España es el séptimo país del mundo con la población más envejecida, según el Libro Verde de la Dependencia, promovido por la Fundación AstraZéneca, que se presentó ayer en el transcurso del VI Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores, que se está celebrando en Valladolid.
Según se planteó en la mesa redonda de presentación del Libro, el envejecimiento, más que un problema, es un fenómeno de ámbito mundial, que tiene singular importancia para España.
En la actualidad, nuestro país es la séptima nación del mundo con más población envejecida. Es más, las previsiones del Libro Verde apuntan a que en el año 2050, si no cambia la evolución demográfica, España será el país más envejecido del mundo. De hecho, se prevé que a mediados de este siglo el 44% de nuestra población tendrá más de 60 años. Desde un planteamiento realista de este problema, los expertos señalan que no es recomendable establecer o ampliar derechos sociales sin contemplar su sostenibilidad económica.
Según algunos estudios realizados para determinar los costes directos generados por las situaciones de dependencia, éstos se elevan en España a los 1.900 millones de euros, aunque otros añaden también a estas cifras los costes de adaptación de centros e instituciones hospitalarias, llegando así a los 10.000 millones de euros.
Los expertos afirman que por efecto del envejecimiento demográfico, el porcentaje de gasto destinado a sanidad y a asistencia de larga duración se incrementará hasta 4 puntos del Producto Interior Bruto (PIB), por lo que será preciso buscar recursos adicionales, tanto públicos como privados.
Esto traerá consigo también una mayor necesidad de mano de obra especializada, por lo que el sector de atención sociosanitaria a mayores dependientes ofrecerá importantes oportunidades de empleo. «Estamos ante un auténtico yacimiento de empleo dentro del modelo sanitario y de los servicios sociales», indicaron.
«Igualdad» de las prestaciones
Por otro lado, la ministra de Sanidad, Ana Pastor, encargada de inaugurar ayer el congreso, garantizó la «igualdad» de las prestaciones sanitarias a las personas mayores, independientemente de la comunidad donde residan. La ministra recalcó que el actual mapa autonómico no debe ser un obstáculo para que las Administraciones procuren la asistencia social y sanitaria a los 7 millones de mayores de 65 años, sin tener en cuenta su lugar de residencia.
Ana Pastor dijo que es necesario «coordinar las medidas sociales y sanitarias» hacia las personas mayores. La ministra ilustró el objetivo con un problema habitual entre los octogenarios: «Si una mujer de 84 años se cae y se rompe la cadera no sólo debe solucionarse este problema, sino que hay que intentar que la recuperación sea al cien por cien». En consecuencia, la asistencia cubrirá no sólo los cuidados sanitarios de larga duración, sino la convalecencia y la rehabilitación completa de los pacientes con problemas funcionales. La titular de la cartera de Sanidad abogó por «medidas preventivas y hábitos saludables».
Además de esta prioridad del Gobierno, Pastor añadió que si las personas mayores sufren una enfermedad, las administraciones deben procurar el mayor bienestar posible. Respecto a los enfermos de Alzheimer, dijo que uno de las formas de aliviar a las familias afectadas pasa por los llamados «centros de respiro» que algunas comunidades han puesto en marcha.
