El Ministerio de Educación y Ciencia emitió ayer un comunicado en el que recuerda que la enseñanza de la asignatura «Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos» es obligatoria, tal y como queda recogido en la Ley Orgánica de Educación (LOE).
El departamento que dirige Mercedes Cabrera hizo este recordatorio a propósito de las recientes declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en las que proponía convalidar dicha materia por tareas de voluntariado.
«Todas las comunidades autónomas y los centros educativos tienen el deber de impartirla», indica la nota del Ministerio, que recuerda asimismo que la primera obligación de todos los poderes públicos «es cumplir y hacer cumplir la ley» y que las autonomías «no pueden decidir sobre su observancia».
Por otro lado, precisa que no ha iniciado ningún requerimiento contra la Comunidad de Madrid en relación a las órdenes de admisión de alumnos por el hecho de dar puntos a los que provengan de familia numerosa, sino por incluir este criterio en el apartado de «criterios prioritarios», incumpliendo así lo dispuesto en la LOE.
En este sentido, señala que en los territorios que gestiona da puntos a las familias numerosas en las órdenes de admisión de alumnos y lo hace como «criterio complementario», al igual que otras comunidades autónomas.
Voluntariado alternativo
La propuesta de Aguirre ha calado hondo en algunos sectores de la comunidad educativa, que han acogido positivamente la posible creación de un «voluntariado alternativo» en sustitución de la citada asignatura.
El Foro Español de la Familia cree que esta fórmula es una «solución inteligente» y «respetuosa» con la legislación y con el derecho de los padres a formar a sus hijos. En su opinión, «ayudará a generar hábitos y preocupaciones de buen ciudadano en los escolares».
En la misma línea, el presidente de la Unión Democrática de Estudiantes (UDE), Álvaro Vermoet, cree que ofrecer actividades de utilidad social en el horario de Educación para la Ciudadanía «está dentro de la ley, pues es una forma alternativa de llegar a los objetivos de las enseñanzas mínimas del Ministerio, a la vez que inculca esa idea liberal de que los jóvenes no tenemos sólo derechos sino también obligaciones».
Una posición diametralmente opuesta es la de la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), que acusa a Aguirre de «falta de responsabilidad política». A su entender, la presidenta madrileña comete un «acto de insumisión ante una ley orgánica que tienen que cumplir todas la comunidades autónomas».
Lola Abelló, presidenta de CEAPA, advierte de que las tareas de voluntariado no suplen a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que está formada por «contenidos curriculares sobre derechos humanos, actitudes y valores de convivencia, estrategias de aprendizaje, por encima de partidos e ideologías».
