El Gobierno central «no contribuirá» desde los fondos públicos a «favorecer» procesos de prejubilaciones en aquellas empresas que sean viables. Así lo dijo ayer en Oviedo el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, tras reunirse con el Ejecutivo del Principado.
Caldera recalcó que «no es bueno que se pierda capital humano y productivo» a edades tempranas. En su opinión, el sistema actual exige «alargar» el tiempo de trabajo hasta un momento de jubilación «razonable», sobre todo, para ampliar el periodo de cotización. No obstante, matizó que en el caso de las empresas en crisis, el Gobierno «no dejará a nadie desamparado».
Por otro lado, el ministro reconoció la necesidad de ser «más exigentes» en el control de la contratación, ya que, apuntó, actualmente «se abusa» de la causalidad. «Muchos contratos nuevos no responden a una causa legal y hay que mejorar esta situación desde el diálogo social», subrayó.
Respecto a la siniestralidad, advirtió que si bien se había detectado un descenso en la tasa general, España se mantiene por encima de la media europea. «La ley de control de riesgos laborales es buena, pero a veces no se aplica», apuntó.
El Gobierno intentará atajar estas deficiencias, según el titular de Trabajo, reforzando tanto la prevención como la inspección laboral. Y en este último aspecto, jugarán un papel importante los técnicos de las comunidades autónomas porque, afirmó el ministro, «la cooperación es indispensable».
