La Ley del Tabaco «representa el mayor avance en salud pública en España de las últimas dos décadas», según señaló el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT), que hizo esta declaración con motivo del primer aniversario de la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La ley ha cumplido el 80% de sus objetivos sin que se hayan generado conflictos ni problemas significativos en la población española, aseguraron desde el comité.
Tras un año de aplicación de la ley, la prevalencia del tabaquismo ha caído un 5%, lo que supone que hay medio millón de fumadores menos que hace un año, según el CNPT. Además, tres millones de fumadores han intentado dejar el hábito. El consumo de tabaco se ha reducido también alrededor del 5%, lo que supone 210 millones de cajetillas menos, mientras que los niveles de nicotina ambiental se han reducido un 83% en los centros de trabajo, según la citada fuente.
El CNPT indicó asimismo que el número de puntos de venta ha descendido un 40% y ha desaparecido casi por completo la publicidad y promoción. Los resultados en cuanto a morbilidad y mortalidad por infarto de miocardio, así como en lo que se refiere a enfermedades crónicas y cáncer, serán visibles muy pronto, afirmaron desde este organismo.
Lo más positivo del balance de un año de aplicación de esta ley es que el tabaco haya desaparecido de empresas, administraciones públicas y centros de transporte, aseguraron. En cuanto a los aspectos negativos, el CNPT se refirió a la hostelería y a las «reticencias» que están poniendo algunas comunidades autónomas al desarrollo de la norma.
El comité considera que el «punto débil» de la norma se encuentra en la hostelería, ya que sólo regula los locales de 100 metros cuadrados o más, que representan únicamente el 20% del total de establecimientos. Así, sólo 40.000 de los 300.000 locales de hostelería son totalmente libres de humo o están bien compartimentados.
Otro elemento que esta organización tacha de «lamentable» es el desarrollo que han hecho de la ley «algunas comunidades autónomas» que, a su parecer, «han caído en la trampa tendida por las tabacaleras y están hablando de la necesidad de mayor tolerancia en un asunto que no pretende discriminar a nadie, sino proteger la salud de los españoles».
