Mañana sábado entra en vigor, tras tres años de negociaciones y un mes después de lo previsto, el sistema de control internacional para evitar el tráfico ilegal de diamantes conocidos como «sangrientos» o «de conflicto», ya que en muchos casos sirven para financiar conflictos armados. La normativa exige que todos los países de la Unión Europea (UE) que importen diamantes en bruto lleguen con un certificado de origen, embalaje, precintado y de extracción emitido por el país exportador, que garantice que su venta no financiará ninguna guerra. Los cargamentos de diamantes que lleguen a las fronteras europeas sin cumplir estos requisitos serán confiscados.
Esta iniciativa, llamada Proceso Kimberley, se lleva a cabo gracias al acuerdo de 56 países y el continente africano, y con el apoyo de grupos mineros y profesionales del ámbito. La UE es actualmente el principal importador y distribuidor de diamantes en bruto del planeta. De hecho, el 60% de la producción anual pasa por territorio europeo, que después se exporta por un valor de 11.000 millones de euros al año. El presidente del proceso, el sudafricano Abbey Chikan, se muestra optimista sobre la capacidad de este proyecto para marcar una diferencia y reducir el tráfico de diamantes de guerra. No obstante, reconoce que el impacto de la iniciativa «podría quedar limitado». Así, ONG´s como Intermón Oxfam denuncian la existencia de «graves carencias» en este proceso, «en especial respecto al seguimiento de los controles nacionales».
Según Intermón, esta normativa «no permitirá aún a los ciudadanos que compren un diamante en una joyería, obtener el certificado de origen, ya que el Proceso de Kimberley sólo rige para los diamantes en bruto, no para los pulidos». La ONG advierte de que diamantes valorados en millones de euros han viajado desde sus países de origen hasta las joyerías de Occidente sin pasar un control de aduana. Pone como ejemplo Bélgica, que «importa de Guinea, República Centroafricana y Costa de Marfil cantidades de diamantes que exceden la capacidad de producción de estos países».
La organización no gubernamental Global Witness, por su parte, señala que en países como Liberia, «sin fronteras herméticas, los diamantes pasan las aduanas y vuelven a entrar en el mercado». Estos hechos «demuestran que el lavado de diamantes continúa funcionando impunemente y sembrando el continente de violencia», afirman las ONG´s.
Los casos de Angola, Sierra Leona y la República Democrática del Congo muestran los efectos de la venta de estos diamantes. Según Intermón, en estos países africanos más de 500.000 civiles han muerto en la última década a consecuencia de los conflictos armados, financiados en gran parte por el tráfico ilegal de diamantes.
