El Servicio de Defensa de la Competencia (SDC) tomará las medidas pertinentes si descubre que las compañías de telefonía móvil Vodafone, Movistar y Orange han pactado la subida de tarifas que tienen previsto aplicar a partir de marzo para compensar la supresión del redondeo. Así lo anunció ayer el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, al término de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat de Cataluña.
Solbes señaló que cada empresa puede tomar la decisión que estime adecuada sobre sus tarifas porque «los móviles son libres». Sin embargo, explicó que «lo que no es libre» es que se pongan de acuerdo para subir las tarifas de forma pactada. «Si eso es así, lógicamente pueden afectar a los temas de competencia y en su caso el tribunal tomará las medidas pertinentes», enfatizó.
El vicepresidente económico indicó que el SDC está analizando este asunto para comprobar «si tiene que actuar o no». Igualmente, la ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, afirmó que este organismo actuará si se descubre que ha habido alguna irregularidad por parte de los operadores de telefonía móvil.
Por su parte, el ministro de Industria, Joan Clos, recordó que algunas compañías no tienen previsto aplicar subidas, lo que deja en manos de los usuarios un margen de elección. «Los usuarios deben estudiar las opciones que tienen y escoger la que más les convenga, ya que nos encontramos en un sector desregulado con un mercado abierto», dijo.
Solicitud de información del INC
Hasta el momento la única compañía que ha comunicado oficialmente al Instituto Nacional del Consumo (INC) el cambio que aplicará a sus tarifas a partir del 1 de marzo ha sido Movistar. Por ello, el INC ha solicitado a los demás operadores que procedan cuanto antes a remitir su información, tal y como obliga la ley.
El secretario de Sanidad y Consumo, Fernando Puig de la Bellacasa, ha dicho que si al analizar la documentación aportada por las empresas se detectan indicios de que han actuado de forma concertada, pedirá la intervención de las autoridades de defensa de la competencia y, en su caso, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).
Consumo estudiará los nuevos contratos de telefonía móvil de forma conjunta con las comunidades autónomas, el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) y el Ministerio de Justicia para verificar su adecuación a la ley y para que se preserve el derecho de los consumidores a darse de baja sin dificultades.
