El pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer el dictamen del proyecto de la Ley del Suelo. La norma continuará ahora su tramitación en el Senado y entrará en vigor, probablemente, el próximo 1 de julio, justo después de que se constituyan los nuevos ayuntamientos tras las elecciones de mayo.
La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, se mostró satisfecha por el visto bueno al «proyecto más importante de la legislatura» de su departamento.
La Ley del Suelo busca fomentar la construcción de viviendas protegidas y frenar la corrupción urbanística. En este sentido, incluye la obligación para los ayuntamientos de hacer pública la identidad de quienes hayan sido propietarios durante los últimos cinco años de aquellos terrenos en los que se aumente la edificabilidad, la densidad o se modifique su uso.
Los alcaldes, concejales y los cargos no electos de la Junta de Gobierno Local deberán -antes de tomar posesión de su cargo- declarar sobre sus posibles causas de incompatibilidad y sobre sus actividades económicas. Harán público, también, sus bienes patrimoniales y sus participaciones en sociedades, así como sus declaraciones de renta, patrimonio y, en su caso, sociedades.
Por otro lado, la norma eleva al 30% el porcentaje mínimo de suelo que deberá destinarse a viviendas de protección oficial (VPO) en cada nuevo desarrollo. También obliga a que todos los convenios urbanísticos y las permutas de terrenos sean acordados por el pleno municipal.
