La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha hecho público un informe en el que denuncia irregularidades y altos precios en los servicios urgentes de cerrajeros. El estudio se basó en el análisis de 27 empresas de reparación urgente de cuatro ciudades a las que la OCU llamó para abrir una puerta cerrada con llave.
En las conclusiones de este trabajo, la asociación de consumidores alerta de una circunstancia común a la mayoría de estas empresas, la falta de comprobación de la identidad del cliente; sólo en cinco ocasiones se solicitó el DNI y no hacerlo, a su juicio, supone «un olvido peligroso porque, ¿quién asegura que no se trata de un novio despechado o, simplemente, de un ladrón?»
El principal reclamo de la publicidad de estos servicios, la rapidez, se cumple en la mayor parte de las empresas, pues el tiempo medio de espera desde que se solicita el servicio hasta que llega el cerrajero es de 37 minutos y sólo en tres casos se esperó más de una hora, asegura la OCU. Sin embargo, advierte de la «falta de transparencia» de los anuncios, ya que omiten la dirección física de las empresas, ocultan el nombre o se utilizan varios y se anuncian con números de teléfono diferentes.
Además, ninguna empresa, según la OCU, detalla por teléfono el coste de sus tarifas fijas -mano de obra, desplazamientos y recargo por trabajo fuera del horario laboral- y algunas facilitan un precio orientativo total que no suele incluir el coste de la sustitución del cilindro, que doblará el presupuesto final.
Tarifas «exageradas»
Por otro lado, la Organización de Consumidores y Usuarios considera que en muchos casos las tarifas son «exageradas» y varían mucho de unas empresas a otras. Así, constató que algunos servicios de cerrajería urgente llegan a cobrar hasta 200 euros más que otros. Además, afirma que las empresas multiservicio del estudio son, de media, un 27% más caras que las exclusivas de cerrajería.
El estudio hace referencia también al alto coste de la sustitución de los cilindros de la puerta, ya que a pesar de que la legislación vigente establece que los recambios instalados deben cobrarse al precio de venta al público, «en las escasas facturas en las que este precio se especifica, su coste ha sido tres veces superior al de mercado».
Ante esta situación, la OCU solicita a las comunidades la actualización de la normativa del sector y que, por ejemplo, se obligue a las empresas a facilitar por teléfono sus datos identificativos y sus tarifas, así como a presentar un presupuesto previo que el cliente firme antes de la reparación.
