sido ligado en los últimos años a supuestas irregularidades que incluso la llevaron a ser investigada en paralelo por el departamento que dirige el ministro Miguel Arias Cañete y la Agencia Tributaria.
En esta ocasión, el procedimiento tiene por objeto depurar las posibles responsabilidades de esa empresa en varios delitos de defraudación tributaria, castigado cada uno con penas de uno a cuatro años de prisión, y multa de hasta seis veces la cantidad en la que se habría eludido el pago de las correspondientes contribuciones fiscales. La cuantía del supuesto fraude, que se extiende a las declaraciones de los años 1997, 1998, 1999 y 2000, ascendería a 78 millones de euros, suma que según el instructor habría dejado de pagar el imputado de forma «consciente y deliberada en concepto de tasa suplementaria por exceso de producción de lecha de vaca».
En el auto judicial se relata como el querellado, «de común acuerdo con ganaderos-productores hasta ahora no identificados, y con el objeto de evitar la repercusión y pago de la tasa suplementaria por el exceso de producción de leche», ocultó la identidad de esas personas mediante la interposición de una sociedad («Industrias Lácteas del Noroeste», una firma domiciliada en Zamora que carece de actividad alguna desde 1992 por «razones fiscales») que supuestamente adquiere la leche a las mismas. Ese producto era transmitido después a la citada «El Churtal», que lo vendía a terceros evitando así sus obligaciones legales respecto a la Administración .
