La central nuclear de Vandellós II (Tarragona) ocultó y retrasó información sobre problemas de corrosión en los sistemas de captación de agua de refrigeración y su relación con una rotura en agosto de 2004, según un informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
Desde 1999 las inspecciones detectaban «un proceso de corrosión generalizado en el exterior de las tuberías», que continuó en pruebas realizadas en 2000 y 2004, indica el CSN, que considera que las causas del incidente se debieron a «debilidades» en el diseño de las tuberías, una vigilancia de la zona «incorrecta», un mantenimiento «ineficaz» y una gestión «deficiente».
El Consejo destaca además la existencia de «primacía de la producción frente a la seguridad», debido a un «arranque de la central tras la rotura sin los análisis de seguridad adecuados». Asimismo, subraya que no existió riesgo para la salud de la población.
Respecto a las «debilidades del diseño» y a la «vigilancia y mantenimiento ineficaz», el CSN reconoce que, en parte, es atribuible a la «falta de normativa nuclear», lo que lleva a que en los primeros años de explotación «no se establecen requisitos de vigilancia», pero considera que tras los primeros síntomas de corrosión en 1993 debía haberse actuado.
Respecto a la ejecución del mantenimiento, «éste se ha realizado sin aplicar procedimientos adecuados para el saneamiento y reposición de pintura, por falta de definición en órdenes de trabajo o por falta de supervisión de la calidad de los trabajos realizados y de la cualificación de los ejecutores».
Inadecuada comunicación
El informe subraya también la «inadecuada comunicación al CSN» en la fase anterior y posterior a la rotura. En este sentido, dice que «la información suministrada al CSN tras la rotura del 25 de agosto estuvo focalizada en el deterioro de las bocas inferiores, que se atribuía a la contaminación con agua de mar durante las operaciones de vaciado del sistema».
Por todo ello, el CSN recomienda a la dirección de Vandellós II mejoras en el diseño de tuberías, corregir las posibles degradaciones que pudieran existir, y reconsiderar su estrategia organizativa. Pide además que «prevalezcan los criterios de seguridad sobre los económicos» actuando «de forma eficaz y diligente».
ANAV lo niega
La Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II (ANAV) ha salido al paso de este informe y ha asegurado que no ha ocultado información al CSN, que ha realizado las notificaciones preceptivas, y que ha facilitado en todo momento el acceso a las instalaciones.
Asimismo, ha recalcado que es contrario a sus políticas dar prioridad a la producción frente a la seguridad, «siendo una política esencial y de primer nivel el garantizar la seguridad de su personal, del público y de sus instalaciones en todo momento y, en particular, en el transcurso del mencionado incidente».
Vista gorda
Por su parte, Greenpeace opina que ha habido engaños al Consejo por parte de la central, pero también ha habido trabajo negligente de una parte del CSN, que «hizo la vista gorda» con lo sucedido el 25 de agosto y permitió que la central siguiera funcionando hasta el pasado 5 de marzo «sin seguridad», lo que ha supuesto «un riesgo» para la población y el medio ambiente.
Ese riesgo ha llevado a la organización ecologista a pedir la recalificación del suceso de un nivel uno a un nivel tres -«incidente importante»- en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES), ya que considera que la defensa en profundidad de la central «estaba mermada».
Además, no descarta emprender acciones legales tanto por vía administrativa como penal para que se depuren responsabilidades.
