El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la ministra de Vivienda, Carme Chacón, adelantaron ayer algunas de las medidas que integran el Plan de Fomento del Alquiler que el Ejecutivo está diseñando.
A partir del 1 de enero se concederán ayudas directas de 210 euros mensuales a aquellos jóvenes de entre 22 y 30 años de edad que opten o hayan optado ya por el alquiler para acceder a su primera casa. También se les concederá un préstamo de 600 euros para pagar la fianza al arrendatario y un aval de seis meses para responder ante el mismo.
Los beneficiarios deberán contar con residencia oficial en España desde al menos cuatro años e ingresos de menos de 22.000 euros brutos anuales. El Ejecutivo estima que ocho de cada diez jóvenes empleados reúnen estas condiciones.
La ayuda de 210 euros se dará durante un máximo de cuatro años y se prorrateará si se trata de un alquiler compartido.
Desgravaciones
Además, también a partir de enero, se aplicarán desgravaciones fiscales del 15% sobre un máximo de 9.010 euros, las mismas que para la compra, para todos los ciudadanos que vivan en régimen de arrendamiento y ganen menos de 24.000 euros netos al año.
Según el Gobierno, la desgravación puede suponer un ahorro mensual a un inquilino de entre 45,2 y 60,3 euros en función de los ingresos, cantidades que, en caso de ser joven y sumar la ayuda directa, ascenderían a entre 255,2 y 270,3 euros mensuales.
Ambas medidas se articularán a través de una ley, serán compatibles y supondrán un coste anual para el Gobierno de 348 millones de euros en concepto de menores ingresos fiscales, en el caso de las desgravaciones, y de 436 millones para las ayudas directas. Se estima que, en el primer año, 361.000 jóvenes se beneficien de estas ayudas y unas 700.000 familias de las desgravaciones.
Otras iniciativas
Las citadas medidas se verán acompañadas de otras, dentro del Plan de Fomento, dirigidas a aumentar la seguridad y garantía de los arrendadores y a fomentar la oferta de alquiler, mediante la construcción de pisos y la puesta en el mercado de los que están desocupados.
Para implicar al sector privado en el proyecto, el Ejecutivo prevé incrementar el suelo público para pisos en alquiler y establecer ventajas fiscales y financieras para los promotores que entren en este sector.
Reacciones de los consumidores
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aplaude las ayudas anunciadas por el Ejecutivo, aunque pide que no se limiten a los jóvenes y se extiendan a mayores, divorciados e inmigrantes. OCU señala que habrá que ver si se liberan suficientes viviendas en alquiler para que la ayuda de 210 euros al mes sea eficaz.
También aplaude la equiparación de la deducción fiscal del alquiler respecto a la vivienda en propiedad y confía que, gracias a esta iniciativa, los propietarios de viviendas vacías comiencen a sacarlas al mercado de arrendamiento.
OCU considera fundamental desarrollar campañas que den prestigio al alquiler de viviendas, que actualmente arrastra «una imagen social muy negativa».
Por su parte, la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte de que las medidas anunciadas sólo serán positivas si se conciben como algo meramente coyuntural que acompañe a otras actuaciones prioritarias encaminadas a garantizar, en un plazo prefijado, la existencia de un número suficiente de viviendas en régimen de alquiler a precios asequibles.
El Gobierno debe evaluar, con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, «cómo y cuándo estará garantizado que el número de viviendas públicas en alquiler sea suficiente para abastecer a la población menos favorecida económicamente y que el mercado libre haya crecido y moderado sus precios», indica FACUA, que cree que las ayudas no deberían aplicarse a todos los alquileres, sino sólo a aquellos cuya renta mensual tenga un determinado importe máximo.
A FACUA no se le escapa tampoco que estas subvenciones pueden tener un efecto negativo. En este sentido, advierte de que «pueden provocar que el mercado reaccione subiendo los precios del alquiler ante el aumento de la capacidad adquisitiva de los beneficiados por las ayudas». Por eso, insiste en que deben venir acompañadas de un amplio plan de actuaciones.
