La Unión de Consumidores de España (UCE) alude a la falta de control por parte de las administraciones como la «sorprendente y única explicación» a la proliferación de «chiringuitos financieros» en España. Esta asociación se ha referido también a la débil capacidad de sanción por parte de las autoridades públicas.
En el reciente caso de Riverduero CAI, compañía cuyos administradores han sido acusados de estafar 25 millones de euros a 500 personas, el perfil de los afectados no responde al del consumidor «al que habitualmente representamos», señaló Juan Moreno, secretario general de UCE. «Se trata de inversores que han desembolsado grandes cantidades de dinero cuya procedencia, en algunos casos, sería exigible demostrar», afirmó Moreno.
El secretario general de UCE subrayó que además «son inversores a los que se les supone capacidad económica suficiente para contratar servicios de asesoramiento previo, por lo que están en disposición de ser informados profesionalmente». «Los afectados -agregó- han estado ganando importantes sumas de dinero durante tiempo sin ofrecer explicaciones, han sido cómplices de la actividad de la empresa, y ahora se consideran víctimas».
Difíciles de detectar
Según la organización de consumidores, en el mercado continúan operando empresas de inversión ilegales que no están controladas por la Administración Financiera en su conjunto (CNMV, Banco de España, etc.) y que en cualquier momento pueden provocar una situación similar a la de Riverduero. Estas empresas, asegura, son difíciles de detectar ya que no generan ninguna denuncia mientras sus clientes obtienen los beneficios prometidos.
Por ello, aconseja desconfiar de las compañías que garantizan rentabilidades superiores a las que ofrece el mercado de forma habitual, y antes de realizar cualquier inversión se consulte ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) las pertinentes autorizaciones y la legalidad de la actividad financiera.
El órgano regulador tiene publicado en su web (www.cnmv.es) un listado de las empresas no autorizadas para desarrollar actividades de inversión, muchas de ellas con expedientes abiertos. Dispone además de un buscador en el que los inversores pueden consultar la legalidad o no de determinadas sociedades.
– Verificar la existencia y legalidad de la empresa llamando a la CNMV (902 149 200).
– No tomar decisiones precipitadas.
– Exigir siempre el envío por correo de información por escrito acerca de la inversión y de la empresa que la ofrece.
– No realizar ninguna inversión cuyas condiciones no se comprendan totalmente.
– Para evaluar una inversión, no hay que fijarse exclusivamente en que ofrezca altas rentabilidades, hay que comparar estas con las que ofrece el mercado para productos similares y contemplar otras variables como el “riesgo” o la “solvencia del intermediario”.
– Preguntar qué ley concreta regula la actividad de la empresa que ofrece la inversión y en qué organismo ha de estar registrada.
– Si se trata de una inversión u operación complicada, antes de decidirse es recomendable solicitar una segunda opinión de terceras personas.
– Desconfiar absolutamente de testimonios que usted mismo no pueda verificar.
– Muchas veces colgar el teléfono o no dejarse entusiasmar por un folleto publicitario, es la mejor inversión.
