Durante 2007, el goteo de sacrificios por métodos supuestamente ilegales ha sido incesante en la perrera de Puerto Real (Cádiz), que recoge miles de perros y gatos de varios municipios de la provincia gaditana. En enero, 37; en febrero, 42; en marzo, 62; en abril, 68; en mayo, 83; en junio, otros 83; en julio, 55, y en agosto, 136. En total, 566 perros y gatos sacrificados con un paralizante muscular llamado Mioflex Braun.
Pero estos son únicamente los datos oficiales, los reales podrían ser mucho mayores, ya que podrían no estar reflejados los animales que han sido llevados por sus propios dueños a sacrificar, según la asociación El Refugio, que denunció los hechos ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil el pasado 15 de junio.
El informe elaborado por el Seprona a raíz de la denuncia efectuada por esta asociación indica que «se ha podido comprobar que los animales son sacrificados utilizando para ello únicamente el fármaco de uso humano Mioflex Braun». Los agentes no hallaron otros medicamentos y comprobaron que los proveedores tampoco suministraban a los responsables de la perrera ningún otro producto.
De esta forma conseguían ahorrarse en torno a 19 euros, de los 20 euros que supone el proceso legal (una dosis de barbitúricos que causa un paro cardiaco). El uso de ese bloqueante neuromuscular, con el que el perro muere asfixiado tras padecer una paralización progresiva de su cuerpo, supone un coste de poco más de un euro.
Campaña
En vista de esta situación, El Refugio ha iniciado una campaña para convencer a los ayuntamientos de la provincia de Cádiz, que tienen contratos con la citada perrera, de la necesidad de cancelarlos para evitar que se sigan sacrificando animales de esta manera.
«Queremos convencer a los ayuntamientos de que cancelen sus contratos de recogida con un lugar que está inmerso en un procedimiento penal. Esta situación confirma que la mayoría de los ayuntamientos no tienen ninguna sensibilidad por los animales y sólo quieren que una empresa los quite de las calles y los extermine», señala Nacho Paunero, presidente de El Refugio.
El Juzgado número de 2 de Puerto Real lleva a cabo en la actualidad un procedimiento penal contra la perrera, el primero de estas características en España. Está acusada de falsedad documental y de maltrato continuado a animales.
