En la presentación de su informe, la organización ecologista WWF-Adena ha señalado que los bancos de agua pueden convertirse en una buena solución para combatir las sequías, aparte de mejorar, al mismo tiempo, el entorno medioambiental, sobre todo en lo que respecta a los humedales, a los ríos y a los acuíferos. Para esta organización resulta vital el control y la regulación específica de estos mercados, asimismo de conocer con exactitud el coste y el consumo de agua.
Aparte de las ventajas que proporciona la creación de bancos de aguas, esta alternativa también presenta ciertos riesgos, principalmente en el que conlleva el futuro mercado del agua. Puesto que una hipotética compra-venta del agua puede originar la aparición de mercados negros y la construcción de nuevas infraestructuras, además de dejar en un segundo plano el factor medioambiental.
Responsables de la organización ecologista han apuntado que la creación de estos bancos de agua implicará un cambio sustancial en el modelo de gestión de este recurso, aunque en Europa, la venta y el arrendamiento de derechos de agua no está muy extendido. Sin embargo, estas mismas fuentes han subrayado que estos bancos de agua pueden fijar un precio claro del agua, y asegurar que ese precio, así como la posibilidad de venderla, estimulará la racionalidad y el consumo.
En España, el Gobierno, a través de programa de Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua (AGUA), tiene previsto la creación de estos bancos para paliar problemas de escasez. Y el pasado año aprobó ya la implantación de «centros de intercambio de derechos de agua» en las cuencas del Segura, el Júcar y el Guadiana. Auque desde de WWF-Adena apuntan a que éstas no son las cuencas más adecuadas para poner en marcha estos proyectos, y que la fórmula más recomendada reside en llevar a cabo experiencias pilotos para evaluar los efectos sobre el medio ambiente, en especial en las cuencas del Ebro y del Guadalquivir por la gran cantidad de estudios e informes existentes.
En el mismo informe, WWF-Adena también ha subrayado la existencia de estudios que demuestran la proliferación de pozos ilegales en España, en los que se han cifrado entre 500.000 y 1,5 millones de extracciones ilegales que pueden existir en el litoral mediterráneo.
