El proceso de liberalización acometido por el Gobierno en los sectores públicos de carburantes, transporte, telefonía y sector eléctrico y gas ha perjudicado a los consumidores porque ha supuesto un incremento en los precios y una reducción de la calidad en la prestación de estos servicios, al tiempo que no garantiza al consumidor la libre «elección» del suministrador, según denunció hoy la Unión de Consumidores de España (UCE).
UCE recordó que los precios de los carburantes se han elevado hasta un 30% desde 1998, cuando se inició este proceso. Asimismo, indicó que en el transporte aéreo la diferencia de tarifas entre algunas compañías son «ínfimas» porque «pactan los precios» o son «miméticamente» copiadas. En cuanto al sector eléctrico, apuntó que la tarifa al consumo se ha incrementado hasta en un 1,5% desde 2002. Por último, respecto al sector de la telefonía, dijo que se está registrando un aumento del coste de la tarifa de enganche en la telefonía fija, mientras que la móvil cuenta con los precios «más elevados de la UE».
La Unión atribuye esta situación a que la liberalización ha transformado «monopolios públicos» en meros «oligopolios privados», lo que ha provocado un mercado en el que las compañías que operan en determinados sectores «pacten los precios» y el usuario se encuentre «limitado» a la hora de reclamar.
Estatuto
Para poner remedio a esta situación, la asociación de consumidores solicita a los partidos que en sus programas electorales incluyan la promesa de dotar con rango de ley un «estatuto del usuario de los servicios públicos de interés general en España». El objetivo de esta medida sería, según UCE, establecer un «marco de protección jurídica y económica de los consumidores españoles, que garantice la soberanía del ciudadano frente a la hegemonía del mercado».
El estatuto incluiría un decálogo de medidas orientadas a proteger al consumidor y garantizar la recepción de la indemnización en caso de sufrir alguna irregularidad en la prestación de un servicio de interés. De esta forma, UCE pretende que se garantice el acceso al servicio universal, que se facilite la protección adecuada al usuario frente a la interrupción del mismo, así como garantizar transparencia en las condiciones del contrato, seguridad en el suministro y en la prestación del servicio en cuestión.
La Unión de Consumidores añade que este estatuto implicaría también la revisión de los mecanismos de reclamación, perseguiría que se garantizara la participación de los usuarios en los órganos reguladores y contemplaría la creación de una agencia de evaluación de la calidad de los servicios públicos en España.
