La telefonía e Internet acumulan la cuarta parte de las quejas y reclamaciones de los consumidores, principalmente en lo que se refiere a las contrataciones de línea. Lo dice un informe de la Confederación Española de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU), con motivo de la celebración el 15 de marzo del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores.
Las principales razones que motivan las reclamaciones son la calidad deficiente del servicio, en contraste con las «exageradas» promesas publicitarias; las cláusulas abusivas, los servicios de atención telefónica, las negativas a facilitar el contrato y las dificultades para obtener la baja de la compañía. Los usuarios también plantean quejas por el cobro de servicios no contratados.
Después de la telefonía e Internet, los sectores que acumulan más quejas son el de la vivienda (un 9,35% en el caso de la vivienda en propiedad y un 3,74% en alquiler) y los servicios financieros (11%).
En el caso de la vivienda, los motivos de queja son la demora en la entrega, la falta de conformidad con las calidades y el incremento de precio final a pagar. En el sector financiero, las quejas vienen por la falta de transparencia en algunos de los productos, comisiones bancarias y cláusulas abusivas.
Otros asuntos que acumulan reclamaciones son las academias de enseñanza (7,9%), reparaciones del hogar (4,73%), compañías eléctricas (3,82%), aseguradoras (3,69%), servicios de asistencia técnica (2,8%), ventas a distancia (2,38%), alimentación y bebidas (2,35%), y agencias de viajes (1,4%).
Aumentan las reclamaciones
Según CEACCU, el número de consultas y reclamaciones planteadas por los consumidores han aumentado un 57,8% en los últimos cinco años, pasando de las 10.839 registradas en 2001 a las 17.110 contabilizadas en 2005. No obstante, sólo en dos de cada diez el usuario actúa conociendo sus derechos y aporta los datos para que su queja prospere.
Esta asociación ha puesto en marcha una campaña informativa a través de su web (www.ceaccu.org) para que cualquier ciudadano pueda iniciar la tramitación de una demanda judicial en aquellos casos en los que no es necesario contratar un abogado y procurador (de menos de 900 euros).
