El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Proyecto de Ley De Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios que ahora pasa a trámite parlamentario Tres son las principales demandas que los consumidores españoles vienen realizando desde hace años: el derecho a darse de baja de los contratos con las mismas facilidades con las que se dan de alta; la eliminación de los redondeos al alza en el precio de productos y servicios, y la facturación por tiempo real de estancia en los aparcamientos. Y tres son las soluciones que ha puesto sobre la mesa el Ministerio de Sanidad y Consumo: las altas y las bajas se darán en iguales condiciones, sin trabas adicionales; se prohíbe el redondeo al alza y se obliga a cobrar por tiempo real, incluido los aparcamientos, que facturarán por minutos. Esta es una norma que, según señaló el Gobierno «persigue los abusos». «Esta ley pretende que las cláusulas abusivas desaparezcan de la realidad cotidiana», precisó la ministra de Sanidad, Elena Salgado, tras el visto bueno dado por el Consejo de Ministros a la Ley de Mejora de Protección de los Consumidores y Usuarios que ahora pasará a trámite parlamentario. Condiciones igualitarias El texto obliga a que las altas y las bajas en la contratación de servicios se den en iguales condiciones, sin trabas adicionales, y exige a todos los prestadores de todos los servicios que informen sobre el derecho del usuario a darse de baja y sobre el procedimiento que se debe seguir. El incumplimiento de estas obligaciones se tipifica como infracción y pasan a considerarse cláusulas abusivas las trabas al ejercicio de ese derecho o la imposición de requisitos injustificados, como la pérdida de cantidades abonadas por adelantado.
Hasta ahora, darse de baja en un servicio resultaba para el consumidor algo bastante complicado ya que se le exigían requisitos adicionales, lo que hace que el ciudadano pierda tiempo y, en algunos casos, dinero.
Fuera redondeo
El redondeo al alza y el cobro por horas tienen también los días contados. La nueva norma prohíbe el redondeo al alza tanto en el tiempo utilizado como en el precio, así como cualquier cláusula que prevea el cobro por servicios o productos no consumidos. En los aparcamientos los usuarios pagarán por el tiempo real, en minutos, con lo que se elimina el pago por «hora o fracción» u otras modalidades temporales (15 minutos, 10…). Además, se exige que la información sobre el precio, horarios y normas de uso se facilite con carácter previo.
La medida se tendrá que llevar a cabo no sólo en los parking públicos, sino en aquellos en los que el aparcamiento no es la actividad principal, como lo son las grandes superficies. En el caso de la vivienda, se refuerza la protección del consumidor porque se recoge la obligación de que los contratos de suministros de los servicios básicos formen parte del precio de la vivienda y se prohíbe que haya penalización al comprador al no aceptar la entidad bancaria.
En lo que se refiere a contratos y cláusulas abusivas, hasta ahora no sujetas a regulación, el Gobierno establece que no pueda exigirse al consumidor el cumplimiento de obligaciones sobre las que no se le haya informado de forma previa. Además, las cláusulas que impongan obstáculos onerosos o desproporcionados, como la imposición de trámites innecesarios o el abono de gastos desproporcionados, quedan prohibidas.
