El Ministerio de Hacienda ha rechazado la petición de varias asociaciones de vecinos de aplicar un tipo de IVA del 4% para servicios básicos como el suministro domiciliario de agua potable, electricidad, gas y telefonía fija -actualmente gravados con el 7%-, remitiéndose a las limitaciones que actualmente impone la legislación de la Unión Europea (UE) en este sentido y a las posibles discriminaciones entre prestaciones de servicios que podrían surgir.
Esta petición fue realizada, a través del Congreso de los Diputados, por los representantes de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Cataluña (Confavc), de Asturias (Cavastur) y de la Federación regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (Fravm).
Según explica el Departamento que dirige Cristóbal Montoro, la Sexta Directiva de la UE en materia de IVA incluye un listado con el tipo de entregas de bienes o prestaciones de servicios que pueden estar sujetas a tipos reducidos. En esta lista, añade, no se incluye ni el suministro de electricidad, gas, gasoil para calefacción o teléfono, por lo que «no cabe» impulsar una reforma legislativa en este sentido. Sin embargo, precisa que la directiva comunitaria permite que los Estados miembros apliquen, previa comunicación a la Comisión Europea, un tipo reducido al suministro de gas natural y electricidad siempre que no exista riesgo alguno de distorsión de la competencia. No obstante, Hacienda cree que aplicar un tipo reducido para gas natural y electricidad «supondría una discriminación frente a los suministros de otros tipos de gas o combustibles y de otras fuentes energéticas».
Por todo ello, la Agencia Tributaria entiende que no puede introducir un tipo de IVA del 4% para servicios básicos en el ordenamiento tributario español, a menos que el Consejo de la UE apruebe por unanimidad una reforma de la Sexta Directiva y del listado adjunto.
Asimismo, precisa que de llevarse a cado la medida propuesta, Bruselas abriría a España un expediente de infracción por incumplimiento de la normativa comunitaria, lo que daría lugar a una condena por parte del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
De todos modos, Hacienda señala que una de las prioridades a medio plazo del Ejecutivo comunitario es la de presentar un estudio sobre la aplicación de este tipo de IVA y que, de hecho, en octubre de 2001 ya hizo público un informe sobre la situación de este asunto en los distintos Estados miembros.
