España es, después de Italia y Grecia, el país de la Unión Europea (UE) con una menor prevalencia de discapacidades; pero al mismo tiempo es el que menos empleo proporciona a las personas que tienen mermada alguna de sus capacidades y que en nuestro país suman tres millones y medio de personas, o lo que es lo mismo, el 9% de la población total. Esto es lo que dice un estudio elaborado por el Colectivo Ioé, que se apoya en los datos procedentes de la macroencuesta sobre personas con discapacidad realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 1999.
Así, de las personas con discapacidades en edad laboral (1,3 millones) sólo el 24% (300.000) tiene un empleo remunerado, y de éstos poco más de un tercio (el 37%) lo han conseguido gracias a alguna forma de apoyo público, según explica Carlos Pereda, uno de los autores del citado estudio, quien insiste en que, por tanto, «la gran mayoría no han sido apoyados». De este porcentaje que han recibido ayuda, el 22% cuenta con lo que se conoce como empleo protegido -empleos especiales para ellos, pero que les separan del mercado normalizado- y el resto están dentro del mercado ordinario de trabajo.
Entre las medidas establecidas en España para favorecer el acceso a este mercado laboral ordinario destaca la de respetar una cuota de reserva para este colectivo. Es una obligación legal que tienen las empresas -públicas y privadas- con más de 50 empleados fijos de reservar el 2% de los puestos de trabajo para estas personas. Esta medida debería garantizar unos 80.000 puestos de trabajo, ya que los trabajadores en establecimientos de estas características no llegan a 4 millones. Sin embargo, sólo 11.500 personas con discapacidad son beneficiarios de esta cuota de reserva, de ellos un tercio en el sector público y dos terceras partes en empresas privadas. En este sentido, los autores del estudio denuncian que «esta reserva de plazas es sistemáticamente incumplida tanto por las empresas privadas como por la administración». Y es que en conjunto, sólo el 3,7% de los empleos ocupados con personas con discapacidades han sido conseguidos gracias a este mecanismo.
Una de las razones que suelen esgrimir las empresas es que estos trabajadores no han recibido la misma formación. No en vano, España es el segundo país, después de Portugal, con peor nivel de estudios y formación de las personas con discapacidad. Esto conecta directamente con la prevalencia en este colectivo del empleo precario y en puestos no cualificados, afirman los autores.
Pero no sólo España es, después de Irlanda, el país de la UE con menos gasto en política social, el 21% del Producto Interior Bruto (PIB), sino también uno de los que menos gastan en salud por habitante, advierten los responsables del trabajo. Esto se traduce, según el estudio, en peores condiciones de prevención y tratamientos, lo que a su vez explicaría que a pesar de que España tiene la menor proporción de personas con discapacidad, esta prevalencia se acelera a una velocidad mayor que la media de la UE a medida que se avanza en la edad de las personas. Si el gasto social y en salud es un factor a tener en cuenta, los ingresos familiares también. En este sentido, Pereda destaca «la conexión existente entre discapacidad y pobreza» que, junto al anterior factor de la edad, permiten trazar un mapa de prevalencia por comunidades. A mayor edad de la población y menor nivel de renta, mayor proporción de personas con discapacidad.
Mientras estos datos se hacían públicos, el Congreso de los Diputados aprobaba ayer tomar en consideración una iniciativa procedente del Parlamento de Castilla-La Mancha para ampliar al 5% las plazas de empleo público a personas con discapacidad, que concurrirían en un turno específico, pero con las mismas pruebas, en el proceso de selección. En este sentido, el portavoz de las Cortes de Castilla-La Mancha, José Molina Martínez, resaltó que se trata de garantizar la «completa realización personal y total integración social» de las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, de modo que «puedan competir entre iguales» quienes no lo son.
