La Comisión de Educación del Senado ha recibido de la Asociación de Dislexia de España una petición para que las necesidades de los alumnos con dificultades de aprendizaje se incluyan en una enmienda en la LOE.
De esta forma, los padres de niños disléxicos demandan que se recoja en el título segundo de la nueva ley de educación, dedicado a la igualdad, la situación de sus hijos para que reciban el apoyo educativo adecuado, explicó la presidenta de la asociación, Irene Ranz. En ese título se agrupa a los alumnos con necesidades especiales en tres categorías: los de educación especial, que engloba a niños discapacitados y con trastornos psíquicos, los superdotados y los que se incorporaron tarde al curso.
Lo más viable es que se incluya los disléxicos en el primer grupo, aunque la asociación trabaja para que se cree una categoría nueva donde se contemple para a sus hijos «el entorno adecuado», explicó Ranz. No tiene sentido que no se recojan las necesidades de este grupo de alumnos «cuando representan el 80% del fracaso escolar», recordó la presidenta de la asociación, que pidió que se incluya el tratamiento de esta enfermedad en la formación de los orientadores y pedagogos que trabajan en los colegios.
España es «prácticamente el único país que no contempla la dislexia», por lo que la mayoría de los padres de la asociación descubrieron el mal de sus hijos después de que sus profesores les dijeran que suspendían «porque eran niños vagos e inmaduros que no querían estudiar», denunció Ranz.
