Todas las exigencias del Código Técnico de la Edificación (CTE) se están aplicando en la construcción de viviendas protegidas (VPO) sin que ello vaya a impedir que se puedan vender a precio de VPO, aseguró ayer la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo.
El Código «no penaliza económicamente la ejecución de los proyectos» sino que, en la mayoría de los casos, «abarata sensiblemente los costes en comparación con promociones teóricamente baratas que no responden al lugar, la orientación o la racionalidad, ni al ahorro energético», señaló la ministra durante la presentación de los trabajos ganadores del Proyecto Viva para construir 5.688 viviendas protegidas en siete actuaciones localizadas en seis provincias.
De esta manera, Trujillo defendió una vez más que el CTE aportará unas mayores posibilidades ahorro, no sólo energético, que harán amortizable el posible sobrecoste que conlleve la adaptación de las exigencias del Código a las nuevas construcciones, y que según la memoria económica del mismo rondará el 1%, frente al 12% estimado por los promotores.
En cualquier caso, las dudas sobre el posible sobrecoste que implicará el CTE se despejarán una vez que estas parcelas se vendan, como está previsto, en algún caso en derecho de superficie, a los promotores privados, quienes deberán construir las viviendas tal y como quedan definidas en los proyectos.
Posteriormente, los inmuebles serán adjudicados mediante un registro de demandantes de vivienda protegida específicamente creado al efecto para cada una de las actuaciones, con el fin de garantizar la transparencia en los procesos de selección y adjudicación.
Datos contradictorios
Un estudio de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) contradice, sin embargo, los datos de Vivienda. Según APCE, las VPO se encarecerán un 9,4% por la entrada en vigor del CTE.
Los promotores afirman que para una VPO tipo (90 metros cuadrados útiles) el sobrecoste derivado de las nuevas exigencias del Código ascenderá a 94,38 euros por metro cuadrado. Esto supone un repunte del 17% en los costes de ejecución y un 9,4% más en el precio final respecto a los 1.000 euros de media (con datos oficiales) que los españoles pagan por cada metro cuadrado de vivienda protegida. En el caso de un piso del mercado libre, el alza será de cerca de un 4%.
Este nuevo escenario ha llevado a los promotores a exigir al Ejecutivo un incremento de los precios de la vivienda oficial al menos en esa misma proporción. De otro modo, advierten de que estas casas no les saldrán rentables y se dejarán de construir. Según sus cálculos, se levantan al año 54.000 viviendas con algún tipo de protección (un 10% del total). Dato que contrasta también con el manejado por Trujillo, que sitúa ese número en 84.000.
