La inversión en bienes tangibles (sellos, obras de arte, antigüedades) se regulará de forma distinta en cada comunidad autónoma, dentro de un marco general de alcance estatal, según establece el anteproyecto de ley sobre la materia elaborado por el Ministerio de Sanidad y Consumo.
Las autonomías gobernadas por el PP criticaron ayer el texto durante la Conferencia Sectorial de Consumo. A su juicio, el Gobierno rehuye sus competencias al no desarrollar el Reglamento y mantener «un vacío legal pernicioso». Por su parte, las asociaciones de consumidores lamentaron que la norma no sea todo lo estricta que se esperaba tras el escándalo de Fórum Filatélico y Afinsa.
La ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, recordó que la única normativa vigente sobre el sector -la disposición adicional cuarta de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva- transfiere su control a las administraciones territoriales por tratarse de «productos de consumo».
El Gobierno tiene previsto aprobar el texto definitivo en el Consejo de Ministros a finales del presente mes. En su posterior votación en el Congreso, es previsible que se introduzcan enmiendas para buscar los apoyos necesarios.
Sin dinero
Por otro lado, la mayoría de clientes de Fórum Filatélico y Afinsa no podrán recuperar su dinero, según indica uno de los últimos escritos de la Fiscalía Anticorrupción.
Tras el estudio de los documentos de ambas sociedades, los representantes del ministerio público consideran que su estado financiero era desde hace años de «extrema gravedad». En el caso de Afinsa, incluso existían informes jurídicos que decían que «incumplía plenamente las obligaciones legales y los requerimientos de protección al consumidor».
Conocida la «fraudulenta» operativa de ambas empresas y el estado «ruinoso» de sus cuentas, la Fiscalía admite que «son decenas de miles los perjudicados que no pueden obtener ya la devolución de su dinero». Idea que comparten los propios afectados, que estiman que, como mucho, obtendrán el 25% de lo invertido.
Publicidad clara
Los representantes del PP en la Conferencia Sectorial de Consumo también criticaron que la reforma legal del Ministerio no detalle más las conductas prohibidas en el sector de bienes tangibles (se dice que su información y publicidad deberán ser «veraces» y advertir «expresamente» que estos productos «no tienen garantizado un valor de mercado»), ni tampoco las futuras sanciones a las sociedades que se salgan de esos límites. De esta forma, una misma empresa podría llegar a hacer en una comunidad cosas vetadas en otra -más allá de los parámetros generales del anteproyecto- o, por el contrario, merecer una fuerte multa por hechos que en otra región se saldarían con una penalización mínima.
La titular de Sanidad y Consumo, a su vez, responsabilizó a los dirigentes autonómicos del resultado de sus regulaciones respectivas, a fin de que «no se aparten del espíritu que ha inspirado la futura ley estatal». Este texto, según el PP, está «envenenado» porque considera que no despeja las dudas sobre si las operaciones con bienes tangibles son financieras o mercantiles. Sin embargo, en el apartado del texto legal que regula la publicidad de estas empresas, se advierte que habrán de «dejar muy claro al consumidor que la naturaleza de estos (productos) no es financiera» y, por tanto, no podrán usar expresiones como inversión, ahorro o rentabilidad.
A finales de mes el Consejo de Ministros aprobará, ya como proyecto de ley y tras estudiar las alegaciones de cada comunidad, la nueva regulación
La previsión gubernamental es que a finales de mes el Consejo de Ministros aprobará, ya como proyecto de ley y tras estudiar las alegaciones de cada comunidad, la nueva regulación de las inversiones en bienes tangibles. Después irá al Parlamento, donde se iniciará el trámite de enmiendas y se podrían introducir más cambios, algunos obligados ya que en este asunto el PSOE no cuenta con apoyos sólidos. Sí los tuvo -salvo del PP- para no crear un fondo específico que compense a los 450.000 afectados de Fórum y Afinsa, o para negarse a abrir una comisión de investigación parlamentaria, pero los nacionalistas vascos, catalanes, canarios y gallegos se oponen a que el sector quede fuera de la regulación del ámbito financiero.
PNV, CiU, ERC, CC y BNG quieren que esas empresas sean controladas por el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Dirección General del Tesoro u otros organismos reguladores estatales al «asumir pactos de recompra de bienes, con o sin promesa de revalorización» (como recoge la nueva ley), de modo que el interés deje de estar en el propio bien y se traslade a la futurible rentabilidad que se pueda obtener.
Algunas formaciones políticas quieren incluso que se derogue la norma que transfiere a las autoridades de Consumo las competencia sobre el sector de los bienes tangibles, y recuerdan que la justicia lo considera «un negocio financiero más, como las entidades de ahorro».
